sábado, 26 de mayo de 2012

una buena noticia

Diego Valderas, ha anunciado este viernes el aplazamiento del decreto que sustenta el plan de ajuste presentado por el Gobierno andaluz, "unos díez o quince días", para negociar con todos los sindicatos el recorte salarial a los trabajadores públicos y poder buscar "elementos de consenso y de alternativas". En rueda de prensa acompañado por el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, Valderas ha indicado que existe "tiempo suficiente" para dicha negociación, dado que aún no se han aprobado de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Valderas ha agregado que dicho aplazamiento ha sido una propuesta formulada por los consejeros de IULV-CA en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ha señalado que en el decreto del plan de ajuste se debe dar un "mayor margen de ejemplaridad" para los altos cargos de la Junta, cuyo "sacrificio debe estar por encima de cualquier funcionario o empleado público", añadiendo que en ningún caso se debe tocar a los 'mileuristas' de la administración. Precisamente esta mañana el sindicato CSIF se había referido a esta suspensión citando fuentes de la Junta. Según el sindicato de los funcionarios, el gobierno andaluz les había comunicado su intención de "suspender" la aprobación del decreto que desarrolla el plan de ajuste, incluidas las relativas a retribuciones y cuestiones laborales, para seguir con la negociación con los sindicatos. Según ha indicado el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, "nos dicen que el próximo martes estaba previsto que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto que desarrollaría el plan de ajuste", que contempla medidas relativas al empleo y retribuciones de los empleados públicos, algo que estaba siendo negociado entre el Gobierno andaluz y los sindicatos. Heredia ha indicado que "finalmente el decreto no va a ir al Consejo de Gobierno de la próxima semana, se suspenderá esta nueva aprobación del plan de ajuste y se abrirá un nuevo proceso de negociaciones entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos"
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