martes, 26 de agosto de 2014

Cursos con prórroga de Ojeda estan vivos en Cordoba

Una de las fundaciones investigadas en la macrocausa del supuesto fraude en los cursos de formación propiedad del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda sigue aún ofertando cursos para desempleados y ocupados en la capital cordobesa.
La entidad en cuestión es Forpe (Fundación de la Formación Profesional para el Empleo) y lo más extraño es que la sede oficial de los cursos se encuentra cerrada y abandonada desde hace varios meses aunque aún se da publicidad a las clases que teóricamente ofrece.?
Según los anuncios de la web de Forpe y del Servicio de Empleo Público Estatal, dependiente del Gobierno, el próximo 8 de octubre comenzará un curso de 435 horas destinado a personas desempleadas. La formación versaría sobre distribución logística.
Todos los intentos por obtener información sobre ese curso han sido vanos. El local de referencia se encuentra cerrado, en el teléfono que se facilita en Córdoba capital no contesta nadie y la línea 900 en el que se pueden realizar las matrículas tampoco sirve para obtener datos. El correo electrónico de contacto que tiene el Ministerio de Empleo tiene el dominio «prescal.net». Prescal es una de las empresas de Ojeda registradas en Sevilla al hilo de la investigación sobre a dónde han ido los fondos para formación.
No es el único curso que se pretende impartir desde la fundación que preside el exconsejero de Hacienda de la Junta, imputado en esta investigación. El 14 de octubre de este mismo año tendría que comenzar otro, en las mismas instalaciones, destinado a formar a personas ocupadas como gerentes de entidades de economía social.

Se quieren cargar los consorcios formativos de la Junta? Ahora peligra Baeza.

¿Que es la Red de Consorcios Escuela de la Junta de Andalucía?
Fue creada en 1991 con el objetivo de dar formación profesional ocupacional altamente especializada en sectores de especial importancia para la economía de Andalucía. La red cuenta en la actualidad con 11 centros especializados  en sectores claves como el del mármol en Fines (Almería); la joyería en Córdoba; la madera en Encinas Reales (Córdoba); la artesanía en Gelves (Sevilla); la artesanía y restauración del patrimonio histórico en Granada; la hostelería el turismo y el ocio en Islantilla (Huelva), Cádiz, Málaga, Benalmadena (Málaga), Mijas (Málaga) y Baeza (Jaén).
En Octubre de 2013 la consejería de Educación, recuerdan la asociación de antiguos alumnos, «ya cerró otros tres centros de formación especializada como fueron; el de soldadura y técnicas industriales en San Fernando (Cádiz), y dos Consorcios en actividades emergentes  como el de: medioambiente y desarrollo sostenible en Doñana (Huelva) y el de las tecnologías de la información y la comunicación en el Parque Tecnológico de Málaga». 
Desde su puesta en funcionamiento la red ha cualificado a más de 37.000 alumnos, solo en el curso 2013-2014, han cursado su formación en estos centros, cerca de 2000 desempleado andaluces. La inserción laboral del alumnado es muy elevada, rozando en muchos casos el 90%. Por esta misma razón no se entiende, y así lo señalan en su carta la asociación de alumnos de «La Laguna» que siendo este un instrumento formativo consolidado y valido para los desempleados y para las empresas andaluzas de sectores industriales estratégicos para  Andalucía, «estén en peligro debido a la incapacidad e inoperancia de los actuales responsables políticos de la Junta de Andalucía».

