La Junta de Andalucía liberó tanto a la patronal como a los dos principales sindicatos, UGT y CC.OO., de tener que justificar subvenciones concedidas para cursos de formación por un valor en torno a los 200 millones de euros.
Así se deduce del repaso a la lista de exoneraciones publicada hace
unos días por el Gobierno regional «para total transparencia». Dos años
después, eso sí. En ese listado, las entidades más favorecidas con esta
medida tomada bajo la presidencia de José Antonio Griñán son las centrales sindicales, aunque también hasta 11 expedientes de ayudas para cursos de formación para el empleo a la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA) fueron exonerados de tener que justificarse en su momento para
seguir optando a más subvenciones. Sindicatos y patronal pudieron seguir
recibiendo dinero público sin necesidad de justificar esos expedientes.
La CEA, de una parte, quedó exenta de justificar esa decena
larga de expedientes de ayuda de la administración autonómica para
cursos por un valor total de 79.349.637,5 euros.
Un dinero procedente de subvenciones que ocupan desde 2008 —hay una de
ese año por valor de 17,9 millones—, hasta 2011. Se incluyen la citada
de 2008, otra más de 2009 de 2,8 millones, cuatro de 2010 y cinco de
2011, último ejercicio en que el ejecutivo regional concedió ayudas
públicas para formación para el empleo. En total, esos 79,3 millones a
los que no se le puso la lupa.
Más de cien millones
En cuanto a los dos principales sindicatos, las cantidades se trasladan ya por encima de los cien millones liberados de pasar por la fiscalización correspondiente para poder seguir optando a subvenciones. La Consejería de Empleo, de este modo, exoneró a UGT, por ejemplo, de tener que justificar 25 expedientes de concesión de ayuda que suman como mínimo (no hay detalle de todos los expedientes) 62 millones de euros,
a los que hay que añadir los casi 700.000 euros para cursos que la
Junta concedió al Instituto de Formación y Estudios Sociales, ente de la
órbita de la UGT. Por su parte, CC.OO. fue liberada de tener que justificar un total de 16 expedientes de subvención, alguno de más de 8 millones de euros, que sumados vienen a suponer algo más de 50 millones de euros. Con todo, no todos los expedientes han podido ser contabilizados al faltar también datos sobre las cantidades.
El documento de las exoneraciones está rubricado por el entonces consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ya imputado por la juez Mercedes Alaya
en el caso de los ERE fraudulentos. Esa resolución de Ávila rubricada
el 11 de diciembre de 2012 ha permanecido oculta durante casi dos años,
algo que el Gobierno andaluz ha justificado en que la difusión «no era
obligatoria».
3 comentarios:
Esto ha sido un asalto en toda regla consentido a los fondos publicos para ayudar a parados y formar a personas. Hablamos de 320,000.000.000 millones de pesetas, con eso se compran muchas casas en la playa, pisos en Sevilla, caballos, casas en el Rocio......., un expolio que necesita de un escarmiento
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Antonio Sanz asegura que la provincia «sólo es noticia» por estafas a los parados y el consejero Alonso confirma que comparecerá el jueves
IU advierte de que no consentirá un adelanto electoral para tapar los escándalos
La corrupción se pone en mitad de todo
La corrupción política, representada por el presunto fraude millonario en ayudas a cursos para parados y encarnada por el exconsejero de Hacienda jerezano Ángel Ojeda Avilés se han situado en mitad del escenario político andaluz. Ni la sordina que las vacaciones de agosto suelen poner al vocerío de los partidos ha conseguido atenuar el escándalo. De hecho, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, aseguró ayer que al cumplirse un año de la gestión de Susana Díaz al frente del Gobierno andaluz, «la provincia sólo ha sido noticia por la corrupción política y económica vinculada al PSOE». Sanz recuerda que Cádiz ha sido la única provincia en la que «todo lo vinculado a fondos para los parados ha acabado en corrupción» y cita para respaldar su argumento los casos Bahía Competitiva, ERE y los cursos de formación. «Comparten un 'modus operandi'. Son tres fondos de reptiles y un máster en robo a los parados».
