Siete días y más de 30 horas de declaración ante Alaya

Siete días y más de 30 horas han sido necesarias para interrogar al testigo principal de los cursos de formación. Teodoro Montes El turno de preguntas se cerró con la defensa del exconsejero Ángel Ojeda –imputado junto con el que fuera responsable de Empleo Antonio Fernández–, del que el funcionario aseguró que montó todo un emporio empresarial gracias a los fondos logrados con la realización de los cursos. Según explicó, el dinero destinado para las acciones formativas en general era excesivo, pues a su juicio con una tercera parte menos hubiera bastado. Esto permitió que algunas entidades y empresas que impartieron ciertos cursos se hicieran ricos. La jueza Mercedes Alaya le reclamó todos los informes que haya realizado sobre estas irregularidades. El jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes, continuó ayer con su relato de irregularidades, que han puesto sobre la mesa de la magistrada la que a buen seguro será la mayor macrocausa sobre corrupción

El jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes, continuó ayer con su relato de irregularidades, que han puesto sobre la mesa de la magistrada la que a buen seguro será la mayor macrocausa sobre corrupción. El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, fue el encargado de realizar ayer las preguntas al testigo –aunque la jueza y el abogado de Fernández también puntualizaron algunas– al que reconoció que no conocía a Ojeda personalmente, pero que era de sobra conocido, tanto por vías externas como por la prensa, su vinculación con el PSOE y con la que fue directora general de Formación, Teresa Florido, que es su cuñada. Para el funcionario, según explicaron fuentes del caso, esto hizo que recibiera un trato de favor que le permitió tener un «emporio», gracias a los beneficios obtenidos con la formación.
Montes, tras ser cuestionado por el letrado por los motivos que le hacen hablar de privilegios hacia las empresas de Ojeda, precisó que con una intensidad «inusitada» se ha tratado de obtener por parte de Prescal y demás empresas de Ojeda el mayor número de homologaciones posibles, y en esto la influencia de Florido pudo ser clara. Esta agilidad es la que denominó como un trato singular con respecto al resto de entidades formativas.
El abogado le planteó entonces si el hecho de que las empresas de Ojeda obtuvieran más cursos que otras se debía a que tiene más capacidad para prestarlas dados los recursos invertidos en instalaciones, materiales o personal. Sin embargo, la respuesta del funcionario fue que para contestar habría que preguntarse si fue primero la gallina o el huevo, pues a su juicio el emporio lo ha obtenido gracias a los rendimientos obtenidos en la formación y por el trato recibido. Para ello explicó como cuando visitó uno de los centros que Ojeda tenía en Sevilla encontró numerosas deficiencias de homologación, por lo que de ahí al entramado que actualmente tiene formado hay «un camino difícil de justificar», no ya por la estructura, sino por el origen de esta, es decir, los fondos públicos. A esto añadió que por el hecho de tener varios inmuebles específicos no justifica el que reciba más acciones formativas. Con dinero público todo es posible, dijo.

gastos inflados. En su declaración, Montes también hizo alusión a lo bien pagado que estaban estos cursos por parte de la Junta, ya que a su juicio se pueden realizar estas actividades con un tercio menos de la cantidad con la que se les dotaba. Así, relató como las entidades tenían varias vías para obtener beneficios con los cursos. La primera era distorsionando el gasto y la cantidad necesaria de material, capítulo en el que se producen bastantes irregularidades pues o no se daba el material, se reutilizaba o se indicaban compras de cantidades indigentes. Esta era la parte en la que la entidad obtenía más beneficio, pues no siempre se justificaba. En este sentido, puso un ejemplo unos cursos de carnicería donde una entidad proponía como necesario miles de kilos más de carne para las prácticas de los alumnos que otra. Se hicieron «ricos» quienes lo impartieron, llegó a afirmar.
La otra vía era la contratación de los monitores, pues se llegaba a proponer al docente, «bajo cuerda», una cantidad irrisoria, que suponía el pago de entre un 20 y un 25 por ciento de lo estipulado. En su departamento llamaban «subnormal» a la entidad que no se quedaba con el 100 por ciento de lo otorgado.