MÁS DE CURSOS Y "EJEMPLARES" ACADEMIAS

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detectado que desde la Junta se facturaba presuntamente cursos por encima de su valor real, de forma que se abonaba con dinero público una cantidad superior a la que recibía la empresa que los impartía. Asimismo, algunas de las empresas investigadas cargaban como gastos imputados a la subvención el pago de facturas de teléfono o luz a través de un sistema de facturación simulada. Comportamientos en los que también se enmarcan las declaraciones de los alumnos de un curso cuyo organizador realizó una barbacoa que «pagaba con dinero de la Junta» y que fanfarroneaba diciendo que «estos perros me van a pagar lo que deben» porque «se lo han llevado calentito».
El informe de la citada unidad de la Policía Nacional analiza cada una de las 17 empresas que se beneficiaron de la Resolución de diciembre de 2010 de la Dirección de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que investiga la 'operación Edu' -la cual indaga en empresas que recibieron subvenciones para formar a trabajadores y después contratarlos pero no cumplieron con uno o ninguno de los requisitos y que tienen vinculación con la red de fundaciones tejida por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda- refleja que facturas de teléfono, consumo eléctrico y gas de distintas empresas que al ser investigadas se comprueba que tienen que tienen la misma dirección y administrador que una de las academias, el Centro de Formación Profesional Feijo S.L. «Nos encontramos ante una facturación simulada para justificar los fondos obtenidos como subvención para formación», concluyen los responsables del caso.
Por otra parte, uno de los asistentes al curso «Soldador de estructuras metálicas ligeras» de esta academia relató que uno de los responsables presumía de las ayudas que recibía de la Administración autonómica y que con asiduidad organizaba barbacoas en su domicilio fanfarroneando afirmaba que «pagaba la Junta». Este alumno, uno de los más de 250 que ha interrogado la UDEF, recordó que esta persona les decía que «un amigo suyo estaba relacionado» con el Gobierno andaluz y que por el curso que él percibía 240.000 euros, la Administración regional ingresaba 600.000. Hay que recordar que el 80 por ciento de los fondos para la formación provienen de la Unión Europea. El testigo dijo que el directivo les contó que «estos perros -en relación a la Junta- me paguen lo que me deben», porque «ellos se lo han llevado calentito».
Un docente que impartió un curso en la academia A.F. Salamar S.L., por su parte, testificó a los investigadores que antes de percibir la última nómina se le ofreció cobrar un sobresueldo de 1.000 euros para justificar algunos gastos, «algo a lo que me negué». Estas acciones irregulares se tornan en supuestamente delictivas cuando los agentes comprueban que se han falsificado firmas de profesores y alumnos, así como listados de asistencia. Este es el caso del Centro de Formación Gasset S.L. de cuyos administradores los investigadores señalan que «no aportan en el expediente del SAE la relación de alumnos que han llevado a cabo el curso». Un hecho que, unido a los resultados de otras indagaciones, les hace pensar que «no se habría realizado».
Las pesquisas policiales revelan la supuesta comisión de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil al conocer el caso de una profesora que rezaba en la documentación como que había impartido clases en este centro cuando realmente estaba trabajando en otro. La docente testificó que en «los datos personales, como los de filiación, titulación y experiencia laboral», pero matizó que ella no había participado en ese curso. Cuando los agentes le mostraron la documentación aportada por la sociedad a la Junta, la formadora declara que «nunca he firmado dicho documento», por lo que la rúbrica «no es mía», a pesar de que se pareciera. La testigo afirmó que la única explicación que encontraba era que hubiesen manipulado los papeles auténticos. Este mismo modus operandi se utilizó con otra docente del Centro de Formación Profesional Feijo S.L. que envió la documentación durante el proceso selectivo de tutores. Transcurrido un plazo, no vuelve a tener noticias de la empresa. Además, cuando supuestamente estaba impartiendo clases, realmente se encontraba de baja por maternidad.

IRENE HABLA DE TOLERANCIA CERO

La secretaria provincial del PSOE de CADIZseñala que la formación socialista apuesta «por una parte por la plena colaboración con la justicia, porque los socialistas no vamos a borrar discos duros ni a eliminar información esencial para distintos casos de corrupción de los ordenadores, pero al mismo tiempo mantenemos la plena exigencia de responsabilidades en el caso de que se haya cometido cualquier irregularidad». En este punto pronunció las mismas palabras que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: «No vamos a acusar a ningún inocente pero no se le va a dar cobertura a ningún culpable. Tolerancia cero con la corrupción».

la burla ugetista a Teresa Florido

 El Mundo de hoy publica este capitulo nuevo:
Burla en UGT ante el intento de la Junta de Andalucía de blindar penalmente a su alto cargo Teresa Florido con los expedientes de ayudas millonarias que le adjudicó a su cuñado Ángel Ojeda, detenido en la operación Óscar por un presunto fraude de 50 millones de euros en subvenciones para cursos de formación.
EL MUNDO ha tenido acceso al sumario del escándalo de las facturas falsas de UGT y en él figuran numerosos correos electrónicos enviados desde los equipos informáticos que había en la sede regional del sindicato en Sevilla, requisados por los investigadores de la UCO de la Guardia Civil que indagan este asunto.
«Esta sí que es buena, le quitan las competencias a la Florido y se las queda el secretario general, porque la tipa no se pronuncia», dice con sorna una trabajadora del sindicato en el email remitido a Josefa Castillejo Martín, miembro de la comisión ejecutiva regional de UGT desde 2005 a octubre de 2013.
A partir de 2009, Castillejo Martín fue la responsable del área de formación en el sindicato y fue integrante de la ejecutiva de UGT-A formada por el anterior secretario general Francisco Fernández Sevilla, que se vio forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas, y fue sustituido por la actual líder Carmen Castilla.
En UGT se olieron la artimaña de la Junta desde el primer momento, ya que el correo electrónico fue enviado a las 8.35 horas de la mañana el pasado 18 de julio de 2013, el mismo día que el BOJA publicó la orden.
El email adjunta la orden de 25 de junio de 2013 publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), por la que se avocan competencias de gestión y justificación de subvenciones en materia de formación profesional para el empleo y se delegan en el secretario general de Formación y Educación Permanente, de la que viene informando EL MUNDO, con la que la Junta ha pretendido blindar a Teresa Florido.
La remitente incluye el listado de los 102 expedientes ocultos con códigos numéricos y que escondían las ayudas millonarias recibidas por el entramado asociativo de Ángel Ojeda, como se supo más tarde, gracias a una pregunta parlamentaria del Partido Popular.
La resolución sobre Teresa Florido la firma la entonces consejera de Educación, Mar Moreno, quien ahora podría verse salpicada por el escándalo de los cursos de formación tras ser preimputada por el caso ERE, después de que la juez Mercedes Alaya la haya incluido en el grupo de nueve aforados, entre los que están los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que acaba de enviar al Tribunal Supremo.
Ángel Ojeda fue detenido el pasado 4 de agosto y la Udef sostiene que la Junta le ha adjudicado unos 50 millones de euros en cursos de formación de manera irregular.
Ojeda, que fue consejero de Hacienda y Planificación en la etapa de José Rodríguez de la Borbolla como presidente de la Junta, ocultó parte de su fortuna en una sociedad en Luxemburgo.
Aunque Teresa Florido alega que se ha mantenido al margen de las subvenciones millonarias de su departamento a su cuñado, su nombre aparece en las resoluciones de la Junta que le adjudican 5,3 millones de euros a varias entidades de Ojeda cuatro días antes de las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo de 2012.
La ex alto cargo se querelló contra el PP el pasado mayo por acusarla de favorecer a su cuñado en el reparto de subvenciones.

José Fernández de los Santos secretario de Agricultura en la Ejecutiva de Susana Día se defiendez

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la actual Ejecutiva regional del PSOE andaluz que encabeza Susana Díaz, José Fernández de los Santos, también se benefició directamente de las subvenciones para la formación profesional otorgadas por la Junta de Andalucía durante su breve paso por la empresa privada y antes de reincorporarse a la política institucional.
La sociedad limitada que administró, además, resultó ser de las beneficiadas con las exoneraciones opacas aprobadas a posteriori por el Gobierno andaluz y que ya investigan varios juzgados de Instrucción, incluido el número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya.
Fernández de los Santos, que lleva contratado como jefe de gabinete de Presidencia en la Diputación Provincial de Huelva desde diciembre de 2011, fue el administrador único de una sociedad limitada (Multiservicios y Limpiezas Doñana) tras haber ejercido como concejal y viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital onubense entre la primavera de 2003 y el otoño de 2008, cuando abandonó el Consistorio nada más dimitir la por entonces líder de la oposición municipal, Manuela Parralo.
Desde mayo de 2009 hasta su reincorporación a la Diputación de Huelva (ya había estado a sueldo de la institución entre 1999 y 2003), el dirigente socialista andaluz concurrió a dos convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía con Multiservicios y Limpiezas Doñana, una empresa especializada en mantenimiento y limpieza de edificios que, tras llegar Fernández de los Santos al cargo, obtuvo contratos para limpiar las sedes de las delegaciones provinciales de las consejerías de Obras Públicas y Vivienda y de Salud de la Junta en Huelva.
Para poder concurrir a la convocatoria de las ayudas formativas, el ahora secretario de Agricultura en la Ejecutiva de Susana Díaz tuvo que cambiar en octubre de 2010 el objeto social de la compañía para empezar a incluir "la formación profesional para el empleo y formación profesional ocupacional para personas trabajadoras y desempleados".
Multiservicios y Limpiezas Doñana acabaría recibiendo dos subvenciones de la Consejería de Empleo tras presentarse a las dos últimas convocatorias organizadas por la Administración autonómica, la primera por un importe de 212.865 euros y la segunda, de 89.010. "Fuimos a dos convocatorias públicas, en el año 2010 y 2011", recuerda el propio Fernández de los Santos en declaraciones a EL MUNDO.
"Era una empresa de servicios, pero como tenía una nave grande, monté dos aulas, incluso con más metros cuadrados de los que marcaba la norma, para homologarla como de formación. Yo fui el responsable de la convocatoria de 2010 y está todo justificado al 100%, que para esas cosas he sido siempre muy cauteloso y muy escrupuloso. No tengo ningún problema, ahí podéis investigar lo que queráis: por arriba, por abajo, de lado y de frente, porque está justificado desde el primer céntimo hasta el final, y sin exoneración", subraya el dirigente onubense del PSOE-A.
Sin embargo, resulta que el expediente 21/2010/J/063 de Multiservicios y Limpiezas Doñana, el que correspondería a la ayuda para la convocatoria que desarrolló Fernández, figura (como se puede ver en el cuadro superior) en el listado anexo de beneficiarios de una de las últimas exoneraciones masivas aprobadas por la Junta de Andalucía antes de destaparse el escándalo del fraude de la formación, en concreto en la resolución de 11 de diciembre de 2012 firmada por el entonces consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el socialista Antonio Ávila, en este caso en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo.
Fernández de los Santos asegura que desconocía esta resolución y puntualiza: "Yo respondo de que estaba justificado el 100% de los cursos que se impartieron conmigo, pero es cierto que cuando me fui quedaban algunas horas por desarrollar".
"En 2011 nos dieron muchísimas menos horas, pero tampoco sé si esa convocatoria se ha desarrollado porque desde el 19 de diciembre de aquel año me fui de la empresa tras venderla y cerrar todas las pólizas de crédito, y por entonces no se había desarrollado aún porque se podían pedir ampliaciones de los plazos. La persona que se hizo cargo de la empresa yo ya no sé lo que haría", añade, antes de negar haber recibido trato de favor alguno.
"Será que, por venir del mundo del que venía, me han mirado con lupa y para todo tenía que tener se presentaba un viernes por la tarde para ver si se impartía el curso", asegura desmarcándose de "los personajes [en alusión al antiguo consejero socialista Ángel Ojeda] que han ido a convocatorias a ganar millones de euros que no han justificado, lo cual a mí me parece que es una barbaridad".
el visto bueno del técnico de la Junta que te asignaban para seguimiento:
¿Y qué opina Fernández de los Santos del precedente de Rafael Velasco, quien dimitió en 2010 como parlamentario andaluz y como vicesecretario general del PSOE-A cuando EL MUNDO reveló los 700.000 euros que había recibido también para impartir cursos de formación la empresa de su mujer? "No puedo hablar porque no conozco las intimidades de aquella dimisión, yo estaba en aquel entonces en la empresa privada", zanja.
Sobre los contratos que logró Multiservicios Doñana para limpiar las sedes de dos delegaciones de consejerías de la Junta, asegura que fueron a través de «concursos» -aunque el de Obras Públicas fue en realidad un negociado sin publicidad- y que, en el caso del de la sede de Salud, «quedé segundo, pero la empresa que quedó primera por lo visto no hizo bien los números y se marcharon. Por eso me llamaron: me incorporé con un presupuesto un poco más caro pero no me lo dieron en primera instancia, sino tras renunciar otro».
Tampoco cree que su trayectoria permita criticar las famosas puertas giratorias de la política institucional. "Yo monté una empresa y a los dos años fui a una convocatoria pública, ¿o tú te vas de la política y no trabajas de nada más? El 80% de mi facturación era del sector privado: limpieza, valijas... Mi principal cliente fue Fertiberia, pero también limpié en Ercros, en Seur... Me he presentado como a 20 concursos públicos y no he conseguido la mayoría. En el segundo año facturé medio millón y lo público representó unos 60.000 euros. No he utilizado mis contactos para este tipo de cuestiones", subraya el dirigente del PSOE andaluz.
"Del 29 de abril de 2009 hasta 19 de diciembre de 2011: ése fue el periodo en que está a mi nombre la empresa [en el Registro Mercantil no consta su desvinculación de Multiservicios Doñana hasta meses más tarde, cuando se elevó la escritura notarial]. Y, durante ese periodo, me he dedicado a trabajar y punto, sin más problema. Es que creo que no tiene mucho sentido que salga esto porque eso fue en mi época en la empresa privada en la que uno hace lo que estima conveniente, y yo me he reincorporado a la actividad pública y he vendido la empresa", concluye Fernández de los Santos.

Eximida también la diputada del PP

La parlamentaria andaluza del PP por Málaga Antonia Ruiz Oliva figura también en el listado de las polémicas exoneraciones opacas -no se llegaron a publicar nunca en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía- aprobadas por el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila en diciembre de 2012.