viernes, 19 de septiembre de 2014

eleva la pena el TS a Pacheco

El Tribunal Supremo, en el marco del ‘caso de los asesores’, eleva la pena del exalcalde al considerar probados delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales. José López y Manuel Cobacho son condenados a dos años y diez meses el primero, y a dos años, seis meses y 15 días, el segundo

Pedro Pacheco
El exalcalde Pedro Pacheco, a la salida de los juzgados, en una imagen retrospectiva.
Tras ser condenado por la Audiencia de Cádiz a cuatro años y medio de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales, es ahora el Tribunal Supremo el que aumenta la pena a cinco años y medio considerando culpable al exalcalde Pedro Pacheco por el conocido como caso de los asesores. El Alto Tribunal, según publica Europa Press, también considera autores de estos delitos a los exasesores andalucistas José López Benítez y Manuel Valeriano Cobacho Márquez, cuyas penas son de dos años y diez meses para el primero (firmó dos contratos), y dos años, seis meses y 15 días para el segundo, que sólo intervino en uno.
El Alto Tribunal asegura que Pacheco, valiéndose de su puesto directivo en dos sociedades municipales y con la finalidad de conceder una prestación mensual a militantes de su partido, nombró como asesores a los otros dos condenados, sin contraprestación alguna, ordenando pagos por un total de 206.833,66 euros. “Nada lesiona más la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios”, recoge en su sentencia el Supremo, que considera que esta práctica supone un “claro” perjuicio para los intereses públicos. La sentencia apunta que “causa sonrojo” la alegación de la defensa de que creía que actuaba correctamente y que los pagos realizados a los dos asesores “son lícitos”.
Esa tesis, según el Supremo, “no puede tener ningún recorrido” ya que son conocimientos que “forman parte del nivel propio de una persona naturalmente socializada” y más en este caso que se trata de una persona que tiene “un nivel de conocimientos propio del nivel universitario” y asegura que el que “el que efectuó el nombramiento carecía de toda competencia para ello”. La sentencia, de un total de 69 páginas, resume que “se está en una situación claramente fraudulenta en la que se pueden identificar los tres vértices que conforman el triángulo del fraude, el deseo o voluntad de proceder a la acción fraudulenta, la oportunidad de llevarla a cabo y la justificación de lo efectuado dándole una apariencia de legalidad para buscar la impunidad”.
Tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Cádiz, el exalcalde aseguró que era “un disparate y una barbaridad sin precedentes“. “No voy a ser el chivo expiatorio de los casos de actualidad que hay en este país. Es curioso que en España para algunos sea necesario demostrar la inocencia mientras que a otros y otras las desimputan (en alusión a la infanta Cristina). Quieren cargar sobre las espaldas de Pacheco todos los casos que son actualidad en este país. Soy, al parecer, Bárcenas, Gürtel, Matas, Urdangarín”, llegó a decir Pacheco entonces. El Ayuntamiento, en un breve comunicado de apenas siete líneas, muestra “respeto máximo” a la decisión judicial y lamenta que “una persona que ha estado casi 25 años ocupando la alcaldía del Ayuntamiento de Jerez finalice así su carrera política”. Pedro Pacheco, quien fuera alcalde de la ciudad durante 24 años, dejó de ser concejal en junio de 2013 tras aprobar el PP su cese al aplicar la Ley Electoral que impide que un concejal condenado a inhabilitación continúe en el cargo.


jueves, 18 de septiembre de 2014

La supresión» de tres consorcios:

La Junta de Andalucía tiene sospechas de fraude en los cursos de formación que ella misma subvencionaba desde hace al menos nueve meses. El 28 de enero, el Consejo de Gobierno acordó instar la disolución de tres consorcios dedicados a impartir cursos que estaban controlados por la Junta y en los que ésta tenía una participación mayoritaria. Públicamente se esgrimieron motivos de optimización de recursos y se dijo que la decisión se tomó «tras un estudio de la situación administrativa y económica», según la nota de prensa emitida en su día. Pero había otras razones más concretas.
En el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión del 28 de enero de 2014 se reconocía que dichos estudios «han puesto de manifiesto motivos jurídicos y desequilibrios económico-financieros y de funcionamiento que aconsejan la conveniencia de la supresión» de tres consorcios: el Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman), de Málaga; el Centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), de Almonte (Huelva); y el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), en San Fernando (Cádiz).
Declaración ante la UCO
Esos «motivos jurídicos y desequilibrios» a los que alude el acuerdo del Consejo de Gobierno, firmado por Susana Díaz, como presidenta de la Junta, y por Luciano Alonso, como consejero de Educación, Cultura y Deporte, los apuntó el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, en su declaración como testigo ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Entre una de sus decisiones más importantes como responsable de las ayudas para cursos de formación desde que llegó al cargo en octubre de 2013, Cañavate destacó que se «ha dejado de conceder subvenciones a tres consorcios, que son Forman, Formades y CTI, ya que estos consorcios, inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE».
Justo antes, Cañavate había admitido a los agentes que «una de las posibles bolsas de fraude que puede haber en la formación está en las empresas vinculadas y en la subcontratación», por lo que en la próxima convocatoria de ayudas -que aún no ha salido- «pretende prohibir que la formación pueda realizarse por empresas vinculadas y evitando la subcontratación».
Con ello, según explicó en su declaración ante la UCO, se pretende «evitar, si hubiera, la existencia de grupos de empresas que pudieran acudir de manera concertada pudieran recibir subvenciones y justificar de manera fraudulenta».
El director general de Formación Profesional para el Empleo asoció esos tres consorcios a estas prácticas y, de la declaración, se desprende que podrían no ser los únicos, al precisar que son los tres a los que se han retirado las subvenciones «hasta ahora». Su declaración policial tuvo lugar el 4 de julio.
Forman, Formades y CTI eran tres de los 14 consorcios de la denominada 'Red de consorcios escuela de formación para el empleo de la Junta de Andalucía', cuya financiación «se ha sustentado, principalmente, en una subvención de concurrencia no competitiva convocada anualmente, hasta el año 2012, por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», según el acuerdo del Consejo de Gobierno que instó su disolución o, en su caso, la desvinculación de ellos de la Junta de Andalucía, que tenía la participación mayoritaria en todos.
«Evitar duplicidades»
Con todo, el primer argumento al que alude el propio acuerdo del Consejo de Gobierno para la disolución de esos tres consorcios era la optimización de los recursos, ya que la formación que impartían podía ser asumida por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte «con los medios personales y materiales propios» para «evitar la duplicidad de entidades que cumplan la misma función».
La oferta de Forman -comunicaciones y tecnologías de la información- la asumió el centro público de formación profesional Rafael Salinas de Málaga, la de Formades -enseñanza ecuestre- la adoptó el IES Doñana, de Almonte, y la del CTI -soldadura naval y aeronáutica- se repartió entre el IES Virgen del Carmen, de Puerto Real; el centro fijo de formación profesional Jerez, de Jerez de la Frontera, y el IES San Severiano, de Cádiz. Cabe plantearse, por lo tanto, si sólo podían evitarse duplicidades en las enseñanzas de estos tres centros y si no hay institutos o centros públicos capaces de asumir las ofertas de todos o algunos de los otros 11 consorcios existentes.
Como segundo argumento para el cierre se exponían los «motivos jurídicos y desequilibrios económico-financieros y de funcionamiento» que aconsejaban «la conveniencia de la supresión» de esos tres consorcios únicamente.

Candié en la semana cultural de Palos Blancos

el sabado 20 a las 20 horas en el paseo de las Viñas

domingo, 14 de septiembre de 2014

«Allí mangaron mucho dinero» ex empleados de Delfi

Tener que devolver parte del dinero que percibieron por los cursos de formación provocaría la indignación entre los empleados de Delfi que se quedaron sin recolocar ¿Pedirnos dinero por los cursos? que se lo pidan al ladrón de Ojeda». Con esta lapidaria frase mastican los extrabajadores de la multinacional Delphi, cerrada en 2007, la posible petición que les haría la Inspección de Trabajo para que devuelvan prestaciones si se anulase la cotización a la Seguridad Social por los cursos de formación que recibieron entre los años 2009 y 2010.
La situación es surrealista. Los operarios, envejecidos y descreídos por los golpes recibidos por parte de los partidos políticos, administraciones y sindicatos «que nos traicionaron» en estos últimos meses, no saben qué pensar. Solo atinan a enfadarse, a elevar el tono, a hablar con claridad.
 
«Si eso acaba por ser verdad, nosotros iremos a la cárcel antes que Ojeda ¿Cómo nos van a pedir dinero? Que miren mi cuenta. Yo malvivo con 426 euros. No tengo nada. Que me encierren si quieren. Qué más me da». Manuel es uno de los más activos en la conversación. Su malestar es más que evidente. Está agotado de dormir fuera de casa, pero sobre todo «cansado de las promesas incumplidas de la Junta, del PSOE y de Izquierda Unida», apunta.
Los exDelphi continúan estos días con su encierro en el edificio de los sindicatos, en plena Avenida de Andalucía de la capital. Esta próxima semana comenzarán un nuevo calendario de movilizaciones para exigir una solución. Unos 500 ex empleados se quedaron sin cobertura económica de prejubilación ni fueron recolocados. Fueron los malparados del cierre de la factoría.

