martes, 25 de junio de 2013

Ana Mestre, una jerezana con la portavocía del PP de Cádiz, pega duro.

CNA CÁDIZ/Redacción.-
 La parlamentaria andaluza y portavoz del PP en Cádiz, Ana Mestre, acusó ayer a la Junta de Andalucía de haber destinado “sin procedimiento conocido” gran parte de los 64 millones de euros que, según sostiene, se han empleado en la formación de los extrabajadores de Delphi desde el cierre de la factoría en 2007, a “un entramado empresarial de un ex dirigente socialista”, Ángel Ojeda, consejero de la Junta durante la etapa del presidente José Rodríguez de la Borbolla. Algo que ya publicó el diario EL MUNDO hace algún tiempo.
Tras referirse ayer al Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) de Delphi, creado por la Junta para la reinserción laboral del colectivo despedido, aseguró que se adjudicó a la Fundación Altedia Creade “sin procedimiento de concurrencia que se conozca para ello”, y cuestiona que gran parte del dinero se destinara a dicho “entramado de empresas”, entre las que citó a Natura, Inteca o la Asociación de Empresas Aeronáuticas.
Mestre afirmó ayer que la Junta “ha dilapidado millones de euros” en un proceso “sin luz ni taquígrafos”, en el que más de 500 trabajadores aún están pendientes de recolocar seis años del cierre de la factoría y por la deslocalización de Delphi. Mesrtre considera al colectivo “víctimas de intereses políticos y de la irresponsabilidad e incapacidad de un Gobierno para cumplir sus promesas”.
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
Por otra parte, la portavoz del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan José Marmolejo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Trebujena, Jesús Sánchez y el portavoz del equipo de Gobierno del PP en Chipiona, Agustín Lorenzo, anunciaron también ayer que llevarán “la nefasta gestión de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades políticas”.
El PP sostiene que “la deuda, que el informe de liquidación cifra en algo más de 43 millones de euros, es muy superior puesto que en el mismo no se incluyen muchas cantidades, como la deuda de más de siete millones con la seguridad social o los diez millones de las ayudas de los Fondos Feder”. Mestre lamentó que pese lograr, mediante una iniciativa, que el vicepresidente andaluz Diego Valderas, se interesara por este asunto, “el resultado haya sido un informe ficticio de la situación actual que presenta el ente”.
El PSOE ha permanecido 25 años al frente de esta Mancomunidad, y según el PP ahora “quiere echar el cierre con premeditación y alevosía presentando unas cuentas que no cuadran”. Los populares afirman que han venido reclamando que “una auditoría externa y una fiscalización de la Mancomunidad por el Tribunal de Cuentas” desde que hace diez meses se decidiera en pleno la disolución del ente, tras un informe de la interventora.
Según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan José Marmolejo, “en el informe de liquidación no se contempla la deuda que tiene la Mancomunidad con la Seguridad Social por importe de 7.017.368,98 euros, y tampoco los diez millones de euros en ayudas de los Fondos Feder”. El edil recordó que muchos trabajadores han presentado demandas y que el descontrol pasa también por “las deudas que los ayuntamientos tienen con la propia Mancomunidad, que suponen más de ocho millones de euros”

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