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Mercedes Alaya, juez de instrucción del juzgado número 16 de Sevilla e instructora del caso de los ERE, ha dado el primer paso para la investigación de la administración paralela de la Junta de Andalucía cuya
"oficialización" ha llevado a los funcionarios y empleados públicos de
la Junta a manifestarse varias veces contra el enchufismo y la
arbitrariedad que consagra. Aunque es una nueva
línea de investigación en el caso de los ERE fraudulentos en la Junta
de Andalucía., la juez ha abierto otra pieza separada siempre en el seno
de la misma Consejería y la misma Dirección General, la de Trabajo. Al
no considerar tenga relación directa con los ERE, asume la existencia de
administración paralela en Empleo como una denuncia que debe canalizarse a través de otro Juzgado.
La juez Mercedes Alaya, acordó hace un
mes, remitir a reparto entre otros juzgados unos hechos denunciados por
la Junta y referentes a la supuesta «concertación» de la dirección
general de Trabajo para crear una plantilla de personal al margen de los
cauces legalmente establecidos.
En un auto que destacan ABC y El Mundo, la juez se refiere a la empresa UMAX Informática y Consultoría, que
realizó tareas para distintos directores generales de Trabajo y
secretaría general técnica por necesidades de externalización de sus
actividades, por lo que puso a disposición de la Junta a varios
trabajadores de dicha compañía. Entre
ellos se encontraban dos imputadas en la causa por los ERE falsos:
María José Rofa, exasesora de la dirección general de Trabajo con el
director general de Trabajo imputado Juan Márquez, y Rocío Sayago,
tramitadora de las ayudas investigadas.
Alaya considera que estos hechos, «efectivamente podrían ser constitutivos de delito pues
se viene a denunciar la supuesta concertación de la dirección general
de Trabajo con la entidad UMAX para crear una plantilla de personal al
margen de los cauces legalmente establecidos». Puesto en conocimiento de
la Fiscalía de Sevilla por los letrados de la Junta, se dio lugar a la
apertura de unas diligencias de investigación por su sección de Delitos
Económicos, y en marzo pasado fue aportado además a la causa de los ERE.
Sin embargo, Alaya
cree que esta nueva causa «no guarda relación con el objeto de la causa
principal» por los Expedientes de Regulación de Empleo, por lo que ha acordado remitirlo a reparto del Decanato de los Juzgados para que lo investigue otro juez de Sevilla.
Hay tres administraciones que operan simultáneamente en la Junta de Andalucía. La
primera, es la legal, la que se compone de personas que hacen
oposiciones y pruebas adecuadas para formar parte de la plantilla de los
empleados públicos.
Una segunda, paralela, es
la que forman todos los contratados por empresas públicas, fundaciones y
entes diversos de escala local y regional, que han sido contratados sin
cumplir los requisitos mínimos legales, técnicos y constitucionales.
Pero hay una tercera, otra administración paralela en Andalucía, compuesta
por un número indeterminado de personas que forman parte de empresas
privadas que o bien trabajan dentro de la Junta con despachos en la
Junta o bien reciben encomiendas de gestión de la Junta.
La Administración paralela no existe sólo en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Largamente
y tenazmente construida, desde antes incluso de la fundación oficial de
la Junta de Andalucía, la conocida como Junta preautonómica, el PSOE,
ante la evidencia ya de la crisis económica, necesitó oficializarla de
algún modo para evitar la liquidación y el despido de los más de 35.000
empleados que ha incluido como personal que pende de empresas públicas,
fundaciones, agencias y empresas privadas externas en igualdad de
condiciones, no pocas veces en condiciones superiores, que funcionarios
y laborales de la Junta.
La crisis obligó a Griñán a "oficializarla" para evitar miles de despidos
Con la crisis por pantalla, la
Junta aprobó el decreto 5/2010 de 27 de julio por el que se aprobaban
medidas urgentes en materia de reordenación del sector público que
perseguía "hacer fijos" a los "enchufados" en el entramado de empresas
públicas, según denuncia de los sindicatos profesionales ycomo publicó en exclusiva Libertad Digital en octubre de 2010.