«Yo tengo 52 años. Nada más verme ya sé que no me van a contratar», explica José Ángel, otro extrabajador del encierro, que reconoce que su desesperación va en aumento. «Seguimos manteniendo la esperanza pero cada día es más difícil, juegan una y otra vez con nosotros», lamenta.
La simple hipótesis de que les llegue a casa una carta de la Inspección de Trabajo en la que se les exija la devolución de alguna cuantía económica les enerva. «Si eso termina pasando, la gente estallará. Sería lo último. No aguantamos más», auguran. De momento, el día a día de los exDelphi continúa monótono, gris, entre recortes de prensa que hablan de su situación y promesas incumplidas de la administración regional. «Susanita (por la presidenta de la Junta, Susana Díaz), tiene que cumplir con lo que prometió».
La última vuelta de tuerca a su situación llega ahora. Los cursos que recibieron los trabajadores de la multinacional deslocalizada fueron una tabla de salvación para los políticos. «Pero para nosotros solo fueron mentiras, nos obligaban a ir y a fichar hasta con un detector de huellas», recuerdan.
Antonio, otro de los empleados, hace sus cuentas. «En los primeros cursos nos pagaban 150 euros al mes en concepto de desplazamiento; en los cursos que nos dieron después, de electricidad, de soldadura, de mecánica, nos pagaron, pero todos sabíamos que eso era un chiringuito que habían montado algunos para forrarse», critican.
A los exDelphi no les queda mucho más aguante. Están dispuestos a lo que sea. «Cometeremos alguna locura, iremos a la cárcel antes que los que han robado o antes que Ojeda. Sostienen que todo el proceso negociador para el cierre fue una pantomima. «Todos los que estuvieron en esas reuniones tienen hoy las espaldas bien cubiertas», aseguran. Se sienten engañados. «Allí mangaron mucho dinero», zanja otro trabajador la conversación antes de encender un cigarrillo y suspirar profundamente. Los trabajadores están a punto de estallar. Su paciencia se ha agotado.

destituida a la jefa del servicio de Formación para el Empleo en Malaga,

La delegada de Educación en Málaga, Patricia Alba, ha destituido a la jefa del servicio de Formación para el Empleo, Isabel Almendro, en plena investigación del caso Edu por el presunto fraude en las subvenciones de la Junta de Andalucía a las empresas que realizan los cursos.
La destitución fue anunciada por Almendro a los trabajadores de su departamento y se limitó a indicar que cesaba en sus funciones sin dar otros tipo de explicaciones sobre las causas.
La delegada confirmó ayer en declaraciones a Europa Press que esta destitución se había producido, pero negó que tuviese ninguna relación con el caso Edu
Patricia Alba se limitó a señalar que se trata de una decisión tomada dentro de sus competencias para hacer «mi propio equipo de trabajo».
Alba añadió que «cuando uno entra en una Delegación, hace su equipo», algo que aseguró que ha hecho «tanto en Educación, como en Cultura y Deporte». Agregó que en Formación para el Empleo se ha hecho «cuando se ha estabilizado el traspaso de competencias, que era un proceso complejo».
Cuestionada por si esta decisión tiene relación con el caso del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados en Málaga, la delegada dijo que «no tiene absolutamente nada que ver».
Isabel Almendro ya era jefa del servicio de Formación cuando estas competencias estaban en manos de la Consejería de Empleo. El traspaso de las competencias de esta Consejería a la de Educación, que dirige Luciano Alonso, se aprobó en abril de 2013, y ha pasado un año hasta que la delegada ha decidido, según sus propias palabras, nombrar a un nuevo equipo.
Entre medias ha estallado el caso Edu, que hace referencia a una convocatoria de ayudas con fecha de 15 de diciembre de 2010, una resolución que está siendo investigada ahora por la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En esa fecha, la ahora destituida ya estaba al frente de responsabilidades en materia de Formación de la Junta de Andalucía.
Además de los responsables de las sociedades beneficiadas, la Fiscalía ha solicitado también que se impute a funcionarios y autoridades encargados de la gestión de estos fondos. No obstante, Patricia Alba reiteró que esta destitución es igual «a como he hecho con todos los jefes de servicio».
 Por otro lado La VOZ publica lo siguiente;
 
 