Con estos precedentes, el diputado gaditano afirma que Susana Díaz «no ha sido más que una prórroga del peor pasado del PSOE». En este sentido, afirma que es «una presidenta asfixiada por la corrupción», ya que después de un año «hay más corrupción que antes de que ella llegara a la Presidencia» y añade que «tiene la corrupción a las puertas de su despacho». Considera Sanz que el Gobierno de la Junta está «paralizado» que no ha aportado «ni una sola solución a los gaditanos». La presencia de un consejero gaditano, Manuel Jiménez Barrios, en el ejecutivo autonómico le parece «frustrante» y «vacía». «No ha servido para nada a la provincia, es ajeno a Cádiz. Está muy preocupado por el poder de Susana Díaz y nada por los problemas de los gaditanos».
El socio se desmarca
Pero el Partido Popular, la oposición autonómica, no es la única formación en colocar la corrupción en el centro del debate. El coordinador general de la coalición en Andalucía, Antonio Maíllo, advirtió ayer de que si alguien quiere tapar los escándalos con un adelanto electoral «se equivoca» y afirma que sus previsiones para el curso político 2014-2015 que ahora arranca «no contemplan unas elecciones». «Si alguien pretende adelantar las elecciones hablando de presupuestos pero en realidad lo que quiere es evitar que se conozca todo lo relacionado con la corrupción, se equivoca. Estando IU en el Gobierno vamos a garantizar que no se impida que se conozca lo que ha ocurrido con la corrupción», dice Maíllo.
Para completar el diálogo entre partidos con la corrupción de fondo, el consejero de Educación, Luciano Alonso, confirmó ayer que comparecerá el jueves a petición propia y del PSOE e IU en el Parlamento regional para informar de las irregularidades detectadas en las subvenciones y ayudas a cursos de formación a desempleados, con especial incidencia en la provincia de Cádiz.
Esta comparecencia ha sido acordada hoy por la Mesa de la Comisión de Educación después de que la semana pasada los grupos parlamentarios de PSOE-A e IU registraran de forma conjunta la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria en la que Alonso informara de estas irregularidades.
La Diputación Permanente de la Cámara dio el visto bueno la semana pasada a tramitar la petición de comparecencia y ayer la Mesa de la Comisión ha acordado que comparezca el consejero, quien lo hará también a petición del Consejo de Gobierno andaluz, según informaron fuentes parlamentarias.
La sociedad Sifa, perteneciente al Grupo Sifu y de cuya oficina en Málaga es gerente el primo del consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, asegura que las 48 exoneraciones de las que se benefició en la última convocatoria de la Administración autonómica están «absolutamente justificadas» y que, además, son «a centros especiales de empleo y no a formación».
Fuentes del Grupo Sifu destacan que haber sido exoneradas por la Junta de Andalucía no significa que no hayan justificado las subvenciones recibidas porque «sí que están justificadas absolutamente todas las ayudas entre 2009 y 2012» que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno andaluz esta semana. Las mismas fuentes explican que el Grupo Sifu está especializado en la integración laboral de personas con discapacidad y que cuenta, además de con 20 años de experiencia en el sector, con una plantilla de más de 3.000 profesionales en todo el país.
Además, recalcan que el primo del consejero Luciano Alonso es sólo «el apoderado de Sifa» y un «simple gerente» en la oficina que esta sociedad tiene en Málaga. «Ni es un representante ni es un directivo, es un simple gerente», insisten desde el Grupo Sifa, que aparte de la oficina de Málaga tiene otras tres en la comunidad en Granada, Sevilla y Córdoba.
Por otro lado, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez, mostró ayer su «indignación» por «la gravedad de que el Ayuntamiento y Emsisa hayan sido incluidas en el listado de instituciones y empresas a las que la Junta ha perdonado la justificación de subvenciones de cursos formación».
El Consistorio chiclanero defiende que «los chanchullos del PSOE no pueden afectar a los chiclaneros, porque el Ayuntamiento de Chiclana lo ha justificado todo, a pesar de que aún no ha cobrado una parte importante».
La Asociación Autismo Cádiz también ha confirmado que ha documentado y justificado cualquier subvención. Además, recuerda que la administración sólo ingresa el 75% del importe concedido, y una vez justificados los gastos, la Junta ingresa el 25% restante. «Hemos presentado todas las justificaciones hace más de dos años», recuerda la presidenta del colectivo, Mayka López.
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