Alaya es una juez tan célebre o más que sus homólogos de la Audiencia Nacional.
La magistrada sevillana es tan conocida como los Santiago Pedraz, Pablo
Ruz o Eloy Velasco, que instruyen algunas de las causas más importantes
en España contra la corrupción, como la trama Gürtel o los papeles de
Bárcenas, el ex tesorero del PP. Se trata de jueces destinados en alguno
de los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
En los últimos años, se han producido ocasiones en las que el
juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que dirige Alaya desde
hace 15 años, parece que se asemeja más en su funcionamiento a un
juzgado central de Instrucción –no se sabe si con competencias en
Andalucía o en toda España– que a un órgano que, en principio, debería
estar centrado en investigaciones que afectan a la provincia de Sevilla.
Cierto es que la juez Mercedes Alaya instruye, con un gran esfuerzo
profesional, personal y familiar, la macrocausa por el escándalo de los
ERE fraudulentos, que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil a practicar detenciones en distintas provincias
españolas. A este juzgado sevillano han sido trasladados para prestar
declaración personas arrestadas en Madrid, Barcelona o Cádiz, por
ejemplo, en el marco de las distintas operaciones policiales llevadas a
cabo en los casi cinco años de instrucción que están a punto de
cumplirse.
Pero también es cierto que el juzgado de Alaya se ha revestido,
bien debido a la propia naturaleza de la investigación o quizás en algún
caso por un supuesto afán de notoriedad, de las características que
rodean a esos órganos judiciales que tienen encomendados por ley esas
particularidades que les convierten en juzgados especiales.
No es la primera vez que Alaya apunta alto. Un ejemplo reciente. La instructora no ha dudado en dirigir un oficio al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó,
ordenándole que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de
la Policía “cese de inmediato” las actuaciones que venía desarrollando
en torno a la investigación de los cursos de formación, una causa que no
sólo investiga Alaya sino otros tantos juzgados andaluces y del resto
del país.
Esta actuación ha sido reprochada a la magistrada sevillana por la
Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido su decisión de arrebatar la
investigación a la UDEF y entregársela a la UCO. Entre los argumentos
para pedir a Alaya que corrija su decisión, el fiscal le ha recordado
expresamente que su ámbito de actuación no es andaluz. El Ministerio
Público argumentó en su escrito que Alaya no puede decidir qué cuerpo
policial debe o no investigar en las distintas causas que se hallan
“bajo la suprema autoridad” de otros juzgados. Es decir, que tan
competente es Alaya como el juez de Málaga o de Granada que están
investigando las irregularidades en los cursos de formación y que, a
diferencia que la magistrada sevillana, cuentan con el auxilio de la
UDEF para llevar a cabo las pesquisas relacionadas con el fraude.
Dicen que la magistrada va a rectificar esa polémica orden dirigida a la
Policía y que, siguiendo el criterio pacificador de la Fiscalía, va a
restringir el cese de esa investigación a aquellas actuaciones que
únicamente afecten a la investigación de su juzgado. Pero el daño ya
está hecho.
La Fiscalía Anticorrupción no ha sido la única que ha reprochado la actitud de Alaya. La
Junta de Andalucía, a la que tanto daño político generan las
investigaciones de la juez, también le ha reprochado su forma de dirigir
la instrucción de los cursos.
El Gobierno andaluz, que ha iniciado una batalla legal para apartar a Alaya de la investigación de los cursos de formación
–al estimar que la magistrada se “autoatribuyó el caso cuando debía
haberlo enviado al decanato para su reparto entre otros órganos
judiciales–, sostiene que el juzgado de Alaya se ha constituido en una
“suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor
de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan
en el ámbito de la formación dentro de la consejería de Empleo de la
Junta” y dando lugar a la formación de una “causa general” contra la
Administración autonómica.
Hay quien incluso bromea ya diciendo que el juzgado de Alaya se ha
convertido en el “juzgado central de Instrucción número 6 de Andalucía”.
Alaya tiene una proyección aparentemente brillante en la carrera
judicial. Juez “incansable” donde los haya, por utilizar la
expresión que ella misma acuñó, no tengo dudas de que la labor que a
diario realiza es cuando menos similar a la de sus homólogos de la
Audiencia Nacional, pero hoy por hoy no existe el ‘juzgado central’ de
Alaya. Aunque todo se andará…
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1 comentario:
Hablanos del sur de su vida de sus gentes, por cierto firmaste la petición de indulto de pacheco, pusiste en tu asociación la lista para recoger firmas, hay pillin que de eso no has dicho ni mú, no te everguenzes si eso lo han hecho la mayoría de representantes vecinales.
El Zorro con amor.-
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