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el fraude en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía sospechan que personal de la Dirección General de Formación para el Empleo está modificando a posteriori expedientes de cursos de formación subvencionados por la administración andaluza para tratar de esconder las irregularidades en la gestión de estas ayudas. Así se lo han notificado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien -tal y como publicó ABC hace dos semanas- asumirá con toda probabilidad la macrocausa del presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, un escándalo cuya cuantía económica superará ampliamente al de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), también instruido por la citada magistrada sevillana.
Alaya no ha permanecido impasible ante esta denuncia. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la juez de instrucción número 6 de Sevilla recoge la acusación de la Guardia Civil de que «hay destinadas una serie de personas en exclusiva a 'justificar' expedientes, lo que podría suponer una alteración de su contenido tras el requerimiento judicial».
Por lo tanto, requiere al director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, que «de forma inmediata y sin dilación alguna» haga entrega a los agentes de la Guardia Civil de «todos los archivos en formato papel correspondientes a los expedientes de subvenciones para acciones formativas otorgadas por la citada dirección general (identificados con el código '98') correspondiente al periodo 2004-2011».
Asimismo la jueza exige la entrega «inmediata» de una copia «del aplicativo informático Navex [programa que utiliza la administración andaluza] en lo que se refiere a los archivos informáticos que contienen los expedientes anteriormente citados». Este episodio supone un paso más en los desencuentros entre Alaya y los cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, la Policía Nacional ya expresó en Cádiz sus quejas por lo que entendía como una marginación por parte de la magistrada que, según aseguran, siempre prefiere trabajar con la Benemérita.

Antonio Fernández, el ex consejero de Trabajo, como alguien que "ha dado dinero a sus amigos para que se pongan ricos y a nosotros no nos han pagado por lo trabajado".

 Diario de Jerez  Publica este artículo de Manuel Moure :


Antonio Fernández Romero es peluquero. Es harto conocido en Jerez. Tiene 69 años, los cumple en diciembre. Le gustaría estar jubilado. Se lo merece pues lleva trabajando desde que tenía 9. No puede.

Mientras a cada día que pasa crece la presunción de que la Junta de Andalucía repartía miles y miles de euros en cursos de formación a sus más allegados políticamente, a otros no les paga pese a haber impartido dichos cursos. Hay incluso casos de personas que se entramparon con los bancos para poder montar academias de formación en este negocio. Según asegura este peluquero la Junta les dejó tirados.

Si este hombre no puede jubilarse es porque "no me dejan". Tan sólo podría hacerlo si afronta la deuda que mantiene. Que la Junta te diera un curso de formación fue algo especialmente suculento pues permitía ampliar las miras del negocio y haciendo algo tan hermoso como enseñar lo aprendido a lo largo de décadas a los más jóvenes. El problema llega cuando la deuda contraída no se paga. "Si la Junta no me paga yo no puedo pagar. ¿Qué hago? Que me lo explique alguien que lo entienda porque yo no".

Según apunta, "he estado con los cursos de formación de la Junta, además haciéndolos muy bien. Impartí 7-8 cursos y a partir de 2004 esta gente dejó de pagarme. En 2005 hice otros dos y pasó lo mismo. En 2007 hice otro y me pagaron sólo el 75%. El 25% restante aún me lo deben". La deuda de la Administración autonómica con este peluquero podría ascender a unos 300.000 euros. Cada curso era pagado a razón de unos 70.000 cada uno.

Los problemas comenzaron cuando Hacienda exigió el pago del IVA de unos cursos impartidos y no cobrados. "Me piden que pague. Yo expongo el problema, digo lo que pasa. Y es en la propia Hacienda donde me dicen que el hecho de que no me pagaran no era legal. Me dijeron que fuera a Cádiz y lo demostrara. Hacienda lo que quiere son papeles. Fui a la Junta a ver al señor Bouza para que me diera un justificante que demostrara que no había cobrado. Tras muchos pesares, y pasándolo muy mal, conseguí que el señor Bouza me diera un justificante de que efectivamente no habría cobrado 2004 ni 2005. Y en eso quedamos".

Según Fernández Romero, Hacienda dejó de molestarle un tiempo, pero meses más tarde entró en acción. La consecuencia fue que el peluquero asegura que perdió el negocio que tenía abierto en el Paseo de las Delicias así como el que en la actualidad trabaja en la Ronda de San Telmo, en un lugar que ya ha sido embargado y hasta subastado sin que nadie se haya interesado por él, "imagino que por las cargas que tiene". "Y todo esto me llega -dice emocionado- cuando lo tenía casi pagado".

