El Parlamento andaluz abrirá sus puertas una semana antes de lo que marca el calendario oficial para que el consejero de Educación, Luciano Alonso, ofrezca datos de la auditoría interna que está llevando a cabo el Gobierno sobre las subvenciones otorgadas para cursos de formación. O a eso se comprometieron.
Es la respuesta pactada por PSOE e IU
ante la presión creciente que atosiga al Ejecutivo después de que este
verano estallara el escándalo por el presunto fraude de los cursos de
formación que se abrió en los juzgados en abril. A cambio, IU vetaba dos peticiones del PP de plenos extraordinarios
para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acudiera a dar
explicaciones sobre este caso y el envío del sumario de los ERE al
Tribunal Supremo, con la petición de depurar posibles responsabilidades
de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La detención de un exconsejero de Hacienda, Antonio Ojeda,
en una pieza separada de la investigación por los cursos de formación,
la presunción de que pudo acaparar hasta 50 millones de euros y el
descubrimiento de una cuenta bancaria en Luxemburgo han acabado por
disparar las alarmas de un escándalo que el PP ya tiene claro que dejará
en pecata minuta al de los ERE –cifrado por la jueza instructora en 855
millones de euros–. La oposición ha redoblado la presión y la Junta no
para de poner en marcha mecanismos para tratar de parar esta bola de
nieve. Este ambiente enrarece las relaciones de los socios de Gobierno. IU, ayer insistió en ello el portavoz José Antonio Castro, está preocupada porque le salpiquen estos escándalos y trata de marcar «un antes y un después» desde su entrada en el Gobierno, hablando de un pasado «oscuro, opaco y de prácticas repudiables». «El problema no lo tiene este Gobierno sino el PSOE», insistió Castro, que dejó la puerta abierta a una comisión de investigación
sobre este asunto pese a la experiencia fallida con los ERE y también
dejó claro que «no les temblará el pulso» si tienen que pedir que Chaves y Griñán acudan a dar explicaciones al Parlamento.
El PP sabe hurgar en esta herida con acusaciones a IU de ser «muleta
útil del PSOE para tapar la corrupción» o asegurando que «hoy hay más
corrupción en Andalucía que hace un año», cuando Díaz llegó al poder.
La Diputación Permanente del Parlamento anticipó ayer el tono bronco
que amenaza que adueñarse de un curso político electoral –hay
municipales en primavera– con la corrupción como argumento principal.
PSOE e IU habían pactado el día anterior una iniciativa conjunta que
llevará al consejero Luciano Alonso a comparecer en la Cámara una semana
antes de que comience el curso parlamentario. El titular de Educación,
que tiene bajo su tutela los fondos de formación que antes estaban en
Empleo, ha ido ofreciendo tímidamente algunos datos de la auditoría
interna que revisará todos los expedientes de las ayudas otorgadas entre 2007 y 2011. Un total de 8.505 expedientes.
Hace meses aseguró en la Cámara que ya se habían revisado 1.728 y se
había solicitado el reintegro de 56 ayudas no justificadas debidamente.
Desde entonces, el Gobierno andaluz se niega a dar más datos e incluso
ha pospuesto la entrega de información a 2015, cuando tiene previsto
terminar esta revisión.
En ese año muchas de las ayudas no podrán ser
reclamadas y si hay delitos habrán prescrito. No se sabe si la semana
que viene en el Parlamento Alonso romperá esa tónica de silencio. El
último gesto de la Junta ha sido publicar una lista de 1.195 empresas –según la Consejería de Economía– que en 2012 fueron exoneradas de presentar justificantes para optar a nuevas ayudas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario