“Hemos adoptado una postura que va mucho más allá de una mera declaración institucional de apoyo a los afectados”, señaló el concejal del Área de Consumo, Jacobo Camarero, que censuró duramente la actitud de la cúpula directiva de las entidades financieras implicadas. El edil de la formación de izquierdas manifestó que las participaciones preferentes fueron deliberadamente concebidas como un producto financiero especialmente indicado para unos clientes, unos buenos clientes, con un perfil muy claro de ahorradores; “se vendieron como un plazo fijo cuando, en realidad, se trata de un producto perpetuo; no se advirtió en ningún momento de los riesgos que corría tal inversión, como aconsejó la CNMV; no se hizo ningún test de conveniencia; y, no contentos con ello, ahora quieren imponer unas presuntas soluciones a la medida de los intereses de la gran banca”, declaró el concejal de Izquierda Unida.
La propuesta de la formación izquierdista enunciaba una relación de objetivos y una serie de medidas de presión para conseguirlos; entre los primeros, figura la conversión de las preferentes en un plazo fijo, como ya han hecho Cajasur, Mare Nostrum y BBK, o, como en el caso de Banesto, en la emisión de bonos convertibles con vencimiento a tres años, al cabo de los cuales el cliente tendrá a su disposición el capital invertido (más los intereses generados, naturalmente). Soluciones muy diferentes han propuesto otras entidades, como Banca Cívica o La Caixa, en las que obligaciones y bonos acaban por convertirse en acciones, “con el consiguiente riesgo que ello representa para un ahorrador, convertido de la noche a la mañana en inversor, y no en un inversor cualquiera, sino en un inversor en activos tóxicos”, sentenció Jacobo Camarero.
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