A la hora de buscar explicaciones acerca de las razones por las que la Junta no le paga él asegura que "lo único que me dicen es que llegué tarde y mal. Me pedían documentos que llevaba y eso se quedaba olvidado. Al tiempo decían "mándame estos documentos" y así una y otra vez. La misma historia. Y así estamos, en 2014. Yo no he cobrado y los cursos de la Junta me han llevado a la ruina. El banco me ha embargado, no me puedo jubilar y sigo adelante haciendo lo que puedo" y "gastándome un montón de dinero en medicinas porque soy enfermo crónico".



"Aquí en Jerez hay gente que ha dado todos los cursos que han querido y se los han dado. Me consta que hay gente que no los ha dado y se han llevado el dinero". Señala a Antonio Fernández, el ex consejero de Trabajo, como alguien que "ha dado dinero a sus amigos para que se pongan ricos y a nosotros no nos han pagado por lo trabajado".

"Esto que estoy haciendo (hablar con un medio de comunicación) me va a perjudicar mucho porque sigo trabajando pero pido a la gente que lo entienda". La deuda con la Administración sigue creciendo merced a las demoras. Y vuelve entonces Antonio Fernández Romero a arrebatarse: "Yo esto lo tenía casi pagado y fíjate cómo estoy. Lo voy a perder por nada, porque estos canallas no me han pagado. Estoy mal, en la ruina, sin negocio y sin jubilación. Mi situación es caótica. Mi gente me tiene que ayudar y lo hacen tras toda una vida trabajando. Trabajando desde los 9 años, con 19 negocios abiertos y a estas alturas me encuentro ahora sin nada".

A todo esto se une la vía judicial, la cual fue parada en su momento bajo promesas de pago. Cuanto actuó con posterioridad llegó la ley de las tasas judiciales, algo que el peluquero no pudo asumir. Llegó incluso a manifestarse en el centro de la ciudad para exponer su problema y obtener alguna respuesta. Fue en 2008. Desde entonces, nada de nada.

Conocemos cómo funcionaban las consejerías, en qué pasillos se movían las influencias. Dice la Guardia Civil de la UCO

 Escribe Pedro Ingelmo en el Dario :
Jesús es un trabajador gaditano de la construcción de 42 años. Desde que perdió el empleo en su cuadrilla habitual hace cuatro años no ha parado de hacer cursos de las actividades más variadas, desde cuidado de ancianos a manipulación de conservas. Ninguno le ha servido para encontrar empleo. El único curso que hizo que le dio un empleo duró un día. Era el curso que daba su propio patrón, el jefe de su cuadrilla en 2009. La tarea de Jesús era acudir al lugar donde se impartía el curso, firmar y, a continuación, ser contratado por su empresa habitual para cumplir los objetivos de empleabilidad de los cursos que pedía la Junta, que era la que subvencionaba su empleo.

Diana, 23 años, acudió en 2008 a un curso de peluquería en Málaga. De lo primero que se enteró era que tenía que comprarse un secador y una plancha de pelo. En el lugar donde se impartían los cursos había un cartel, cumpliendo con la normativa, en el que se especificaba el material aportado por la Junta, incluidos los secadores y planchas de pelo.

Gralett, una empresa de un concejal socialista de Jerez, realizaba en 2008 contratos de 24 horas a sus alumnos de cocina, unos alumnos que, según ellos mismos han narrado, realizaban colectas para poder comprar los alimentos con los que poder hacer las prácticas.

Trabajar horas sueltas en lugares muy distantes de las localidades de residencia con sueldos de 200 euros y, sino, firmar la renuncia ante notario, firmas que aparecen en los estadillos sin que nadie conozca al cursillista, cursos celebrados en angostos almacenes sin material alguno relacionado con el curso, propuestas de trabajo sin cobrar nada a cambio de estar dado de alta en la Seguridad Social, cursillistas haciendo trabajos que nada tienen que ver con el curso sin cobrar en naves carentes de las más mínimas medidas de seguridad, inspectores de la Junta de estos cursos que nunca aparecen o que no contestan al teléfono... Las posibilidades son infinitas y todos estos casos están documentados, con declaraciones de alumnos y monitores, en la Unidad Central del Departamento de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil, la prueba de cargo contra el sistema de los cursos de formación que, de un modo u otro, la Junta puso en marcha hace ya veinte años. El sistema ya estaba bajo sospecha en 2002. Un experto en empleo, Jorge González Aznar, en su día responsable del Plan Territorial de Empleo en Cádiz, lo calificó como "una puerta abierta a tramas mafiosas donde alcaldes, sindicatos y responsables empresariales se apoyan en centros de formación y academias para financiar estructuras y familias de determinados partidos políticos". La advertencia de González Aznar no pareció escucharla nadie o nadie quiso escucharla. Hoy se sabe que el sistema de formación para desempleados era un agujero por donde se han podido ir en los últimos doce años una cantidad tres veces superior a la estimada en el otro gran macroproceso de corrupción en Andalucía, el del fraude de los ERE, aunque los investigadores prefieren no hablar de cifras: "Es hablar por hablar. A día de hoy es imposible saber cuántos cursos subvencionados fueron fraudulentos"

