martes, 28 de octubre de 2014

la sanidad reforzada en los presupuestos andaluces

 Y el año que viene los eventuales del SAS trabajaran al 100% del tiempo

hallowen en la marquesa

La AA.VV. la Marquesa se complace de invitarle, a la V Fiesta de Halloween , que se llevará cabo  el día 31 de Octubre a la 19:30 horas, en el Polideportivo de la Calle Laguna.

Reciba un cordial saludo. 

domingo, 26 de octubre de 2014

Rock en mi barrio

Un grupo de jóvenes inquietos residentes en Palos Blancos y  amantes del rock han tenido este mediodia  su debut como grupo en su barrio  Palos Blancos. En concreto en el paseo de las Viñas donde ha sido muy aplaudido  por el publico asistente. Lucia, Antonio, David y Alejandro a los que deseamos buena suerte  en esto del artisteo musical


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La Faffe en el punto de mira

La desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) se ha convertido en el centro de la investigación sobre el fraude de los cursos de formación para la juez Mercedes Alaya, como hoy ha adelantado este periódico. La magistrada, que ya dejó ver en el interrogatorio al testigo clave del caso que piensa que esta entidad sirvió al PSOE para financiarse ilegalmente, ha reclamado a la Junta de Andalucía que, “de manera inmediata”, haga entrega “personal” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los expedientes de los cursos de formación vinculados a esta entidad que se encuentren ubicados en el Centro Guadalquivir.
La petición se produce tras haber tomado declaración durante más de 30 horas al testigo clave del caso, el funcionario que supervisaba los cursos en Sevilla Teodoro Montes. Éste dijo que nunca tuvo acceso a los expedientes que se trasladaron a estas instalaciones del Centro Guadalquivir. En un auto dictado el día 22 de octubre, la magistrada requiere igualmente a la Junta para que, “en caso de encontrarse los citados expedientes de formación en cualquier otro lugar”, haga entrega de ellos de forma “inmediata” y “personal” a la UCO.
En su declaración Montes, denunció “graves” irregularidades en la concesión de cursosy que en la programación 2009-2010, los expedientes de esta fundación “se le quitaron de su control”. Según relató “por orden de su jefe de servicio aparecieron unos señores con una carretilla y se los llevaron no sabía a donde”, aunque posteriormente “se enteró de que estaban en el Centro Guadalquivir”.
Con estos datos sobre la mesa, la juez preguntó directamente, sin rodeos, al testigo si la Faffe “era una fundación que financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía” para el desarrollo de acciones formativas, a lo que Teodoro Montes dijo que no podía contestar directamente. Dejando así bien claro su postura ante esta investigación. De hecho, Alaya también cuestionó al testigo si le constaba la existencia de alguna otra fundación, como la Faffe, “afín” al PSOE. Pese a que a la primera pregunta Montes no supo contestarla, sí lanzó varios datos que a él le resultaban sospechosos, como que en esta fundación trabajaran exaltos cargos vinculados al partido y familiares de estos. A la segunda pregunta Montes respondió afirmativamente, precisando que la lista sería “larga” y que no sólo ha habido fundaciones sino también entidades privadas, como la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim) o Emartv.
OTROS DOCUMENTOS
Pero esta no es la única documentación que ha solicitado la titular del Juzgado de Instrucción número 6, pues ha dictado una segunda resolución en la que, a petición de la UCO, solicita a la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que, en el plazo de diez días, le aporte copia compulsada “de todos los expedientes de reintegro instruidos como consecuencia de las irregularidades observadas en la labor inspectora sobre los cursos de formación desarrollados, en cualquier fase procedimental que éstos se encuentren, así como un informe explicativo en cada caso”. Alaya hace extensivo este requerimiento a las resoluciones “que recaigan en el futuro sobre los expedientes requeridos y a los nuevos expedientes de reintegro que se incoen”.
Por último, en otro auto fechado el pasado 17 de octubre, atiende la petición realizada por la Guardia Civil y requiere a la Intervención General de la Junta para que, en el plazo de diez días, remita “todas las comunicaciones emitidas” por la Intervención General “a los diferentes órganos gestores en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas, en los que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial”.
Alaya hace extensiva esta petición “a las resoluciones que recaigan en el futuro sobre los expedientes requeridos y a los nuevos expedientes de reintegro que se incoen”, pues cree que sería “útil para la investigación y esclarecimiento de los hechos” que se incorporen a la causa todas estas comunicaciones. Igualmente, solicita a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, en el mismo, aporte todos los informes de fiscalización elaborados desde el año 2002 hasta el día de hoy.
MONTES VUELVE ANTE ALAYA
Por otro lado, según han confirmado fuentes del caso a ElCorreoweb, el funcionario ha vuelto esta mañana al juzgado de Alaya, pese a que no estaba citado para el día de hoy, y después de que ayer volviera a declarar de forma voluntaria tras haberse dado por cerrado el martes su interrogatorio. En esta ocasión, el funcionario ha sido acompañado por dos jefes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), aunque se desconoce el motivo y lo que haya podido transmitirle a la magistrada. La visita se produce además, un día después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que se le considerara como un testigo protegido.


