lunes, 8 de septiembre de 2014

La plena consciencia

La Junta de Andalucía no sólo exoneró por sistema a cientos de empresas, a los sindicatos y la patronal andaluza de justificar en tiempo y forma las multimillonarias subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo. Uno de los mayores agraciados con las exceptuaciones generalizadas fue el propio Gobierno andaluz, que fue eximiendo año tras año a sus fundaciones de la justificación de las ayudas públicas, con los preocupantes resultados ya corroborados por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Al menos tres de las fundaciones públicas que integraban la tupida Administración paralela de la Junta se han beneficiado de esa medida de gracia a la que, conforme a la Ley de Subvenciones, el Ejecutivo regional sólo podía recurrir excepcionalmente, pero que se convirtió en regla general en la gestión de los expedientes de la formación profesional. Se trata, en concreto, de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (más conocida como Faffe), la Fundación Audiovisual de Andalucía y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

Las tres entidades figuran en diversas resoluciones firmadas sucesivamente por los ex consejeros socialistas de la Junta Antonio Fernández (imputado ya por la juez instructora Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude masivo de la formación), Manuel Recio y Antonio Ávila (ambos parlamentarios autonómicos y, por lo tanto, aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). Se puede ver en la página web de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz, donde por orden de Susana Díaz se han ido colgando en los últimos días los anexos con la relación de exonerados entre diciembre de 2009 y diciembre de 2012 una vez que EL MUNDO había revelado el contenido de las últimas exoneraciones opacas aprobadas por el bipartito andaluz.
Tanto la Faffe como Faisem y la Fundación Audiovisual -patrocinada por la RTVA- figuran entre las eximidas de justificar las ayudas en la primera resolución firmada por Antonio Fernández y en la última, que lleva la rúbrica de Antonio Ávila. En esta última, atendiendo a la numeración de los expedientes, se puede comprobar cómo las dos últimas fundaciones citadas, Faisem y la Audiovisual, habían sido exoneradas por ayudas concedidas a lo largo de distintas convocatorias anuales de subvenciones de la Junta de Andalucía.
El caso de Faffe es, sin duda, el más sangrante de todos teniendo en cuenta el demoledor informe hecho público el pasado mes de enero por la Cámara de Cuentas, que en un muestreo aleatorio a las ayudas para la formación otorgadas entre los años 2009 y 2010 detectó casi 49 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo sobre los que «no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello», por lo que «podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables».
Según los inspectores del órgano fiscalizador que preside Antonio López, los expedientes de la muestra de subvenciones nominativas a la Faffe ascendían a 24.577.231,59 euros en 2009 y a 24.321.223,95 en 2010. Cuando se revisaron las ayudas, se comprobó que parte de los cursos subvencionados no se habían iniciado o estaban pendientes de finalizar.
La exoneración firmada el 11 de diciembre de 2012 por el ex consejero de Economía, Innovación, Cienca y Empleo Antonio Ávila no sólo habilita jurídicamente a la Faffe para justificar ese incumplimiento ante el Parlamento, sino que confirma del Consejo de Gobierno andaluz respecto al descontrol en las ayudas estando ya IU-CA cogobernando con el PSOE, aunque desde la federación de izquierdas que encabeza Antonio Maíllo presumen de que todas las prácticas irregulares en Empleo se erradicaron con su entrada en el Ejecutivo autonómico. La relación de los beneficiarios de las exoneraciones masivas hecha pública por Susana Díaz lo desmiente. Y ratifica que es la Junta, y no muchos de los empresarios ahora señalados, quien incumplió sus propias exigencias legales.
la plena consciencia

