Un funcionario se quedó "solo" para supervisar "miles de cursos"
El testigo Teodoro Montes apunta como responsables a su jefe y a la delegada de Empleo en Sevilla
Diario de Sevilla |
Teodoro Montes sale por una puerta trasera de los juzgados de Sevilla, ayer, tras casi cinco horas de declaración.
Un solo funcionario, sin ordenador y sin acceso a los expedientes de los cursos de formación para supervisar miles de actividades formativas. Éste es el sombrío escenario que el jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, describió ayer en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación.
Durante casi cinco horas, Teodoro Montes relató de forma pausada pero profusa las numerosas irregularidades que detectó en el control de los cursos y que le llevaron a presentar una denuncia en el juzgado de guardia. El testigo, ya jubilado, llamó la atención sobre el hecho de que durante un año aproximadamente, entre la primavera de 2013 y principios de este año, el organismo encargado del control de los cursos en la provincia de Sevilla quedó reducido a su persona, además de que no tenía ordenador ni acceso a los expedientes, según informaron fuentes del caso. Teodoro Montes comparó este desmantelamiento de su departamento con la época anterior a 2010, cuando había más de 30 personas encargados de la supervisión de los cursos y a pesar de ese número "eran muy pocas" para supervisar "los miles de cursos", afirmó Montes.
Como culminación del desbarajuste y falta de control que denuncia, Teodoro Montes afirmó que hay actualmente en su departamento unos 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir porque no han sido supervisados. A su departamento llegaban tanto las ayudas para actividades formativas que concedía la delegación provincial de Empleo en Sevilla como las que otorgaba la Dirección General de Formación.
El testigo ratificó íntegramente su declaración ante la Guardia Civil, en la que respondió de forma contundente sobre quienes eran a su juicio responsables de la situación. "Todos mis superiores jerárquicos, sin excepción". La juez Alaya le preguntó ayer expresamente sobre esos responsables y el testigo apuntó a su jefe inmediato y a la actual delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y a su antecesor en el cargo Antonio Rivas, precisaron las mismas fuentes.
Según el funcionario, sus jefe no habrían actuado para detener esas irregularidades. La declaración de Montes, que se suspendió poco antes de las cuatro de la tarde, continuará el próximo martes, cuando la juez Alaya prosiga su interrogatorio, dado que en toda la sesión de ayer el testigo sólo se sometió a las preguntas de la magistrada.
El próximo martes, la juez preguntará al testigo sobre las ayudas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Según algunas fuentes consultadas, la declaración de este testigo puede considerarse "magnífica" para la tesis que sostiene la acusación en esta investigación judicial.
Teodoro Montes prestó declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) el 22 de agosto de 2013 y entre las irregularidades detectadas aseguró que se justificó la asistencia a cursos de alumnos que no habían asistido realmente; que no se presentó documentación justificando la realización del curso ante el órgano gestor que estaba encargado del control y seguimiento; y que se "sobredimensionó" el coste para llegar al tope máximo de gasto sin que hiciera falta.
Según la denuncia de Teodoro Montes, hay 450 cursos divididos en dos partidas de los años 2009 y 2010 realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización".
Tras esta comparecencia, la juez tenía previsto tomar declaración al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, pero esta comparecencia ha sido suspendida sine díe a la espera de que la juez reciba parte de la documentación solicitada.
El testigo Teodoro Montes apunta como responsables a su jefe y a la delegada de Empleo en Sevilla
Diario de Sevilla |
Teodoro Montes sale por una puerta trasera de los juzgados de Sevilla, ayer, tras casi cinco horas de declaración.
Un solo funcionario, sin ordenador y sin acceso a los expedientes de los cursos de formación para supervisar miles de actividades formativas. Éste es el sombrío escenario que el jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, describió ayer en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación.
Durante casi cinco horas, Teodoro Montes relató de forma pausada pero profusa las numerosas irregularidades que detectó en el control de los cursos y que le llevaron a presentar una denuncia en el juzgado de guardia. El testigo, ya jubilado, llamó la atención sobre el hecho de que durante un año aproximadamente, entre la primavera de 2013 y principios de este año, el organismo encargado del control de los cursos en la provincia de Sevilla quedó reducido a su persona, además de que no tenía ordenador ni acceso a los expedientes, según informaron fuentes del caso. Teodoro Montes comparó este desmantelamiento de su departamento con la época anterior a 2010, cuando había más de 30 personas encargados de la supervisión de los cursos y a pesar de ese número "eran muy pocas" para supervisar "los miles de cursos", afirmó Montes.
Como culminación del desbarajuste y falta de control que denuncia, Teodoro Montes afirmó que hay actualmente en su departamento unos 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir porque no han sido supervisados. A su departamento llegaban tanto las ayudas para actividades formativas que concedía la delegación provincial de Empleo en Sevilla como las que otorgaba la Dirección General de Formación.