Fiscalías provinciales, unidades policiales y jueces llevan años mirando de reojo el descontrol del gran negocio de los cursos de formación para desempleados, pero en esta nueva fase todo empieza en el verano de 2013, en el atestado de la Guardia Civil encabezado como diligencia 6.344. Es el que corresponde a la charla que los investigadores mantienen con Teodoro Montes en relación a los trabajos de conseguidor que el ex dirigente ugetista Juan Lanzas realiza dentro de la trama de los ERE falsos. Montes, responsable del departamento de la Junta que se encarga de la Formación Profesional Ocupacional, no se calla nada. Y Montes no es cualquiera. Relaciona a Lanzas con los cursos de formación. También los consigue. No es el único. El sistema está desbocado, no tiene el más mínimo control. Habla de 450 cursos fantasma, que él sepa, realizados por la Faffe (Fundación Andaluza de Formación y Empleo) y de favores al sindicato UGT. La Guardia Civil informa a la juez Mercedes Alaya de que acaban de encontrar un hilo del que tirar para llegar a un ovillo. Un ovillo muy grande.

Las indagaciones iniciales ya revelan el caos. De los centenares de cursos subvencionados por la Junta entre 2007 y 2012 muchos de ellos no sólo no han sido fiscalizados, sino que, ante la imposibilidad de controlarlos, Empleo, la Consejería despojada de esta función en 2012 para entregársela a Educación, se refugió en una palabra de dudosa percha legal: exoneración. Exoneración significa alivio, descarga de peso. En el lenguaje de la Junta la exoneración era, en aras del "interés social", un modo de saltarse su propia ley general de Hacienda en el artículo 124.1, por el cual ninguna entidad que no hubiera justificado debidamente la subvención entregada a un curso anterior podía seguir accediendo a las ayudas. En la práctica ha supuesto que más de 1.300 cursos se quedaban fuera de cualquier control, no tenían que justificar nada. Entre 2008 y 2009 esa exoneración alcanzó a casi todo el mundo. Nadie controlaba nada. Observar el listado de exonerados, hecho público por la propia Junta, es acceder a la inmensa cantidad de organismos, entes públicos, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones que encontraban en la formación una fuente de ingresos.

Por orden de exoneraciones, se observa algunos de los colaboradores habituales en el mundo de la formación. A la cabeza de esa dispensa se encuentran tres asociaciones que trabajan con discapacitados en Córdoba, Sevilla y Cádiz: son Fepamic, Servicios Integrales de Fincas de Andalucía y Servicios Laborales y Formativos. Entre las tres, con 70 cursos de formación no sujetos al artículo 124.1, emplean a casi medio millar de personas con discapacidad física, lo que parece incluirlos dentro del apartado de interés social. A continuación, se sitúa la Fundación Forja XXI, vinculada a la Iglesia y nacida tras la Expo para la formación y empleo de jóvenes en situación de marginación social y que actualmente está sumida en una profunda crisis económica. A partir de ahí, son los sindicatos UGT y CCOO, que han creado a lo largo de estos años auténticas estructuras empresariales a cambio de mantener el modelo de paz social, los que más exoneraciones han logrado por parte de la Junta y, a continuación, un interminable listado de ayuntamientos de todo signo. Las dudas abarcan a todo el arco político. Los ayuntamientos del PP, por ejemplo, recuerdan en la Junta, tienen pendientes de justificar más de 250 millones de euros. Los del PSOE, aunque eso no lo dice la Junta, tienen pendiente casi el doble. De momento, nadie puede decir que estas entidades cometieran fraude con los cursos. Tampoco se puede decir lo contrario porque nadie se encargó de comprobarlo.

Los 64 funcionarios de Elliot Ness, como alguno bromea en la Consejería de Educación, están desbordados. Cuando Luciano Alonso, en septiembre de 2013, asumió las competencias de Formación se encontró con una tarea inmensa y sin personal, pero la orden recibida era tajante: limpieza. Alonso sintió ese vértigo llamado la soledad del consejero. Le había caído un "marrón".