Lebrija Solidaria y la Fundación Alfonso Perales, también eximidas

Dos fundaciones de la órbita del PSOE andaluz, la constituida en memoria de Alfonso Perales y Lebrija Solidaria, figuran también entre las beneficiarias de las exoneraciones acordadas por la Junta de Andalucía a la hora de justificar las subvenciones de formación para el empleo otorgadas por la Administración autonómica.
La Fundación Alfonso Perales figura en la relación de entidades eximidas de justificar en tiempo y forma una ayuda autonómica otorgada en 2009, según el expediente relacionado. Y lo fue gracias a la última exceptuación masiva aprobada por la Junta, concretamente a la firmada en diciembre de 2012 por el ex consejero de Economía Antonio Ávila, quien figura entre los patronos de la citada fundación, aunque fue nombrado a posteriori, una vez había abandonado la Consejería.
La Fundación Alfonso Perales, que ha participado activamente en el diseño del modelo federal para el Estado español que propugnan -vía reforma constitucional- Pedro Sánchez y Susana Díaz, cuenta en su patronato con otros destacadísimos representantes del socialismo andaluz, como los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Rafael Escudero o la ex presidenta del PSOE-A Amparo Rubiales. Griñán y Rubiales accedieron al cargo junto a Ávila; después, por lo tanto, de la concesión de la ayuda y de la exoneración.
Por su parte, la Fundación Lebrija Solidaria, estrechamente vinculada al PSOE de esta localidad sevillana del Bajo Guadalquivir y que, como desveló hace dos años y medio EL MUNDO, ha recibido subvenciones de la antigua Consejería de Empleo entre 2002 y 2012 para organizar cursos de formación profesional ocupacional, fue también exonerada de justificar en tiempo y forma los fondos públicos al menos en una ocasión.
En concreto, fue el ex consejero socialista de Empleo Manuel Recio quien el 22 de diciembre de 2010 firmó la resolución que, administrativamente, permitiría a Lebrija Solidaria seguir recibiendo ayudas autonómicas aun sin haber terminado de justificar las anteriores, algo que debió hacer finalmente, por cuanto la fundación no aparece en la relación de los beneficarios de la exoneración masiva rubricada por Antonio Ávila en 2012.
La relación de Lebrija Solidaria con la Junta ha sido tan estrecha como polémica. Recibió ayudas de las antiguas consejerías de Empleo, Educación y Asuntos Sociales que superaron los 371.000 euros. PP, PA e IU han denunciado la «red clientelar» del PSOE con la entidad creada y dirigida, entre otros, por el portavoz adjunto socialista en el Parlamento, José Muñoz.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Si, conforme a la Ley de Subvenciones, el Ejecutivo regional sólo podía recurrir excepcionalmente, a la exoneración de justificación de dichas subvenciones, ¿estamos ante un delito de la propia Administración Autonómica, delito del que habría que acusar, como mínimo, al Consejero correspondiente?

Anónimo dijo...


¿Su vara de medir el caso de los ERE es distinta porque allí gobiernan los socialistas?
Al contrario. A mí el caso de los ERE me produce más repugnancia, incluso, que los demás. Que unos sinvergüenzas -utilizando el dinero destinado a los parados, a las familias y a las empresas- se hayan llenado los bolsillos me repugna el doble, precisamente porque se ha producido en una Administración donde hay una responsabilidad de gobierno sostenida por el PSOE.

Pues algunos denuncian tibieza por parte de Susana Díaz y creen que debería haber apartado a Chaves y Griñán.
De tibieza nada. Susana está siendo implacable. Chaves y Griñán se han prestado voluntarios para ir al Supremo, lo cual es señal de que no tienen nada que ocultar. Insisto en que el caso de los ERE es intolerable: que haya ocurrido, que no se detectara y que fallaran todos los controles.César Luena (La Rioja, 1980) es secretario de Organización del PSOE desde julio.

Anónimo dijo...

El Gobierno andaluz “oculta la verdad sobre el fraude de los ERE y de los cursos de formación, y ha permitido que muchos amigos y familiares se hayan hecho ricos apropiándose del dinero destinado a los más vulnerables”, según Moreno, quien ha asegurado que, en esta cuestión, la actitud del “Gobierno bipartito insulta la inteligencia de los andaluces”.