El testigo ratificó íntegramente su declaración ante la Guardia Civil, en la que respondió de forma contundente sobre quienes eran a su juicio responsables de la situación. "Todos mis superiores jerárquicos, sin excepción". La juez Alaya le preguntó ayer expresamente sobre esos responsables y el testigo apuntó a su jefe inmediato y a la actual delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y a su antecesor en el cargo Antonio Rivas, precisaron las mismas fuentes.
Según el funcionario, sus jefe no habrían actuado para detener esas irregularidades. La declaración de Montes, que se suspendió poco antes de las cuatro de la tarde, continuará el próximo martes, cuando la juez Alaya prosiga su interrogatorio, dado que en toda la sesión de ayer el testigo sólo se sometió a las preguntas de la magistrada.
El próximo martes, la juez preguntará al testigo sobre las ayudas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Según algunas fuentes consultadas, la declaración de este testigo puede considerarse "magnífica" para la tesis que sostiene la acusación en esta investigación judicial.
Teodoro Montes prestó declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) el 22 de agosto de 2013 y entre las irregularidades detectadas aseguró que se justificó la asistencia a cursos de alumnos que no habían asistido realmente; que no se presentó documentación justificando la realización del curso ante el órgano gestor que estaba encargado del control y seguimiento; y que se "sobredimensionó" el coste para llegar al tope máximo de gasto sin que hiciera falta.
Según la denuncia de Teodoro Montes, hay 450 cursos divididos en dos partidas de los años 2009 y 2010 realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización".
Tras esta comparecencia, la juez tenía previsto tomar declaración al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, pero esta comparecencia ha sido suspendida sine díe a la espera de que la juez reciba parte de la documentación solicitada.
1 comentario:
Teodoro Montes, antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, ha declarado durante cinco horas ante la juez Mercedes Alaya y ha ratificado el "descontrol" que había en la supervisión de los cursos de formación, un departamento que pasó de tener más de 30 personas a él solo.
Montes, que en el 2013 denunció ante la Guardia Civil las "graves irregularidades" en los fondos de formación y la ausencia de inspección y de control económico de las facturas justificativas, ha respondido como testigo a las preguntas de la juez.
El interrogatorio a Montes, que ha entrado y salido de los juzgados por la puerta trasera ocultando el rostro, se reanudará el próximo martes y es previsible que se prolongue varios días más, según fuentes judiciales.
Además, Alaya ha aplazado la otra declaración que tenía prevista el jueves 16 de octubre del imputado Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y también acusado en el caso de los ERE.
El funcionario que ha declarado ha reiterado que el departamento para supervisar los miles de cursos de formación que se impartían en la provincia de Sevilla lo componían más de treinta personas, un número que consideró reducido para esa labor.
Solo y sin ordenador
Ha subrayado que la situación se agravó porque en la primavera del 2013 se quedó él solo y sin ordenador en ese departamento, que en enero del 2014 volvió a aumentarse con más funcionarios en un número que no ha precisado.
Como ejemplo del descontrol en el departamento de formación, Montes ha dicho que aún hay más de 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir.
La juez le ha preguntado quiénes eran sus superiores en la Delegación de Sevilla de la Consejería de Empleo, y el testigo ha precisado que eran su jefe de servicio y los dos delegados que ha tenido, Antonio Rivas y su sucesora, Aurora Cosano.
Preguntado de dónde venían las órdenes que recibía, el testigo ha dicho que "de arriba" aunque no ha ofrecido más precisión, y ante la Guardia Civil dijo que los responsables de la situación en los cursos de formación eran todos sus superiores "sin excepción", según fuentes judiciales.
En la declaración han estado presentes el abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, los defensores de los exconsejeros del gobierno andaluz Ángel Ojeda y Antonio Fernández, que son los únicos imputados hasta ahora por Alaya en la causa, y la Fiscalía Anticorrupción.
Ganó un juicio a la Junta por acoso
Fuentes del caso han señalado que lo que ha declarado hasta ahora Montes supone un testimonio "magnífico" para mantener las tesis de la acusación.
La juez ha citado al funcionario, que ganó una sentencia a la Junta por acoso laboral, para que ratifique sus declaraciones ante la Guardia Civil en la que avisaba de las irregularidades en los cursos de formación.
En esos testimonios, Montes afirmó que existían "graves irregularidades" en las fases de adjudicación, gestión, control y justificación de los fondos de formación.
También añadía que el dinero, procedente en un 80 % de fondos europeos, servía para financiar de manera encubierta a agentes sociales y para enriquecer ilegalmente a personas relacionadas con los cursos formativos.
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