A principios de este año, Luciano Alonso recibió el refuerzo solicitado: los 64 de Elliott Ness. Pues bien, estos 64 funcionarios tienen que estudiar, uno a uno, como ha dicho el consejero, 8.500 expedientes. Cada expediente tiene entre 100 y 300 folios. "Consumimos recursos para corregir errores del pasado que se tendrían que haber resuelto sobre la marcha. Y sabemos que no se nos puede pasar ni una, pero esto es como la grasa del coche, si te pasas tiempo sin limpiarla no hay quien la quite", explica uno de estos trabajadores de Educación que ve que cada día su mesa tiene una nueva montaña de papeles, una montaña de papeles que nunca se acaba.

"Han sido cuatro chorizos, o cinco, o seis, o los que hayan sido -continúan desde la Consejería-, gente que han creado empresas fantasmas sólo para beneficiarse de mecanismos que ellos conocían bien y sabiendo que el control era mínimo". La indignación de los responsables de Educación con la pésima gestión de Empleo en Formación se comprueba nada más levantar el teléfono. "Un desastre, ha sido un desastre", como llegó a afirmar a sus colaboradores Carlos Cañavate, actual responsable de Formación Profesional, al comprobar el indiscriminado número de exoneraciones que había firmado la Consejería de Empleo entre 2008 y 2009. Cañavate fue llamado a declarar por la Guardia Civil y, desde el primer momento dijo que colaboraría. La conversación empezó con un "por dónde empiezo".

El Viernes de Dolores la sección de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía entra en el juego. Desde el Ministerio del Interior se filtra a la prensa que ya ha empezado la tarea de desmantelar un fraude en los cursos de Formación en Andalucía que podría suponer miles de millones de euros. En plena Semana Santa la Guardia Civil observa los pasos de sus compañeros con estupefacción. ¿A qué se refieren? A la operación EDU, que afecta a unas cuantas empresas de Málaga creadas exclusivamente para acceder a subvenciones y luego desaparecer. No hablaríamos de más de 1,7 millones de euros. En realidad, tanto un cuerpo policial como otro saben que es la punta del iceberg, pero unos investigadores no saben lo que hacen los otros porque no existe una línea de acción común y las irregularidades saltan por todos lados. Hoy es Almería, mañana es Córdoba, pasado es Cádiz. Desde la Guardia Civil explican lo que sucede: "Actuamos en escalas diferentes sobre la misma materia. Mientras nosotros investigamos de arriba a abajo, siguiendo el dinero que sale de la Junta y hasta donde llega; ellos lo hacen a la inversa, desde las pequeñas academias hacia arriba".

En Educación también se ven sorprendidos por la operación. Ya estaban trabajando en la revisión de expedientes, ya habían recibido la orden de que todo iba a cambiar y un escándalo de este tipo, "una tormenta en un vaso de agua en comparación con lo que nosotros teníamos en nuestras mesas", como lo define un funcionario, vuelve a poner el foco en el descontrol de la Junta sobre los fondos dedicados a combatir el paro en la comunidad más parada. Después de dos años sin cursos de formación, con pequeñas empresas que vivían de esto con el agua al cuello, sin haber recibido los fondos prometidos pese a haber entregado toda la documentación, Educación ya redactaba la nueva base reguladora y, entre unas cosas y otras, volvería a haber cursos de formación a finales de año. Y la frase que más se escuchaba era "concurrencia competitiva". Quien conoce el mundo de la Formación en la Junta sabe muy bien que de eso ha habido poco, que los buenos cursos siempre se los llevaban los mismos. Y es aquí donde salta el nombre de Ángel Ojeda. El nombre de Ángel Ojeda, tarde o temprano, tendría que salir.

Ángel Ojeda era visitante asiduo de los despachos de la Consejería de Empleo. Ex consejero de Hacienda con Rodríguez de la Borbolla, es el ejemplo palmario de qué es un cazasubvenciones. Ojeda hizo sus primeros contactos con la Administración trabajando como responsable de compras en el incipiente SAS, fue un hombre de confianza de Manuel Olivencia en la Expo 92 y pasó a la empresa privada hasta asentarse por sí mismo en un sector que él sabía que sería muy rentable: formar parados. Para ello, creó Prescal, situada en un polígono de San José de la Rinconada y que se anuncia como líder en Formación, Aeronáutica, Consultoría, Prevención y Call Center. De Prescal nace un desplegable de empresas que van a ser las que van a concursar para quedarse con algunas de las mejores propuestas nacidas de la Junta en materia de formación ocupacional y, de todas ellas, el premio gordo: Delphi.

Delphi es la multinacional automovilista americana que cierra sus puertas en 2007 en Cádiz y deja de un plumazo a 1.600 personas en la calle. En ese mismo momento, mientras la provincia salía a la calle en manifestaciones lideradas por el obispo y montaba una huelga general en defensa del empleo industrial, Ojeda estaba a punto de pasar de ser rico a ser millonario.

Antonio Fernández, consejero de Empleo, explicaba en una charla informal lo que sucedió aquellos días de 2007: "Yo soy un soldado. Si mi partido me dice que antes de unas elecciones no puede haber 1.600 personas en la calle, yo quito a esas 1.600 personas de la calle". Lo consiguió. ¿Cómo? Metiéndolos en aulas y pagándoles un sueldo por ir a ellas. Formación. No podía contar Fernández con que esa tarea de distracción, provisional a la espera de llegada de empresas que nunca llegaron a sustituir a Delphi, se iba a volver en su contra: las empresas de la Bahía de Cádiz, con la llegada de la crisis empezaron a caer en cascada.

Este no era el problema de Ojeda. El problema de Ojeda, con información de toda la tajada que iba a salir a concurso a cuenta de estos cursos, era crear el número suficiente de empresas para quedarse con la mayor parte del pastel y hacerlo de tal modo que el margen de beneficio fuera mayor. Aunque ahora en el PSOE todos digan que no conoce a Ojeda de nada, lo cierto es que el PSOE ha expulsado al militante Ojeda porque pocos en la cúpula de PSOE en Sevilla desconocían qué es lo que hacía Ojeda: cazar subvenciones.

El pasado 4 de julio se produce otro movimiento que denota la falta de coordinación. Mientras la Guardia Civil investiga a Ojeda, tira del hilo siguiendo la pista del dinero ("de arriba a abajo"), la Policía Nacional se presenta en el chalé de Ángel Ojeda en la barriada de La Jara, en Sanlúcar, y pide al juez el registro de las sedes de sus empresas ("de abajo a arriba"). El ex consejero es llevado 48 horas después ante el juzgado de instrucción 2 de Cádiz. El juez lo deja en libertad sin fianza y él sale del juzgado proclamándolo. Se defiende de forma sencilla. Ganó unos cursos y dio los cursos. Que los cursos fueran un desastre es una mera apreciación. Los cursos se dieron.

Esos cursos, vendidos a la prensa con gran bombo, fueron muy caros. Empleo puso 33 millones de euros sobre la mesa de Ojeda. Es sólo una parte de los más de 400 que le ha costado a las arcas públicas la decisión de Delphi de deslocalizarse. Ojeda, que va a ser imputado por Alaya antes incluso que los juzgados de Cádiz y Algeciras le cedan el caso, entregó como proyecto un batiburrillo de materias sin una organización clara en la dirección de los cursos, muchas veces sin contar siquiera con los temarios impresos. Ex empleados de muy distinta formación compartían pupitres para adentrarse en el mundo de la cartografía o de las bondades turísticas de la provincia, colocaban paneles solares en un colegio de Puerto Real tutelados por Forja XXI, firmaban contratos aparentemente laborales con Ojeda o dejaban pasar el tiempo a la espera de la prejubilación a cambio de 1.600 euros mensuales mientras Empleo lograba de esta manera sacarlos del listado de demandantes de empleo, una forma de maquillar cifras. Los ex empleados de Delphi, de los cuales hoy quedan una muestra, los que no han podido escapar, en el edificio de los sindicatos de Cádiz esperando con un larguísimo encierro que se cumplan unas promesas que nunca se van a cumplir, no entendían nada, pero escuchaban a sus dirigentes sindicales hablarles de las bondades de esos cursos y de su utilidad. "¿No estáis cobrando? Pues entonces, ¿de qué os quejáis?", les decían.

Hay quien piensa que la precipitación en la detención de Ojeda ha desbaratado toda posibilidad de entender por qué él era el que se quedaba con la mejor tajada en Formación. La estrategia de su defensa es dispersar entre diferentes juzgados las causas y evitar que se centralice en el juzgado de Alaya.

La Guardia Civil está deseando acabar las diligencias del fraude de los ERE que les consumen gran cantidad de recursos, para zambullirse en la Formación. "Estamos ante un mayor volumen de trabajo que con los ERE, aunque examinar esa documentación será tarea de la Intervención del Estado. Pero ahora jugamos con una ventaja. Conocemos cómo funcionaban las consejerías, en qué pasillos se movían las influencias. Sabemos mucho. Los ERE nos han enseñado el camino", afirma un mando.