La Junta de Andalucía invertirá 200 millones de euros en nuevos
cursos de formación, que se articularán en cuatro grandes bloques:
formación para personas desempleadas (FPE), formación continua para
trabajadores en activo, en la puesta a punto de consorcios escuela de
formación, y en el programa de escuelas taller.
De esta forma
se rectivan los cursos de formación que llevaban paralizados como
consecuencia de la investigación judicial iniciada por el presunto
desvío de fondos públicos destinados a la formación, la conocida como
Operación EDU, que se desarrolló en diferentes provincias andaluzas,
entre ellas Cádiz, la pasada primavera.
La reactivación de los
cursos de formación ha sido valorada por parte de la Junta en términos
de que “permitirá revertir el empleo perdido durante la crisis
económica”, y responde a las demandas de los usuarios de los servicios
de formación y de los propios funcionarios que prestaban sus servicios a
la Junta en este sector, y que denunciaban hasta fecha reciente la ausencia de carga de trabajo debido a la paralización de estos cursos por parte de la Junta.
Con respecto a las quejas de los funcionarios de FPE, que denunciaban
también que el traspaso competencial efectuado por la administración
autonómica de las carteras de Empleo a Educación, y luego de Educación
nuevamente a Empleo, había provocado una situación de indefinición de
tareas para estos técnicos. A lo que la delegada territorial de Empleo
de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, ha apuntado que ya se ha
reunido con los trabajadores de este servicio en la provincia gaditana;
les ha visitado en las dependencias que han tenido hasta el momento (de
Educación; en Cádiz Centro; cerca de la Delegación de Educación) y les
ha transmitido su apoyo por el trabajo que vienen desarrollando.
En
el caso de la provincia de Cádiz, el cambio de competencias hizo además
que los técnicos de FPE fueran trasladados de sede, y fueron llevados a
un centro de trabajo que, según denuncian, “no cumplía con las
condiciones idóneas para garantizar la salud y seguridad de los
trabajadores”. Sobre ese punto, fuentes de la Junta informan que la
Delegación Provincial de Empleo ya está barajando distintas opciones
para solucionar las quejas de los funcionarios.
Pero las denuncias
de los técnicos de FPE no acaban ahí. Y es que el sumario de instrucción
de la Operación EDU ha provocado además que muchos de esos técnicos, la
mayoría llamados a declarar por el juez en calidad de testigos, se vean
en una situación de “indefensión jurídica. Altos cargos de la Junta
implicados en los cursos de formación han recibido apoyo jurídico de la
Junta. Nosotros en cambio no”. Fuentes de la Junta han aclarado que los
testigos no requieren de protección jurídica al requerírseles solo en
calidad de testigos y no tener implicación alguna en la trama. Su
testimonio sirve para recabar información.
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2 comentarios:
pero como es que no hay gente en la cárcel por ese motivo, cuando cualquier robagallinas (eleuterio) se pega 2 años preventivo para ser condenado a 3 o 4 años de cárcel. Y se mete a gente en la cárcel por no poder pagar una multa de 500 € durante tres meses, cuando a la pantoja se le valoró cada dia de cárcel en 9.000€.
Y con ese dinero perdido inútilmente, por qué no se crea una empresa que de trabajo fijo a un centenar de personas durante toda la vida, o, en caso contrario durante muchos años. ¿Por qué? porque así no tendrían dependientes. ¿Cuántos millones y millones de € han sido robados y dilapidados para llenarse los bolsillos un montón de charranes? incalculables verdad.- Pues todavía con la anuencia de ciudadanos, nos la siguen metiendo doblá. Empleemos el dinero público que nos viene en su mayoría de Europa en cosas productivas que nos aseguren nuestro futuro, y, el de nuestras futuras generaciones.
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