CNA CÁDIZ/Redacción.-
La parlamentaria andaluza y portavoz del PP en Cádiz, Ana Mestre,
acusó ayer a la Junta de Andalucía de haber destinado “sin
procedimiento conocido” gran parte de los 64 millones de euros que,
según sostiene, se han empleado en la formación de los extrabajadores de
Delphi desde el cierre de la factoría en 2007, a “un entramado
empresarial de un ex dirigente socialista”, Ángel Ojeda, consejero de la Junta durante la etapa del presidente José Rodríguez de la Borbolla. Algo que ya publicó el diario EL MUNDO hace algún tiempo.
Tras referirse ayer al Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) de
Delphi, creado por la Junta para la reinserción laboral del colectivo
despedido, aseguró que se adjudicó a la Fundación Altedia Creade “sin
procedimiento de concurrencia que se conozca para ello”, y cuestiona que
gran parte del dinero se destinara a dicho “entramado de empresas”,
entre las que citó a Natura, Inteca o la Asociación de Empresas
Aeronáuticas.
Mestre afirmó ayer que la Junta “ha dilapidado millones de euros” en
un proceso “sin luz ni taquígrafos”, en el que más de 500 trabajadores
aún están pendientes de recolocar seis años del cierre de la factoría y
por la deslocalización de Delphi. Mesrtre considera al colectivo
“víctimas de intereses políticos y de la irresponsabilidad e incapacidad
de un Gobierno para cumplir sus promesas”.
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
Por otra parte, la portavoz del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre,
junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan José
Marmolejo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Trebujena, Jesús
Sánchez y el portavoz del equipo de Gobierno del PP en Chipiona, Agustín
Lorenzo, anunciaron también ayer que llevarán “la nefasta gestión de la
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir a la Fiscalía para que se depuren
responsabilidades políticas”.
El PP sostiene que “la deuda, que el informe de liquidación cifra en
algo más de 43 millones de euros, es muy superior puesto que en el mismo
no se incluyen muchas cantidades, como la deuda de más de siete
millones con la seguridad social o los diez millones de las ayudas de
los Fondos Feder”. Mestre lamentó que pese lograr, mediante una
iniciativa, que el vicepresidente andaluz Diego Valderas, se interesara
por este asunto, “el resultado haya sido un informe ficticio de la
situación actual que presenta el ente”.
El PSOE ha permanecido 25 años al frente de esta Mancomunidad, y
según el PP ahora “quiere echar el cierre con premeditación y alevosía
presentando unas cuentas que no cuadran”. Los populares afirman que han
venido reclamando que “una auditoría externa y una fiscalización de la
Mancomunidad por el Tribunal de Cuentas” desde que hace diez meses se
decidiera en pleno la disolución del ente, tras un informe de la
interventora.
Según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan José
Marmolejo, “en el informe de liquidación no se contempla la deuda que
tiene la Mancomunidad con la Seguridad Social por importe de
7.017.368,98 euros, y tampoco los diez millones de euros en ayudas de
los Fondos Feder”. El edil recordó que muchos trabajadores han
presentado demandas y que el descontrol pasa también por “las deudas que
los ayuntamientos tienen con la propia Mancomunidad, que suponen más de
ocho millones de euros”
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