La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en
la concesión de subvenciones de la Junta para la realización de cursos
de formación destinados a los desempleados, ha acusado al ex consejero
de Hacienda Ángel Ojeda Avilés de usar "sus influencias en la Junta"
para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más
de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de
Delphi.
Tal y como adelantó este periódico en su edición de
ayer, Alaya se ha colocado a la vanguardia de las investigaciones de los
cursos de formación con la imputación en la causa de Ángel Ojeda,
segundo alto cargo que tendrá que declarar en relación con las
subvenciones públicas dirigidas a la formación de parados tras la
implicación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández.
En el
auto dictado el pasado día 11, la magistrada fundamenta la imputación
de Ángel Ojeda -que ya fue detenido en agosto pasado por otro juzgado de
Cádiz por los mismos hechos que investiga Alaya desde hace más de un
año- en el informe de la dirección general de la Inspección de Trabajo,
que alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado para el
patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo
estatal y para el presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder
ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para
estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.
Dice
Alaya que "en poco más de año y medio" las entidades pertenecientes a
Ojeda, integradas todas en el grupo Prescal, habrían recibido con cargo
al programa 32D del plan para los ex trabajadores de la multinacional
automovilística Delphi la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de
"subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo
ello a través de cinco asociaciones controladas por el ex alto cargo
autonómico: AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas
(Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la
Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad
Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).
Las
ayudas fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de
2009 y habrían sido obtenidas por Ojeda, precisa la magistrada, "gracias
a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos
cargos y contactos".
Como recoge el informe de la Inspección de
Trabajo, Alaya argumenta que pese a que las subvenciones se otorgaban
para la contratación de los antiguos trabajadores de Delphi, además de
la realización de acciones formativas, esa relación laboral fue
"simulada", habiendo presentado tales asociaciones una cuenta
justificativa a la Administración de haber destinado 17.921.250 euros a
pagar salarios y seguros sociales.
El resto se dedicó a
actividades de formación, a través de la subcontratación de otras
empresas de Ojeda, pero Alaya advierte de que esa subcontratación "no
estaba autorizada en la resolución de concesión, ni podía realizarse al
tratarse las citadas asociaciones de entidades docentes y de entidades
vinculadas con las empresas subcontratadas".
La magistrada
apunta asimismo en el acto que la subcontratación se realizaría con la
intención de "canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente
entre diferentes empresas del grupo a fin de ocultar el verdadero
destinatario de los fondos". Las empresas que Alaya cita en el auto
relacionadas con el ex consejero son siete: Prescal S. L., Qualitaire
Consulting S. L., Inspecciones Técnicas Internacionales S. A., Forpe,
Educanet S. L., Agrupación de Ingenierías Aeronaúticas S. L. y
Agrupación de Empresas Aeronáuticas S. L.
La instructora
concluye que los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos
continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, en su
condición de extraneus. Alaya no ha citado aún a declarar a Ángel Ojeda
hasta que reciba la documentación solicitada en la causa, entre la que
se encuentra el atestado realizado por la Brigada Central de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que
propició en agosto pasado la denominada operación Óscar, en la que
fueron detenidas nueve personas, entre ellas el ex consejero de Hacienda
entre 1987 y 1990 en tiempos de Rodríguez de la Borbolla como
presidente del Gobierno andaluz.
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3 comentarios:
Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2014 a las 5:00
angel ojedaUn sistema discrecional e ideado presuntamente para burlar la ley. Ésta es la hipótesis de partida que actualmente se baraja en la investigación judicial de las subvenciones públicas dirigidas a financiar los cursos de formación para los desempleados. La juez Mercedes Alaya, que es la primera que abrió unas diligencias relacionadas con el destino de las ayudas públicas, parte precisamente de estas sospechas, que se centran con especial atención en las ayudas concedidas a los 1.904 ex trabajadores de la multinacional Delphi.
Se trataría de una actuación similar a la que se habría producido, según la hipótesis de la instructora, en el caso de los ERE fraudulentos con las ayudas concedidas para los ex trabajadores de empresas en crisis, donde al amparo de la búsqueda de la paz social se habrían concedido ayudas millonarias a los parados. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que son los que trabajan en coordinación con la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tienen previsto centrar inicialmente las pesquisas en aquellos empresarios que habrían obtenido el mayor volumen de subvecniones públicas, como ocurre con el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y su entramado de empresas relacionadas con la formación.
