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El grupo empresarial del ex consejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda impartió un curso de administración y marketing dirigido a ex trabajadores de Delphi entre 2009 y 2010 sin dar de alta a los monitores. Así lo descubrió la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, que levantó un acta de infracción al hallar un descubierto con las arcas públicas de 13.901,17 euros desde septiembre de 2009 a febrero de 2010.
El 17 de febrero de 2010, un inspector de trabajo acudió a la sede de la empresa Educanet, en El Puerto de Santa María, y allí encontró que los tres monitores-profesores contratados por cuenta ajena para impartir un curso de formación financiado por la Junta de Andalucía no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
El curso de formación versaba sobre administración y marketing y estaba dirigido a antiguos trabajadores de la multinacional Delphi. Lo financiaba la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, que había concedido a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas la realización del curso 5D/2009 para formar a los ex trabajadores de Delphi entre el 1 de septiembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010.
Humanitas es una de las asociaciones del entramado del ex consejero Ojeda y, a pesar de ser la beneficiaria de la adjudicación del curso, no era la que impartía la actividad. Para ello firmó un contrato de prestación de servicios con la mercantil Educanet, también del entramado empresarial de Ojeda. Según se decía en el contrato, esta segunda sociedad disponía «de recursos didácticos, instalaciones, infraestructuras y profesores necesarios para el adecuado desarrollo de sus servicios». Ambas entidades están domiciliadas en el domicilio particular de Ojeda en Sevilla capital, según señala la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
Para impartir el curso adjudicado a Humanitas, la sociedad Educanet contrató a cinco monitores-profesores. Los contratos tenían vigencia desde el 9 de septiembre de 2009 al 28 de febrero de 2010. A dos de los profesores se les hicieron contratos mercantiles, es decir, debían desempeñar su trabajo por cuenta propia como autónomos. A los otros tres se les realizaron contratos laborales, es decir, por cuenta ajena, siendo el empleador la sociedad mercantil Educanet SL. Estos tres monitores-profesores eran S.V.G., E.R.M. y D.G.H. y ninguno de ellos estaba en esos momentos, cuando estaba a punto de finalizar el curso, dado de alta en la Seguridad Social.
El inspector de trabajo dejó claro en su informe que «los citados trabajadores no están dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, pese a que se inicia la prestación de servicios por cuenta de la citada empresa el 9 de septiembre de 2009». Tras enumerar un amplio catálogo de infracciones legales, el inspector formuló un acta de liquidación de «deudas por las cuotas de la Seguridad Social y otros conceptos de recaudación conjunta». Así, el inspector cifró en 13.901,17 euros el importe de la deuda de Educanet con el erario público, correspondiente al principal del débito más un recargo del 20%, intereses y costas.
Cuando se produjo aquella inspección y se detectaron las irregularidades, aún faltaban cuatro años para que estallara el caso Ojeda. De hecho, la Junta de Andalucía continuó financiando al entramado de Ojeda con cuantiosas subvenciones para impartir cursos de formación. Uno de los requisitos fundamentales para poder obtener subvenciones es estar al día en el pago de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
Tanto el acta de la inspección de la Seguridad Social como el informe policial que refleja que los trabajadores no se dieron de alta figuran en el sumario del caso de los cursos de formación que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
La juez imputa a Ojeda presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. El primer informe de la UDEF de la Policía Nacional aludía a un presunto fraude de más de 50 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación concedidas a empresas de Ojeda. El ex consejero de Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía -lo fue de 1987 a 1990- fue detenido por la Policía el 4 de agosto pasado en una operación realizada en su chalet de veraneo en Sanlúcar de Barrameda y cuando la juez Alaya estaba ya investigando las subvenciones al entramado.
El grupo empresarial del ex consejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda impartió un curso de administración y marketing dirigido a ex trabajadores de Delphi entre 2009 y 2010 sin dar de alta a los monitores. Así lo descubrió la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, que levantó un acta de infracción al hallar un descubierto con las arcas públicas de 13.901,17 euros desde septiembre de 2009 a febrero de 2010.
El 17 de febrero de 2010, un inspector de trabajo acudió a la sede de la empresa Educanet, en El Puerto de Santa María, y allí encontró que los tres monitores-profesores contratados por cuenta ajena para impartir un curso de formación financiado por la Junta de Andalucía no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
El curso de formación versaba sobre administración y marketing y estaba dirigido a antiguos trabajadores de la multinacional Delphi. Lo financiaba la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, que había concedido a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas la realización del curso 5D/2009 para formar a los ex trabajadores de Delphi entre el 1 de septiembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010.
Humanitas es una de las asociaciones del entramado del ex consejero Ojeda y, a pesar de ser la beneficiaria de la adjudicación del curso, no era la que impartía la actividad. Para ello firmó un contrato de prestación de servicios con la mercantil Educanet, también del entramado empresarial de Ojeda. Según se decía en el contrato, esta segunda sociedad disponía «de recursos didácticos, instalaciones, infraestructuras y profesores necesarios para el adecuado desarrollo de sus servicios». Ambas entidades están domiciliadas en el domicilio particular de Ojeda en Sevilla capital, según señala la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
Para impartir el curso adjudicado a Humanitas, la sociedad Educanet contrató a cinco monitores-profesores. Los contratos tenían vigencia desde el 9 de septiembre de 2009 al 28 de febrero de 2010. A dos de los profesores se les hicieron contratos mercantiles, es decir, debían desempeñar su trabajo por cuenta propia como autónomos. A los otros tres se les realizaron contratos laborales, es decir, por cuenta ajena, siendo el empleador la sociedad mercantil Educanet SL. Estos tres monitores-profesores eran S.V.G., E.R.M. y D.G.H. y ninguno de ellos estaba en esos momentos, cuando estaba a punto de finalizar el curso, dado de alta en la Seguridad Social.
El inspector de trabajo dejó claro en su informe que «los citados trabajadores no están dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, pese a que se inicia la prestación de servicios por cuenta de la citada empresa el 9 de septiembre de 2009». Tras enumerar un amplio catálogo de infracciones legales, el inspector formuló un acta de liquidación de «deudas por las cuotas de la Seguridad Social y otros conceptos de recaudación conjunta». Así, el inspector cifró en 13.901,17 euros el importe de la deuda de Educanet con el erario público, correspondiente al principal del débito más un recargo del 20%, intereses y costas.
Cuando se produjo aquella inspección y se detectaron las irregularidades, aún faltaban cuatro años para que estallara el caso Ojeda. De hecho, la Junta de Andalucía continuó financiando al entramado de Ojeda con cuantiosas subvenciones para impartir cursos de formación. Uno de los requisitos fundamentales para poder obtener subvenciones es estar al día en el pago de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
Tanto el acta de la inspección de la Seguridad Social como el informe policial que refleja que los trabajadores no se dieron de alta figuran en el sumario del caso de los cursos de formación que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
La juez imputa a Ojeda presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. El primer informe de la UDEF de la Policía Nacional aludía a un presunto fraude de más de 50 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación concedidas a empresas de Ojeda. El ex consejero de Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía -lo fue de 1987 a 1990- fue detenido por la Policía el 4 de agosto pasado en una operación realizada en su chalet de veraneo en Sanlúcar de Barrameda y cuando la juez Alaya estaba ya investigando las subvenciones al entramado.
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