La delegada de Educación en Málaga, Patricia Alba, ha destituido a la
jefa del servicio de Formación para el Empleo, Isabel Almendro, en
plena investigación del caso Edu por el presunto fraude en las
subvenciones de la Junta de Andalucía a las empresas que realizan los
cursos.
La destitución fue anunciada por Almendro a los trabajadores de su departamento y se limitó a indicar que cesaba en sus funciones sin dar otros tipo de explicaciones sobre las causas.
La delegada confirmó ayer en declaraciones a Europa Press que esta destitución se había producido, pero negó que tuviese ninguna relación con el caso Edu
Patricia Alba se limitó a señalar que se trata de una decisión tomada dentro de sus competencias para hacer «mi propio equipo de trabajo».
Alba añadió que «cuando uno entra en una Delegación, hace su equipo», algo que aseguró que ha hecho «tanto en Educación, como en Cultura y Deporte». Agregó que en Formación para el Empleo se ha hecho «cuando se ha estabilizado el traspaso de competencias, que era un proceso complejo».
Cuestionada por si esta decisión tiene relación con el caso del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados en Málaga, la delegada dijo que «no tiene absolutamente nada que ver».
Isabel Almendro ya era jefa del servicio de Formación cuando estas competencias estaban en manos de la Consejería de Empleo. El traspaso de las competencias de esta Consejería a la de Educación, que dirige Luciano Alonso, se aprobó en abril de 2013, y ha pasado un año hasta que la delegada ha decidido, según sus propias palabras, nombrar a un nuevo equipo.
Entre medias ha estallado el caso Edu, que hace referencia a una convocatoria de ayudas con fecha de 15 de diciembre de 2010, una resolución que está siendo investigada ahora por la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En esa fecha, la ahora destituida ya estaba al frente de responsabilidades en materia de Formación de la Junta de Andalucía.
Además de los responsables de las sociedades beneficiadas, la Fiscalía ha solicitado también que se impute a funcionarios y autoridades encargados de la gestión de estos fondos. No obstante, Patricia Alba reiteró que esta destitución es igual «a como he hecho con todos los jefes de servicio».
Por otro lado La VOZ publica lo siguiente;
La destitución fue anunciada por Almendro a los trabajadores de su departamento y se limitó a indicar que cesaba en sus funciones sin dar otros tipo de explicaciones sobre las causas.
La delegada confirmó ayer en declaraciones a Europa Press que esta destitución se había producido, pero negó que tuviese ninguna relación con el caso Edu
Patricia Alba se limitó a señalar que se trata de una decisión tomada dentro de sus competencias para hacer «mi propio equipo de trabajo».
Alba añadió que «cuando uno entra en una Delegación, hace su equipo», algo que aseguró que ha hecho «tanto en Educación, como en Cultura y Deporte». Agregó que en Formación para el Empleo se ha hecho «cuando se ha estabilizado el traspaso de competencias, que era un proceso complejo».
Cuestionada por si esta decisión tiene relación con el caso del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados en Málaga, la delegada dijo que «no tiene absolutamente nada que ver».
Isabel Almendro ya era jefa del servicio de Formación cuando estas competencias estaban en manos de la Consejería de Empleo. El traspaso de las competencias de esta Consejería a la de Educación, que dirige Luciano Alonso, se aprobó en abril de 2013, y ha pasado un año hasta que la delegada ha decidido, según sus propias palabras, nombrar a un nuevo equipo.
Entre medias ha estallado el caso Edu, que hace referencia a una convocatoria de ayudas con fecha de 15 de diciembre de 2010, una resolución que está siendo investigada ahora por la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En esa fecha, la ahora destituida ya estaba al frente de responsabilidades en materia de Formación de la Junta de Andalucía.
Además de los responsables de las sociedades beneficiadas, la Fiscalía ha solicitado también que se impute a funcionarios y autoridades encargados de la gestión de estos fondos. No obstante, Patricia Alba reiteró que esta destitución es igual «a como he hecho con todos los jefes de servicio».
Por otro lado La VOZ publica lo siguiente;
Los agentes de la Guardia Civil que investigan el fraude en
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía sospechan que personal
de la Dirección General de Formación para el Empleo está modificando a
posteriori expedientes de cursos de formación subvencionados por la
administración andaluza para tratar de esconder las irregularidades en
la gestión de estas ayudas. Así se lo han notificado agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) a la titular del juzgado de instrucción
número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien -tal y como publicó ABC hace
dos semanas- asumirá con toda probabilidad la macrocausa del presunto
fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de
Andalucía, un escándalo cuya cuantía económica superará ampliamente al
de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), también instruido por
la citada magistrada sevillana.
Alaya no ha permanecido impasible ante esta denuncia. En un
auto al que ha tenido acceso este periódico, la juez de instrucción
número 6 de Sevilla recoge la acusación de la Guardia Civil de que «hay
destinadas una serie de personas en exclusiva a 'justificar'
expedientes, lo que podría suponer una alteración de su contenido tras
el requerimiento judicial».
Por lo tanto, requiere al director general de Formación
para el Empleo, Carlos Cañavate de León, que «de forma inmediata y sin
dilación alguna» haga entrega a los agentes de la Guardia Civil de
«todos los archivos en formato papel correspondientes a los expedientes
de subvenciones para acciones formativas otorgadas por la citada
dirección general (identificados con el código '98') correspondiente al
periodo 2004-2011».
Asimismo la jueza exige la entrega «inmediata» de una copia
«del aplicativo informático Navex [programa que utiliza la
administración andaluza] en lo que se refiere a los archivos
informáticos que contienen los expedientes anteriormente citados». Este
episodio supone un paso más en los desencuentros entre Alaya y los
cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, la Policía Nacional ya
expresó en Cádiz sus quejas por lo que entendía como una marginación por
parte de la magistrada que, según aseguran, siempre prefiere trabajar
con la Benemérita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario