Mercajerez y los compromisos de contratación

La ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez, el director de Mercajerez, Ángel Salazar, y una técnica prestaron declaración ayer en los Juzgados de Cádiz en torno a un supuesto fraude en los cursos de formación que sobre carnicería y panadería se realizaron en el mercado mayorista jerezano en los años 2010 y 2011. Los abogados de la defensa, Manuel Hortas y Juan Pedro Cosano, mantuvieron en todo momento sus más que serias dudas en torno a un caso en el que ambos coinciden por separado en señalar que "simplemente no existe". Tanto es así que expusieron que el asunto en cuestión versa sobre unos cursos que realmente se impartieron, que supusieron un coste a Mercajerez tanto a nivel del arreglo de las instalaciones (varias decenas de miles de euros), donde los alumnos recibieron las clases, así como por la compra de los materiales necesarios para que los jóvenes asimilaran conocimientos (cantidad que ascendió según fuentes de este periódico a unos 72.000 euros). En momento alguno, así al menos se sostiene desde las defensas de los imputados, se produjo beneficio alguno, ni ilícito ni lícito. La investigación en cuestión se enmarca como una pieza separada de la conocida como 'Operación Edu', que intenta poner orden en torno a los beneficios ilícitos que personas relacionadas directamente con la Junta de Andalucía (caso por ejemplo del ex consejero de Trabajo Ángel Ojeda) obtuvieron por acreditar unos cursos de formación que nunca se celebraron y por los que los responsables del entramado se embolsaron considerables cantidades de dinero público. En este caso en concreto, que determinadas fuentes jerezanas no dudan en calificar como el caso 'Urbanos Amarillos II' por su nula consistencia legal, ya es público y notorio que ambos cursos -que tenían "a la carne y a la harina de trigo como principales protagonistas"- se celebraron. Nadie duda en absoluto de que pudiera tratarse de una simulación. Tanto es así que es corroborado por los propios alumnos. El hecho de que el asunto haya sido visto por un juzgado en una vía penal es, cuando menos, "curioso", señalaron a este medio Juan Pedro Cosano, abogado de Pilar Sánchez, y Manuel Hortas, quienes destacaron que el ámbito jurídico más adecuado habría sido sin duda en el de un juzgado de lo Contencioso Administrativo "en el que si se demuestra que se ha cobrado una cantidad indebidamente por unos cursos impartidos ésta se devuelva en su integridad". Algo así, valga la expresión, como una 'auditoría' legal. Pilar Sánchez, ex alcaldesa socialista de Jerez, vino a decir lo que se esperaba, que es lo siguiente: que era efectivamente la presidenta de Mercajerez entre 2005 y 2011 por el hecho de ser regidora de la ciudad y que no tuvo relación alguna con esos cursos de formación. Cualquier tipo de vinculación con los cursos es, simplemente, anecdótica, lo cual es además evidente. Por su parte, tanto Ángel Salazar como la técnico que inspeccionaba los cursos señalaron que todo se ajustó a la legalidad, que no hubo fraude alguno, que los 30 alumnos (15 de carnicería y 15 de panadería) recibieron la formación requerida. El transcurso de los interrogatorios fue, cuando menos, curioso, pues se llegó a preguntar sobre el origen de las carnes que cortaban los alumnos en el curso de carnicería, destacándose en el transcurso de la comparecencia que eran "tanto de pollo, como de cerdo y ternera", básicamente para que los aspirantes supieran la forma en que debían ejecutarse tales cortes. Este caso en concreto viene a abrir el debate sobre el coste político y personal que generan determinadas imputaciones, al generar obviamente un grave perjuicio personal a los imputados y a su imagen pública. Un aspecto de las investigaciones especialmente criticado por las defensas fue el olvido en que los investigadores fiscales del Cuerpo Nacional de Policía incurren a la hora de documentar jurídicamente los hechos como delictivos, "ya que ha habido algunas omisiones" que perjudican a las personas que están imputadas. A estas alturas, lo obvio parece ser que pudieran haberse producido fallos de índole administrativa, susceptibles de ser subsanados por otras vías muy lejanas del marco penal en el que se ha enmarcado este proceso.