Escribe Pedro Ingelmo en el Dario :
Jesús es un trabajador gaditano de la construcción de 42 años. Desde que
perdió el empleo en su cuadrilla habitual hace cuatro años no ha parado
de hacer cursos de las actividades más variadas, desde cuidado de
ancianos a manipulación de conservas. Ninguno le ha servido para
encontrar empleo. El único curso que hizo que le dio un empleo duró un
día. Era el curso que daba su propio patrón, el jefe de su cuadrilla en
2009. La tarea de Jesús era acudir al lugar donde se impartía el curso,
firmar y, a continuación, ser contratado por su empresa habitual para
cumplir los objetivos de empleabilidad de los cursos que pedía la Junta, que era la que subvencionaba su empleo.
Diana,
23 años, acudió en 2008 a un curso de peluquería en Málaga. De lo
primero que se enteró era que tenía que comprarse un secador y una
plancha de pelo. En el lugar donde se impartían los cursos había un
cartel, cumpliendo con la normativa, en el que se especificaba el
material aportado por la Junta, incluidos los secadores y planchas de
pelo.
Gralett, una empresa de un concejal socialista de Jerez,
realizaba en 2008 contratos de 24 horas a sus alumnos de cocina, unos
alumnos que, según ellos mismos han narrado, realizaban colectas para
poder comprar los alimentos con los que poder hacer las prácticas.
Trabajar
horas sueltas en lugares muy distantes de las localidades de residencia
con sueldos de 200 euros y, sino, firmar la renuncia ante notario,
firmas que aparecen en los estadillos sin que nadie conozca al
cursillista, cursos celebrados en angostos almacenes sin material alguno
relacionado con el curso, propuestas de trabajo sin cobrar nada a
cambio de estar dado de alta en la Seguridad Social, cursillistas
haciendo trabajos que nada tienen que ver con el curso sin cobrar en
naves carentes de las más mínimas medidas de seguridad, inspectores de
la Junta de estos cursos que nunca aparecen o que no contestan al
teléfono... Las posibilidades son infinitas y todos estos casos están
documentados, con declaraciones de alumnos y monitores, en la Unidad
Central del Departamento de Delitos Económicos y Tecnológicos de la
Guardia Civil, la prueba de cargo contra el sistema de los cursos de
formación que, de un modo u otro, la Junta puso en marcha hace ya veinte
años. El sistema ya estaba bajo sospecha en 2002. Un experto en empleo,
Jorge González Aznar, en su día responsable del Plan Territorial de
Empleo en Cádiz, lo calificó como "una puerta abierta a tramas mafiosas
donde alcaldes, sindicatos y responsables empresariales se apoyan en
centros de formación y academias para financiar estructuras y familias
de determinados partidos políticos". La advertencia de González Aznar
no pareció escucharla nadie o nadie quiso escucharla. Hoy se sabe que el
sistema de formación para desempleados era un agujero por donde se han
podido ir en los últimos doce años una cantidad tres veces superior a la
estimada en el otro gran macroproceso de corrupción en Andalucía, el
del fraude de los ERE, aunque los investigadores prefieren no hablar de
cifras: "Es hablar por hablar. A día de hoy es imposible saber cuántos
cursos subvencionados fueron fraudulentos"
Fiscalías
provinciales, unidades policiales y jueces llevan años mirando de reojo
el descontrol del gran negocio de los cursos de formación para
desempleados, pero en esta nueva fase todo empieza en el verano de 2013,
en el atestado de la Guardia Civil encabezado como diligencia 6.344. Es
el que corresponde a la charla que los investigadores mantienen con
Teodoro Montes en relación a los trabajos de conseguidor que el ex
dirigente ugetista Juan Lanzas realiza dentro de la trama de los ERE
falsos. Montes, responsable del departamento de la Junta que se encarga
de la Formación Profesional Ocupacional, no se calla nada. Y Montes no
es cualquiera. Relaciona a Lanzas con los cursos de formación. También
los consigue. No es el único. El sistema está desbocado, no tiene el más
mínimo control. Habla de 450 cursos fantasma, que él sepa, realizados
por la Faffe (Fundación Andaluza de Formación y Empleo) y de favores al
sindicato UGT. La Guardia Civil informa a la juez Mercedes Alaya de que
acaban de encontrar un hilo del que tirar para llegar a un ovillo. Un
ovillo muy grande.
Las indagaciones iniciales ya revelan el
caos. De los centenares de cursos subvencionados por la Junta entre 2007
y 2012 muchos de ellos no sólo no han sido fiscalizados, sino que, ante
la imposibilidad de controlarlos, Empleo, la Consejería despojada de
esta función en 2012 para entregársela a Educación, se refugió en una
palabra de dudosa percha legal: exoneración. Exoneración significa
alivio, descarga de peso. En el lenguaje de la Junta la exoneración era,
en aras del "interés social", un modo de saltarse su propia ley general
de Hacienda en el artículo 124.1, por el cual ninguna entidad que no
hubiera justificado debidamente la subvención entregada a un curso
anterior podía seguir accediendo a las ayudas. En la práctica ha
supuesto que más de 1.300 cursos se quedaban fuera de cualquier control,
no tenían que justificar nada. Entre 2008 y 2009 esa exoneración
alcanzó a casi todo el mundo. Nadie controlaba nada. Observar el listado
de exonerados, hecho público por la propia Junta, es acceder a
la inmensa cantidad de organismos, entes públicos, ayuntamientos,
sindicatos y asociaciones que encontraban en la formación una fuente de
ingresos.
