martes, 2 de septiembre de 2014

domingo, 31 de agosto de 2014

Crónica del Carnaval en el Alcazar de Jerez anoche

http://mavcomunicacion.blogspot.com.es/2014/08/carnaval-anoche-en-jerez-nadie-en-lo.html

Antonio Fernández y Ángel Ojeda, comparativa en el Mundo

Como en el guión de una película, el destino judicial ha terminado uniendo a dos viejos camaradas socialistas como Antonio Fernández y Ángel Ojeda, los dos ex consejeros de la Junta de Andalucía imputados ahora en sendas investigaciones penales abiertas en Sevilla y Cádiz por el presunto fraude masivo en los cursos de formación subvencionados por la Administración autonómica.
La relación viene de antaño y ha perdurado en el momento más crítico: el del encarcelamiento en abril de 2012 de Fernández por el caso de los ERE fraudulentos. Pocos, muy pocos fueron los que se movilizaron entonces en defensa de la honorabilidad de quien, a su pesar, se convirtió en el primer ex miembro del Consejo de Gobierno andaluz en acabar entre rejas. Y, entre esa minoría que se señaló tanto, figuraba el «economista» Ángel Ojeda.
En esa calidad dio su firma el antiguo responsable de Hacienda del último Gobierno de José Rodríguez de la Borbolla al manifiesto 'A nuestro querido amigo Antonio', impulsado por la plataforma popular que se encargó también de recopilar los 450.000 euros de fianza que permiten que hoy día el ex responsable de Empleo de la Junta esté en libertad con cargos por -o pese a- el caso ERE.
«Los abajo firmantes, hombres y mujeres de distintas procedencias, queremos en este momento dejar testimonio de nuestra solidaridad, afecto y cariño hacia nuestro amigo Antonio, Antonio Fernández García, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, en estos momentos difíciles y dolorosos tanto para él como para su propia familia», comenzaba redundando el escrito, que exigía la excarcelación del político jerezano tras resaltar los «incontables» acuerdos y soluciones a «conflictos socio laborales» alcanzados por el preso «de la mano de las organizaciones sindicales y empresariales andaluzas».
Entre lo incontable está su contribución a los más de 425 de millones de euros que lleva gastados la Administración tras la deslocalización de la multinacional Delphi en Cádiz, que de la noche a la mañana dejó en la calle a 1.600 empleados fabriles en pleno arranque de la crisis económica y en una zona muy castigada ya de antemano por el drama del paro. De ese total, se estima que más de 65 millones se destinaron a cursos de formación para la recolocación de aquellos ex trabajadores del pañuelo amarillo que no se pudieron acoger a las prejubilaciones financiadas, cómo no, con cargo al 'fondo de reptiles' al que recurría con asiduidad Fernández en mitad de su mandato.
En aquellos cursos es donde aparece Ángel Ojeda y su entramado de empresas, fundaciones y ONG investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz. Según la información policial hecha pública tras la detención e imputación del 'economista' en la operación Óscar, se está analizando el destino de unos 50 millones de euros de ayudas autonómicas manejados por Ojeda principalmente a raíz de la crisis de Delphi, porque no cuadra tal cantidad de dinero con el coste estimado de la formación impartida a los antiguos empleados de la planta de Puerto Real, polémica desde el minuto cero.
La opinión pública nacional se llevó las manos a la cabeza en octubre de 2008 cuando EL MUNDO reveló que, entre las actividades formativas, figuraban las visitas a zoológicos y bodegas de la zona o el visionado de películas como El increíble Hulk. Pero la máxima autoridad entonces en materia de Empleo de la Junta, el consejero Antonio Fernández, salió en defensa del trabajo de las academias subvencionadas, entre las que figuraban las empresas de Ojeda.
«Se está impartiendo una formación de calidad, para lo cual resulta básico que, junto a las jornadas teóricas, se hagan visitas para ver la puesta en práctica de los conocimientos. Y cuando estudian el funcionamiento de plantas industriales, pues visitan las plantas industriales, y algunos visitan plantas de tipo naval y otros de industria agroalimentaria como una bodega. Y no hay que llevarse las manos a la cabeza porque a unos alumnos, como atención de los bodegueros a todo visitante, les brinden unas copas de vino. ¿A usted o a su medio le han dicho cómo veían El increíble Hulk?», preguntaba al periodista de EL MUNDO. «La han visto en inglés, porque entre los contenidos formativos está el de perfeccionamiento del idioma, ya que en el sector industrial el idioma básico en el que van a trabajar es el inglés», sostenía el amigo Fernández.
El titular de Empleo llegó incluso a presumir de que las principales empresas automovilísticas estaban copiando aquellos cursos de formación de Delphi porque eran todo un «referente a nivel mundial». «Yo creo que duele que las cosas salgan bien, de manera acordada y pacífica», concluía el consejero. «Hay interés, de algún medio y de algunos partidos, en mantener en la Bahía de Cádiz un espíritu de tensión como elemento de desgaste del Gobierno usando a los trabajadores», sentenció apelando a la famosa 'paz social', clave de bóveda de los dos escándalos por los que ha acabado siendo doblemente imputado por la juez sevillana Mercedes Alaya, la pesadilla del alto cargo andaluz.
El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quedó meridianamente claro que el nuevo Gobierno andaluz que preside Susana Díaz escupe aquella rueda de molino engullida por el Ejecutivo de Chaves en defensa de las ayudas manejadas por Ángel Ojeda. «Si con el paso del tiempo, con los ojos del presente, sabemos que hay cosas que no se han hecho bien, aprendemos, tomamos nota y corregimos los errores. Una Administración siempre tiene que estar con capacidad de autocrítica y saber corregir aquello que no ha funcionado. No se nos deben caer los anillos de los dedos cuando hay algo que no funciona. Lo haríamos hoy de otra manera», ratificó el portavoz del bipartito andaluz, el socialista Miguel Ángel Vázquez, desanudando definitivamente el sostén político que facilitó que un ex consejero autonómico fuera el empresario privado con más subvenciones de la Junta.