Anónimo dijo...

La palabra excepcional solo tiene una lectura y además muy clara, se puede o se debe robar. ¡NO!excepcionalmente si, si es para comer, pero en especies, quiero decir alimentos, como lo hacemos para poder robar con impunidad y casi de una manera reglamentaria, convirtiendo las excepciones en
algo habitual, que hayan tenido que contratar a más de 60 personas para revisar los expedientes que nadie revisaba y que nadie obligaba a que fueran revisados con la cantidad de enchufados que hay en la junta y en sus empresas paralelas es algo que clama al cielo. ¿ no tienen funcionarios que fiscalizaran esas subvenciones? tienen que ser contratados que es sinónimo de parcialidad y de sumisión, te dije hace tiempo en este blog que el día que estallase el escándalo de los cursos de formación, los ERES se quedarían en pañales y no me he equivocado todavía queda mucha mierda por salir, de todas maneras tú estarás contenta porque nuestra alcaldesa ha dicho que volverán las subvenciones a los colectivos jerezanos, que ella sabe que eso es una forma de clientelismo, pero las volverá a recoger en los proximos presupuestos pues quedaron sin vigor el año 2.008 hasta nuestros dias y ha llegado la hora de congraciarse y de comprar apoyos, no lo veo de otra manera, de modo que a aprovecharse toca, con lo limpio y lo tranquilazante que sería salir adelante con las cuotas de los socios, pero esta es la democrácia que tenemos por mucho que se hable de regeneración politica y democrática, esto es España y lo llevamos en los genes.
Un saludo cordial.
EL ZORRO.-

tabajete dijo...

a juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha comunicado la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" a los exconsejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Mar Moreno en un auto en el que considera que existen indicios "de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías" en presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.

En un auto dictado el pasado 4 de septiembre pero notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya recuerda que el pasado mes de agosto elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo por lo indicios existentes contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros, entre ellos los mencionados Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos los cuales son aforados.

La magistrada, no obstante, ha acordado continuar con la instrucción de la causa "hasta tanto no resuelva el Tribunal Supremo lo procedente sobre su competencia y atendiendo al tiempo que puede transcurrir hasta dicha decisión", y en ese marco decide comunicar a Zarrías y Moreno la existencia del procedimiento, "en calidad de imputados", a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el contenido de la exposición razonada.

Y es que, según añade la juez, el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que "la admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntos inculpados...", añadiendo que el artículo 118 bis de la misma Ley "obliga a actuar con las mismas cautelas cuando se trate de aforados sin perjuicio de la posible competencia del Tribunal Supremo".

La juez relata que, en la exposición razonada elevada al Supremo, "se exponen indicios que pudieran incriminar a dos aforados a los que por la evolución de la investigación llevada a cabo en este Juzgado de Instrucción no se le comunicó la existencia del procedimiento", lo que sí hizo con el resto de aforados señalados por medio de un auto dictado el 18 de diciembre de 2013. "Nos referimos a Gaspar Zarrías, diputado por la provincia de Jaén, y a María del Mar Moreno, parlamentaria andaluza por la provincia de Almería", dice la magistrada.

Seguidamente, agrega que "siendo la mencionada exposición, actuación procesal en la que se han objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación, y pudiendo el Tribunal Supremo tardar algún tiempo en resolver lo procedente sobre su competencia, resulta procedente comunicar a ambos la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición".

Y ello "por dos razones fundamentales: la primera, porque pudieran resultar en el futuro inculpados por el tribunal superior, y la segunda, para otorgarles expresamente ahora, mediante la presente resolución, 'la facultad de asumir la condición de parte', posibilitándoles el traslado de las actuaciones y la participación en las diligencias que se practiquen, así como la petición de todas aquéllas que consideren convenientes para sus intereses, inclusive las que hayan tenido lugar y guarden relación con ellos".

La juez, por último, libra exhortos al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "para que a través de los mismos se dé cumplimiento a la presente resolución".