Los sindicatos UGT y CCOO, sin embargo, muchos de cuyos efectivos
están incluidos en el personal de la administración paralela (por poner
un ejemplo, el actual secretario general de la UGT Andalucía era
empleado de la empresa pública Egmasa), apoyaron la reforma Griñán. Aunque CCOO
interpuso un recurso contra la reordenación de Griñán luego actuó de
otra manera. Según otras fuentes sindicales, los sindicatos mayoritarios
quisieron que se consolidaran el empleo de todos sus "enchufados" en
las Unidades territoriales comarcales de Empleo y consolidar el empleo
de los colocados en la Fundación Fondo Formación, uno de los viveros de
recursos del entramado laboral socialista.
En
definitiva, se ha tratado de deslegalizar la regulación de la Función
Pública y evitar su control, usurpando el Gobierno socialista de la
Junta las competencias que la Constitución atribuye a la Ley. El precio
pagado por el Gobierno de Griñan a los sindicatos a cambio de su apoyo y
legitimación se concretaba en dos aspectos:
1º.- La Junta de Andalucía los reconoce como interlocutores privilegiados y exclusivos en todo el tema de la "reordenación", trasladando
a éstos unas facultades que el Estatuto Básico del Empleado Público
reconoce a otros órganos de representación. Así, la Mesa General de
Negociación de la Función Pública –máximo órgano de representación del
personal- veía usurpadas sus funciones y competencias en virtud de este
acuerdo. Y en el único punto donde se reconoce la legitimidad de dicho
órgano, se hace subordinándola a la de los sindicatos firmantes del
acuerdo; de tal modo que se despreciaba la representación legal del
funcionariado y se reducía su intervención a un mero "paripé". Así, los
sindicatos firmantes obtenían por donación graciosa del Gobierno una
representación y una capacidad de interlocución que ni la Ley ni los
votos de los funcionarios les habían otorgado.
2º.- Además,
en virtud de la claúsula 16ª, la Junta se comprometía a blanquear el
empleo, no sólo de los veintitantos mil empleadosde las empresas y
fundaciones públicas, sino el de todo el personal contratado a través de
la "externalización", es
decir, todo aquél que trabaja en empresas contratadas o subcontratadas
mediante contratos administrativos de prestación de servicios, o de
asistencia técnica, o de consultoría, o mediante personalmente,
contratos específicos. Así este personal también pasará a formar parte
de las agencias empresariales que se vayan creando en desarrollo y
aplicación del plan de privatización de los servicios y del empleo
público.
Doterceras partes del dinero de las Consejerías va a la Administración paralela
Se demostró en 2010 que de
los 27.000 millones de euros que se destinaban a las Consejerías, más
de 19.000 iban destinados a este tipo de entidades sin control.
El análisis del presupuesto elaborado por la Asociación ‘Defiendo mi derecho y la gestión pública’
mostró la arbitrariedad de los criterios que rigen el presupuesto de la
Junta. Así, por ejemplo, entre los colectivos más beneficiados por el
reparto de fondos públicos destacaba la Fundación Barenboim-Said, que
recibió 2.400.000 euros, en plena crisis económica. La fundación
impulsada por el músico, amigo personal de Manuel Chaves, recibiría casi
cuatro veces más que los juzgados de paz andaluces. Como se sabe,
Sonsoles Espinosa, la mujer del presidente Zapatero, participaba en ella
sin que se sepa bien por qué, aunque se supone que no es por calidad
artística en la especialidad de canto.
De esas cuentas se desprendía que en los juzgados de paz, en todos los
de Andalucía, de los que decía el Defensor del Pueblo que "constituyen
una "zona de sombra" en el panorama judicial del Estado, por la
precariedad de medios con que cuentan, se invertirían sólo unos 708.000
euros, menos de la tercera parte que lo que se gastará en la Fundación
Baremboim-Said.
Más modesta aún era la subvención que llega a la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, que ingresaría 80.000 euros. En cambio, la
Junta hacía un esfuerzo económico mucho mayor con las víctimas de la
dictadura, a las que iba a destinar casi un millón de euros, 949.107
euros. No obstante, la cifra es todavía mucho menos de la mitad de lo
que recibe la Fundación de Barenboim.
Entre las empresas públicas más beneficiadas por la Junta destacaba Egmasa, ya
convertida en agencia oficial, que dependía de la Consejería de Medio
Ambiente. A través de transferencias corrientes y de capital ingresaría
unos 167 millones de euros. Egmasa era
la empresa que realizó obras en varios institutos andaluces antes de las
elecciones autonómicas el año 2000, a un coste superior al del mercado y
sin atender las prioridades de los centros.
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