la presión creciente hace volver antes de las vacaciones al Consejero de Educacion de la Juntai

El Parlamento andaluz abrirá sus puertas una semana antes de lo que marca el calendario oficial para que el consejero de Educación, Luciano Alonso, ofrezca datos de la auditoría interna que está llevando a cabo el Gobierno sobre las subvenciones otorgadas para cursos de formación. O a eso se comprometieron. 
Es la respuesta pactada por PSOE e IU ante la presión creciente que atosiga al Ejecutivo después de que este verano estallara el escándalo por el presunto fraude de los cursos de formación que se abrió en los juzgados en abril. A cambio, IU vetaba dos peticiones del PP de plenos extraordinarios para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acudiera a dar explicaciones sobre este caso y el envío del sumario de los ERE al Tribunal Supremo, con la petición de depurar posibles responsabilidades de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La detención de un exconsejero de Hacienda, Antonio Ojeda, en una pieza separada de la investigación por los cursos de formación, la presunción de que pudo acaparar hasta 50 millones de euros y el descubrimiento de una cuenta bancaria en Luxemburgo han acabado por disparar las alarmas de un escándalo que el PP ya tiene claro que dejará en pecata minuta al de los ERE –cifrado por la jueza instructora en 855 millones de euros–. La oposición ha redoblado la presión y la Junta no para de poner en marcha mecanismos para tratar de parar esta bola de nieve. Este ambiente enrarece las relaciones de los socios de Gobierno. IU, ayer insistió en ello el portavoz José Antonio Castro, está preocupada porque le salpiquen estos escándalos y trata de marcar «un antes y un después» desde su entrada en el Gobierno, hablando de un pasado «oscuro, opaco y de prácticas repudiables». «El problema no lo tiene este Gobierno sino el PSOE», insistió Castro, que dejó la puerta abierta a una comisión de investigación sobre este asunto pese a la experiencia fallida con los ERE y también dejó claro que «no les temblará el pulso» si tienen que pedir que Chaves y Griñán acudan a dar explicaciones al Parlamento. El PP sabe hurgar en esta herida con acusaciones a IU de ser «muleta útil del PSOE para tapar la corrupción» o asegurando que «hoy hay más corrupción en Andalucía que hace un año», cuando Díaz llegó al poder.
La Diputación Permanente del Parlamento anticipó ayer el tono bronco que amenaza que adueñarse de un curso político electoral –hay municipales en primavera– con la corrupción como argumento principal. PSOE e IU habían pactado el día anterior una iniciativa conjunta que llevará al consejero Luciano Alonso a comparecer en la Cámara una semana antes de que comience el curso parlamentario. El titular de Educación, que tiene bajo su tutela los fondos de formación que antes estaban en Empleo, ha ido ofreciendo tímidamente algunos datos de la auditoría interna que revisará todos los expedientes de las ayudas otorgadas entre 2007 y 2011. Un total de 8.505 expedientes. Hace meses aseguró en la Cámara que ya se habían revisado 1.728 y se había solicitado el reintegro de 56 ayudas no justificadas debidamente. Desde entonces, el Gobierno andaluz se niega a dar más datos e incluso ha pospuesto la entrega de información a 2015, cuando tiene previsto terminar esta revisión. 
En ese año muchas de las ayudas no podrán ser reclamadas y si hay delitos habrán prescrito. No se sabe si la semana que viene en el Parlamento Alonso romperá esa tónica de silencio. El último gesto de la Junta ha sido publicar una lista de 1.195 empresas –según la Consejería de Economía– que en 2012 fueron exoneradas de presentar justificantes para optar a nuevas ayudas.

