Las quejas de empresarios
y las advertencias de la Seguridad Social no impidieron que el
entramado se hiciera con subvenciones millonarias de la Junta y del
Estado
18.08.14
La UDEF detenía hace dos semanas a Ángel Ojeda Avilés en su chalé de Sanlúcar. El arresto del exconsejero
estuvo precedido por meses de informaciones periodísticas que posaban
su atención en la inmensa fortuna que había hecho el expolítico jerezano
a través de las subvenciones para la formación de parados. También en
el mes de julio, un auto de la jueza Mercedes Alaya confirmaba que se
había interesado en algunas de las empresas de Ojeda
dentro de las diligencias que acaba de abrir para indagar en las ayudas
que otorgó la Administración andaluza para la realización de cursos
dentro del capítulo de la formación profesional ocupacional. Pero mucho
antes de todos esos acontecimientos, algunas de las sociedades que
forman parte del entramado empresarial, ahora bajo sospecha, ya fueron
objeto de denuncias, quejas, sentencias en contra, avisos por parte de
la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social e incluso epicentro de
una investigación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia
(CNC) por malas prácticas. Una sucesión de hechos ocurridos entre 2008 y
hasta 2011 (fecha de la última resolución de la Comisión) que no fue
óbice para que el grupo de empresas y fundaciones del exconsejero
obtuvieran entre 2008 y 2012 48,4 millones de euros sólo en subvenciones
otorgadas por la Administración andaluza.
Antes de que la Junta de Andalucía aprobara la orden que
regulaba la concesión de subvenciones para la formación ocupacional en
octubre de 2009, Ojeda Avilés
ya arrastraba experiencia en el negocio de los cursos. Algunas de sus
empresas Educanet S. L., Prevengo, Humanitas y Prescal venían operando
en el terreno de la formación pero en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales: un «muy lucrativo negocio» -afirma la Policía en uno
de sus informes- que estuvo muy en boga hace pocos años. Estas
sociedades fueron denunciadas por empresarios y autónomos, quienes
relataban cómo habían sido víctimas de amenazas y presiones para que
contrataran acciones formativas si no querían ser sancionados por
incumplimiento legal. Algunas patronales como la de Cáceres y la que
aglutina al pequeño y mediano empresario de Ibiza lanzaron comunicados
alertando a sus asociados de que estaban ante una posible estafa y que
no tenían que ceder ante las prácticas de esos supuestos especialistas
en la formación encaminada a prevenir accidentes laborales.
La Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) que
representa a empresas especializadas en la prevención laboral recogió
todas estas denuncias y elevó una denuncia por conductas prohibidas a la
Comisión Nacional de Competencia (CNC) que abrió un expediente en 2010
contra Forpe, Humanitas, Inteca y Prevengo.
La CNC lo archivaba sin consecuencias en marzo de 2011,
pero en la resolución dictada se menciona cómo la Seguridad Social
también había tenido que emitir comunicados de urgencia en 2008 y 2009
para informar que una de las empresas de Ojeda estaba usando la imagen
del Inspección de Trabajo sin su autorización. Así el organismo, ante
las denuncias de los empresarios que acudían alertados en busca de
información, salió al paso negando cualquier tipo de relación con esas
empresas y que estuviera realizando campañas de requerimientos
generalizados.
Prevengo, según las denuncias de autónomos y pequeños
empresarios, enviaban a los empresarios correos electrónicos en los que
adjuntaban una circular de la Inspección en la que se mencionaba la
obligatoriedad de las empresas en formar a sus trabajadores en primeros
auxilios y en medidas básicas contraincendios y que en caso de no
contratar la formación, se enfrentaban a multas de hasta 800.000 euros.
La Inspección solicitó por escrito a las empresas de Ojeda que dejaran de actuar de esa manera y según la CNC, éstas acataron la reprimenda de la Seguridad Social.
Pero además de esos 'tirones de orejas', las prácticas de
esas empresas también fueron llevadas a los tribunales por autónomos que
denunciaban a Prescal o Educanet por reclamarles el dinero de unos
cursos de formación que nunca habían contratado. Los afectados llegaron a
organizarse en foros de internet donde alertaban a otros usuarios sobre
las prácticas de estas empresas.
La Fiscalía fue alertada
Muchos de estos pleitos fueron ganados. A finales de 2011,
un juez de Cáceres, ante la reiteración de casos, puso en conocimiento
de la Fiscalía que se podría estar perpetrando una estafa masiva y
señalaba a Educanet. El magistrado del nº 5 de Instrucción de la ciudad
extremeña había absuelto a una pequeña empresaria a la que le habían
reclamado 210 euros por una formación que no había contratado. Su
testimonio era similar al que ofrecían otros afectados: había recibido
una llamada de teléfono en la que le advertían que tenía que recibir
cursos obligatorios de prevención en riesgos laborales si no querían
hacer frente a una fuerte sanción administrativa.
Esa denuncia del juez tampoco prosperó y no se realizó
ninguna actuación judicial contra las empresas de Ojeda que siguieron
participando con éxito en las convocatorias de reparto de subvenciones.
No sólo fueron grandes beneficiadas, según la investigación de la UDEF,
de la lluvia de millones que la Junta otorgó a partir de 2009 para la
formación ocupacional. El entramado también ha venido recibiendo
subvenciones a través de la Fundación Tripartita (Servicio estatal de
empleo, patronal y sindicatos).
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