Siete días y más de 30 horas de declaración ante Alaya

Siete días y más de 30 horas han sido necesarias para interrogar al testigo principal de los cursos de formación. Teodoro Montes El turno de preguntas se cerró con la defensa del exconsejero Ángel Ojeda –imputado junto con el que fuera responsable de Empleo Antonio Fernández–, del que el funcionario aseguró que montó todo un emporio empresarial gracias a los fondos logrados con la realización de los cursos. Según explicó, el dinero destinado para las acciones formativas en general era excesivo, pues a su juicio con una tercera parte menos hubiera bastado. Esto permitió que algunas entidades y empresas que impartieron ciertos cursos se hicieran ricos. La jueza Mercedes Alaya le reclamó todos los informes que haya realizado sobre estas irregularidades. El jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes, continuó ayer con su relato de irregularidades, que han puesto sobre la mesa de la magistrada la que a buen seguro será la mayor macrocausa sobre corrupción

El jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes, continuó ayer con su relato de irregularidades, que han puesto sobre la mesa de la magistrada la que a buen seguro será la mayor macrocausa sobre corrupción. El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, fue el encargado de realizar ayer las preguntas al testigo –aunque la jueza y el abogado de Fernández también puntualizaron algunas– al que reconoció que no conocía a Ojeda personalmente, pero que era de sobra conocido, tanto por vías externas como por la prensa, su vinculación con el PSOE y con la que fue directora general de Formación, Teresa Florido, que es su cuñada. Para el funcionario, según explicaron fuentes del caso, esto hizo que recibiera un trato de favor que le permitió tener un «emporio», gracias a los beneficios obtenidos con la formación.
Montes, tras ser cuestionado por el letrado por los motivos que le hacen hablar de privilegios hacia las empresas de Ojeda, precisó que con una intensidad «inusitada» se ha tratado de obtener por parte de Prescal y demás empresas de Ojeda el mayor número de homologaciones posibles, y en esto la influencia de Florido pudo ser clara. Esta agilidad es la que denominó como un trato singular con respecto al resto de entidades formativas.
El abogado le planteó entonces si el hecho de que las empresas de Ojeda obtuvieran más cursos que otras se debía a que tiene más capacidad para prestarlas dados los recursos invertidos en instalaciones, materiales o personal. Sin embargo, la respuesta del funcionario fue que para contestar habría que preguntarse si fue primero la gallina o el huevo, pues a su juicio el emporio lo ha obtenido gracias a los rendimientos obtenidos en la formación y por el trato recibido. Para ello explicó como cuando visitó uno de los centros que Ojeda tenía en Sevilla encontró numerosas deficiencias de homologación, por lo que de ahí al entramado que actualmente tiene formado hay «un camino difícil de justificar», no ya por la estructura, sino por el origen de esta, es decir, los fondos públicos. A esto añadió que por el hecho de tener varios inmuebles específicos no justifica el que reciba más acciones formativas. Con dinero público todo es posible, dijo.

gastos inflados. En su declaración, Montes también hizo alusión a lo bien pagado que estaban estos cursos por parte de la Junta, ya que a su juicio se pueden realizar estas actividades con un tercio menos de la cantidad con la que se les dotaba. Así, relató como las entidades tenían varias vías para obtener beneficios con los cursos. La primera era distorsionando el gasto y la cantidad necesaria de material, capítulo en el que se producen bastantes irregularidades pues o no se daba el material, se reutilizaba o se indicaban compras de cantidades indigentes. Esta era la parte en la que la entidad obtenía más beneficio, pues no siempre se justificaba. En este sentido, puso un ejemplo unos cursos de carnicería donde una entidad proponía como necesario miles de kilos más de carne para las prácticas de los alumnos que otra. Se hicieron «ricos» quienes lo impartieron, llegó a afirmar.
La otra vía era la contratación de los monitores, pues se llegaba a proponer al docente, «bajo cuerda», una cantidad irrisoria, que suponía el pago de entre un 20 y un 25 por ciento de lo estipulado. En su departamento llamaban «subnormal» a la entidad que no se quedaba con el 100 por ciento de lo otorgado.

Gran error de UGT : no tomará medidas

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha afirmado este jueves que no tomará medidas contra los ex secretarios generales del sindicato en la comunidad Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, que siguen siendo miembros de la organización sindical, una vez han sido imputados en el caso de las presuntas facturas falsas

sábado, 25 de octubre de 2014