Serpro la tenemos muy vivita y cerquita

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional registraron hace dos semanas y durante trece horas la casa sevillana y la sede de un grupo de empresas de Ángel Ojeda Avilés, donde intervinieron diversas cajas con documentación para proceder ahora a su análisis y estudio. Esta actuación se sumaba a la llevada a cabo aquel miércoles en el chalé que el imputado tiene en Sanlúcar de Barrameda.
Ojeda, ex consejero andaluz de Hacienda y Planificación entre 1987 y 1990 y principal detenido en la operación Óscar, fue puesto en libertad con cargos a primera hora de la tarde del pasado miércoles tras comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena. Permanecía arrestrado desde el lunes por la mañana.
El primer registro tuvo lugar en su domicilio sevillano de Heliópolis, bajo vigilancia desde el pasado martes y donde Ángel Ojeda esperaba a la Policía Nacional. Fue el propio ex consejero andaluz quien, en torno a las 9.20 horas, le abrió la puerta a los agentes, que permanecieron en el interior de la casa hasta las 13.15 horas.
En esa vivienda próxima al estadio del Real Betis también tienen su sede social varias empresas y asociaciones que recibieron ayudas de la Junta para cursos de formación y que son ahora objeto de investigación por parte de la Udef. Según la información del Registro Mercantil, consta como domicilio de Prescal Consultoría Integral SL, Gilgan SA, Itisa Inspecciones Técnicas Internacionales SA, Inversiones Toespa SL y la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA).

Casi sin solución de continuidad, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y Ángel Ojeda se dirigieron -por separado- hasta la calle Juan Olivert del Parque Tecnológico Aerópolis, concrementamente a un edificio en el que están domiciliadas al menos seis sociedades controladas por el antiguo alto cargo de la Junta durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla como presidente.
Se trata, en concreto, de la sede social de Prescal Prevención SL, Instituto de Riesgos Laborales SL, Soluciones Renovables del Sur SL, Fundación para la Sociedad de la Información (Innova), Fundación de Apoyo a la Integración (Humanitas) y la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe).
Al cierre de esta edición, minutos antes de las 00 horas -límite autorizado por el juez-, los agentes terminaron el registro en la sede de Prescal Prevención. Éste había comenzado minutos antes de las 15 horas.
En los registros se ha intervenido copiosa documentación y diversos ordenadores, según fuentes de la investigación. También se hicieron volcados in situ de información que contenían los discos duros de otras computadoras.
La Udef desplegó la operación Óscar -una ramificación de la operación Edu- entre el lunes y el martes, saldándose con la detención de nueve personas. Sólo dos pasaron a disposición judicial, aunque pesan cargos sobre todos.
Además de a las viviendas y empresas de Ojeda Avilés, el operativo policial también ha incluido hasta el momento el registro de la compañía sevillana Servicios Docentes Profesionales SLU (Serpro), una firma que proveía de profesores a empresas del entramado investigado.
El administrador único de Serpro esJesús Moixes F.G., una de las dos personas detenidas el pasado lunes en Sevilla en el marco de la operación Óscar y antiguo apoderado en empresas controladas por el ex consejero de Hacienda.
De otro lado, todo hace indicar que la Fiscalía de Cádiz solicitará al magistrado López Marchena que se inhiba de esta investigación en favor de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. La también juez del caso de los ERE abrió en abril del pasado año una pieza separada sobre formación tras descubrir que la empresa Planificación Cooperación y Desarrollo (PCD) -para la que trabajó el conseguidor Juan Lanzas- facturó 7,9 millones de euros al sindicato UGT por la prestación de cursos.
La investigación que lleva a cabo la Udef y el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz supone un solapamiento de las pesquisas ya encomendadas por la juez Mercedes Alaya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De hecho, en el auto dictado el pasado 16 de julio por el que imputa al ex consejero Antonio Fernández por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos, la magistrada sevillana detallaba el nombre de algunas de las empresas que integran el conglomerado de Ángel Ojeda como beneficiarias de ayudas de la Junta de Andalucía para la formación de los antiguos trabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real: la Asociación de Empresas Aeronáuticas y las fundaciones Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
En concreto, cinco asociaciones controladas por el ex consejero de Hacienda recibieron más de 21,36 millones -casi la mitad del total de ayudas, 48,4 millones- por parte de la Consejería de Empleo para formar a los afectados por el cerrojazo de la multinacional estadounidense a su factoría gaditana.
Así, la Asociación de Apoyo al Medioambiente (Natura) recibió 4,66 millones; la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), 4,43 millones cada una, mientras que la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas) fue beneficiaria de dos subvenciones excepcionales por 3,39 millones en total.
De los citados 21,36 millones, 14,07 millones los otorgó el 24 de septiembre de 2009 el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández. Los 7,30 millones restantes los otorgó su sucesor en el cargo, Manuel Recio.

Carlos Marmol opina

Los juzgados de Sevilla han estado a punto de arder por culpa de un fuego inesperado y purificador. Probablemente provocado. Debe ser una señal cósmica de que se avecinan nuevas desgracias. Es una pena. Después de oír a Luciano (Alonso), el consejero encargado de la difícil tarea de dotar de sustento intelectual al peronismo rociero que nos dirige, todo parecía haberse serenado. Ni dudas teníamos ya: el Gobierno andaluz acababa de parir un ratón con forma de anteproyecto de ley para impedir los desmanes (puntuales, por supuesto) que se han producido con el dinero que nos quitan a todos en beneficio de la patria. La culpa, bien lo sabe Dios, no es suya. No. Es de los malandrines infiltrados (sin permiso, obviamente) en las filas del socialismo igualitario andaluz para aprovecharse de su infinita honradez. Se sabe desde hace siglos: no es lo mismo pagar tributos que robar el resultado de los impuestos. No es igual.
Parecía que podíamos estar tranquilos. El problema entraba en vías de solución. La presidenta Díaz había marcado los grandes ejes de la reforma del sistema de los cursos de formación y Luciano ejecutaba la partitura desde el puente de mando en pleno agosto, cuando Sevilla es más Sicilia que nunca. Más que la propia Sicilia, de hecho. No había nada que temer. Alaya seguirá instruyendo sus causas en septiembre. Pero ¿qué nos importa si quien cuenta ahora el Supremo? Los agentes sociales continuarán poniéndose de perfil. No hay que hacerles caso. Y los parados (esto no ha acabado todavía) seguirán pagando de su bolsillo sus propios despidos. Una lástima. En realidad nada iba a cambiar demasiado, pero teníamos una vaga esperanza. Ya no. Después de la escenita del último consejo de gobierno hemos empezado a creer que la tierra es cuadrada y Andalucía una réplica mejorada de Noruega, aunque sin su renta per cápita. Tiene explicación. Nos lo vienen diciendo desde hace treinta años: en el Sur hemos sido durante siglos marginados por el Norte. Nada de lo que nos ocurre es por culpa nuestra. Nosotros somos víctimas. Y los políticos autonómicos son nuestros grandes defensores. Eso es así.
Los indicios, sin embargo, señalan otra cosa. Nos sugieren que algunos, con nombres y apellidos, con cortijos y hoteles en Santo Domingo escondidos tras testaferros, al estilo Pujol, nos han estado afanando mientras pregonaban desde las tribunas el igualitarismo, la memoria histórica y el feminismo. Indudablemente se trata de un simulacro. No puede ser cierto. El nuevo catecismo de San Telmo dice en este punto lo mismo que Juan Belmonte: el mundo empezó ayer. Comenzó con la puesta de largo de la presidenta en las Cinco Llagas, cuando se produjeron hechos extraordinarios y vimos cosas que vosotros no creeríais: naves en llamas más allá de Orión, rayos brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser. Vimos hasta crecer a los enanos para no quedarse en orsai
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto a Luciano Alonso./CARLOS DÍAZ

Seamos serios: no es verdad que el nuevo sistema para repartir el dinero de la formación arregle nada. El Gobierno dice que impedirá que los fondos sean adjudicados a empresas-fantasma y garantizará la concurrencia competitiva. También nos promete que a partir de ahora (esto ya es de colegio) no se exonerará a nadie de justificar su destino. Todavía hay algo mucho más chusco: piensan a abrir un registro oficial para que las empresas de formación puedan apuntarse en él. Esto último resulta gratuito. No hace falta. El registro ya existe. Está en la calle San Vicente, sede del PSOE, donde Juan Cornejo ejerce de portavoz del Gobierno en detrimento de Miguel Ángel Vázquez. Yo empezaría a preocuparme.
Lo de la concurrencia competitiva y la exoneración son vainas distintas, como dicen en Colombia. Ambas ya existen en la normativa en vigor y, pese a ello, sus reglas han sido obviadas sin problemas por la Junta, que siempre ha justificado la condonación masiva de los fondos públicos amparándose en razones de "interés social". En el caso del ex consejero Ojeda se trataba, en concreto, de una cuestión de interés societario. No es exactamente igual. La milonga de que las empresas cazasubvenciones van a ser vetadas hay que hacérselo mirar. Editorialistas incluidos. ¿Existe en Andalucía alguna empresa que no sea cazasubvenciones? Mientras corran los animales por el bosque, habrá cazadores. Es un refrán vikingo.
El principio de legalidad de un Estado de Derecho consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que dice la ley. Ni un milímetro más. En nuestra república indígena, donde los políticos patrióticos creen encarnar la única democracia posible, hacen lo que quieren y exigen que le demos el beneficio de la duda. ¿No basta con la cartera? No sé qué es peor. Si esta estafa diaria o escuchar a Luciano (Alonso) explicarnos, sin mover un músculo, que el Gobierno andaluz, en realidad, técnicamente hablando, no ha exonerado a nadie. Ni siquiera a su primo. La Junta no exonera, no. Es que no se entera. Se ha vuelto ecuménica, como la iglesia: nos ha tomado a todos por tontos. Sin capirote, por supuesto.

Lo sanciona primero y despues le da millones de subvenciones

Los técnicos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía detectaron irregularidades en de las principales empresas del entramado del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido el pasado 4 de agosto por el presunto fraude en los cursos de formación de esta comunidad autónoma.Este hecho, que motivó una sanción de 43.000 euros, no fue óbice para que el Gobierno andaluz dispensara un trato de favor a dicha empresa, incluyendo la concesión de nuevas subvenciones y eximiéndole de la obligación legal de justificar dichas ayudas.
Asi se me ha quedao la cara tras conocer esta noticia:

Según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de julio de 2011, la empresa Prescal Prevención S.L., una de las más importantes del entramado societario del exconsejero Ojeda, fue multada por la propia Consejería de Empleo. Concretamente, la Dirección de Seguridad y Salud Laboral del Ejecutivo andaluz sancionó a Prescal con una multa de 43.032 euros, una sanción calificada como «muy grave» en materia de prevención de riesgos laborales.
Sin embargo, esa sanción impuesta a la empresa no fue óbice para que la citada entidad del entramado del exconsejero andaluz se beneficiara de la adjudicación de cursos de formación. De hecho las empresas de Ojeda, entre ellas Prescal, recibieron al menos 48,5 millones de euros en adjudicaciones de la Junta de Andalucía para realizar los citados cursos, según el informe realizado por la Policía tras desarrollar la «operación Óscar» en la provincia gaditana. Estas concesiones se realizaban desde la misma Consejería de Empleo, que mantenía las competencias en materia de cursos de formación hasta que fueron traspasadas a la Consejería de Educación en el año 2013.
La Junta de Andalucía no solo siguió dando dinero a esta empresa que incumplió la normativa de riesgos laborales, sino que la incluyó entre las agraciadas para ser liberada de la justificación de cuentas a la hora de recibir adjudicación de cursos. Prescal es una de las entidades que fueron exoneradas por el Ejecutivo andaluz de justificar las citadas adjudicaciones. De hecho, la Junta de Andalucía eximió de pasar por este requisito legal a la citada entidad en cinco expedientes que sumaban un total de 463.500 euros. Un dinero que la empresa de Ojeda recibió para realizar cursos de formación, pero que la administración andaluza no tiene constancia de que se hayan realizado ni, en caso de que así fuese, del coste de los mismos.
En total, la Junta exoneró del requisito de la justificación a 57 expedientes de las empresas del entramado de Ángel Ojeda en 2012, por un montante de dinero de 18,6 millones de euros, tal y como reveló ABC.