En el sumario que instruye la juez Alaya, que cuenta con más de 2,5 millones de folios en documentos que están siendo actualmente escaneados, se parte precisamente para establecer la hipótesis delictiva de un informe realizado por la Inspección de Trabajo, que habría alertado del “grave perjuicio” que se ocasionó al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a los desempleados de Delphi incumpliendo la normativa específica prevista para este tipo de subvenciones.
La Inspección de Trabajo critica en ese informe el plan especial de 105 millones que la Junta fijó para estos ex trabajadores y llegan a subrayar la posible “relevancia penal” de los hechos, por cuanto se propició un fraude a la Seguridad puesto que esas ayudas acabaron dirigidas a la “simulación de contratos”.
El fraude consistiría, en unos casos, en el abono de subvenciones por cursos inexistentes, que no se habrían dado a los desempleados, mientras que en otros supondría la simulación de contratos y el abono de percepciones o becas que estarían por encima de lo legalmente establecido, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría las prestaciones por desempleo que ya estarían percibiendo los trabajadores, como en el caso de la multinacional de automoción Delphi.
Se trataba, en definitiva, de crear un sistema de protección privilegiado para estos empleados de la multinacional automovilística y al margen de la Seguridad Social y del resto de los trabajadores.
Alaya ya ha imputado por estos hechos al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández -que también está implicado en la causa de los ERE- y al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quien fue detenido en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero que va a ser investigado por esta misma magistrada.
Alaya, cuya investigación se remonta a las ayudas a la formación concedidas desde el año 2001, yaha cifrado ya en 950 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía destinó en cuatro años a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiaras a justificar el gasto de estas subvenciones. Alayaasegura en el auto en el que imputó a Antonio Fernández que la Junta concedió esos 950 millones -cifra que supera a los 855 millones en que se cifra el fraude de los ERE-entre 2008 y 2011, pero no obligó a las empresas a justificar los gastos, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas en ese periodo. Alaya imputó a Fernández por haber concedido ayudas por importe de 70 millones para la formación de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. La instructora recuerda que, según se desprende de la declaración testifical prestada ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproxiamda de 950 millones “en subvenciones sin justificar”.
En cuanto a la imputación de Antonio Fernández, Alaya la justifica porque, según considera, en el tiempo que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió “con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, “sin convocatoria ni bases reguladoras” y en contra de la ley de Subvenciones y del Real Decreto 395/2007 que regula las ofertas públicas formativas.
La juez argumenta también que el ex consejero habría permitido la “subcontratación” de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido”.
También le atribuye la magistrada haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas “en alternancia con el empleo por importe de 70 millones “, con la intención de que los ex trabajadores de Delphi “pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación”. Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi, donde fueron subcontratadas entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).
Y por último, Alaya dice que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando “resoluciones de exoneración de la justificación” de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.
El Mundo publica:
Otra sociedad vinculada al PSOE que ha sacado tajada de los cursos es Ánfora Formación, cuyo administrador único es Pedro Ramiro Palos Sánchez, quien formó parte de la Fundación Progreso de Andalucía, de la órbita del PSOE y regada también con subvenciones millonarias de la Junta.
Ánfora Formación recibió en tres años -entre 2009 y 2011- 1.090.619 euros en contratos y subvenciones para cursos de formación, según los datos del PP.
Respecto a Análisis y Formación Aplicada, que comparte dirección en internet con Ánfora Formación, su administrador único es Félix Martín Moreno, que fue en la lista que presentó el PSOE a las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003 en el municipio sevillano de Castilleja de Guzmán. Su nombre ocupaba el primer puesto de suplente en la papeleta socialista.
En 2009, 2010 y 2011, Análisis y Formación Aplicada recibió 1.505.332,56 euros de la Junta de Andalucía para formación, que se reparten entre los 518.824,44 euros adjudicados para contratos y los 986.508,13 euros de subvenciones, según detalló el diputado Raynaud.
Este parlamentario del PP echó en cara al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que la Junta hubiera subvencionado con ayudas millonarias a las empresas de ex altos cargos de la Junta y de «dirigentes socialistas vinculados al aparato del partido» y luego los exonerara de justificarlas en plazo.
También le recriminó que la Junta exonerara a sus propias fundaciones, como la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (más conocida como Faffe), la Fundación Audiovisual de Andalucía y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).
«¿Y Lebrija Solidaria, que comparte sede con el PSOE de Lebrija? ¿Y las exoneraciones individuales», interrogó Raynaud del PP al consejero en el Parlamento andaluz.
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