Por orden de exoneraciones, se observa algunos de
los colaboradores habituales en el mundo de la formación. A la cabeza de
esa dispensa se encuentran tres asociaciones que trabajan con
discapacitados en Córdoba, Sevilla y Cádiz: son Fepamic, Servicios
Integrales de Fincas de Andalucía y Servicios Laborales y Formativos.
Entre las tres, con 70 cursos de formación no sujetos al artículo 124.1,
emplean a casi medio millar de personas con discapacidad física, lo que
parece incluirlos dentro del apartado de interés social. A
continuación, se sitúa la Fundación Forja XXI, vinculada a la Iglesia y
nacida tras la Expo para la formación y empleo de jóvenes en situación
de marginación social y que actualmente está sumida en una profunda
crisis económica. A partir de ahí, son los sindicatos UGT y CCOO, que
han creado a lo largo de estos años auténticas estructuras empresariales
a cambio de mantener el modelo de paz social, los que más exoneraciones
han logrado por parte de la Junta y, a continuación, un interminable
listado de ayuntamientos de todo signo. Las dudas abarcan a todo el arco
político. Los ayuntamientos del PP, por ejemplo, recuerdan en la Junta,
tienen pendientes de justificar más de 250 millones de euros. Los del
PSOE, aunque eso no lo dice la Junta, tienen pendiente casi el doble. De
momento, nadie puede decir que estas entidades cometieran fraude con
los cursos. Tampoco se puede decir lo contrario porque nadie se encargó
de comprobarlo.
Los 64 funcionarios de Elliot Ness, como alguno
bromea en la Consejería de Educación, están desbordados. Cuando Luciano
Alonso, en septiembre de 2013, asumió las competencias de Formación se
encontró con una tarea inmensa y sin personal, pero la orden recibida
era tajante: limpieza. Alonso sintió ese vértigo llamado la soledad del consejero. Le había caído un "marrón".
A
principios de este año, Luciano Alonso recibió el refuerzo solicitado:
los 64 de Elliott Ness. Pues bien, estos 64 funcionarios tienen que
estudiar, uno a uno, como ha dicho el consejero, 8.500 expedientes. Cada
expediente tiene entre 100 y 300 folios. "Consumimos recursos para
corregir errores del pasado que se tendrían que haber resuelto sobre la
marcha. Y sabemos que no se nos puede pasar ni una, pero esto es como la
grasa del coche, si te pasas tiempo sin limpiarla no hay quien la
quite", explica uno de estos trabajadores de Educación que ve que cada
día su mesa tiene una nueva montaña de papeles, una montaña de papeles
que nunca se acaba.
"Han sido cuatro chorizos, o cinco, o
seis, o los que hayan sido -continúan desde la Consejería-, gente que
han creado empresas fantasmas sólo para beneficiarse de mecanismos que
ellos conocían bien y sabiendo que el control era mínimo". La
indignación de los responsables de Educación con la pésima gestión de
Empleo en Formación se comprueba nada más levantar el teléfono. "Un
desastre, ha sido un desastre", como llegó a afirmar a sus colaboradores
Carlos Cañavate, actual responsable de Formación Profesional, al
comprobar el indiscriminado número de exoneraciones que había firmado la
Consejería de Empleo entre 2008 y 2009. Cañavate fue llamado a declarar
por la Guardia Civil y, desde el primer momento dijo que colaboraría.
La conversación empezó con un "por dónde empiezo".
El Viernes de
Dolores la sección de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía entra en
el juego. Desde el Ministerio del Interior se filtra a la prensa que ya
ha empezado la tarea de desmantelar un fraude en los cursos de Formación
en Andalucía que podría suponer miles de millones de euros. En plena
Semana Santa la Guardia Civil observa los pasos de sus compañeros con
estupefacción. ¿A qué se refieren? A la operación EDU, que afecta a unas
cuantas empresas de Málaga creadas exclusivamente para acceder a
subvenciones y luego desaparecer. No hablaríamos de más de 1,7 millones
de euros. En realidad, tanto un cuerpo policial como otro saben que es
la punta del iceberg, pero unos investigadores no saben lo que hacen los
otros porque no existe una línea de acción común y las irregularidades
saltan por todos lados. Hoy es Almería, mañana es Córdoba, pasado es
Cádiz. Desde la Guardia Civil explican lo que sucede: "Actuamos en
escalas diferentes sobre la misma materia. Mientras nosotros
investigamos de arriba a abajo, siguiendo el dinero que sale de la Junta
y hasta donde llega; ellos lo hacen a la inversa, desde las pequeñas
academias hacia arriba".
En Educación también se ven
sorprendidos por la operación. Ya estaban trabajando en la revisión de
expedientes, ya habían recibido la orden de que todo iba a cambiar y un
escándalo de este tipo, "una tormenta en un vaso de agua en comparación
con lo que nosotros teníamos en nuestras mesas", como lo define un
funcionario, vuelve a poner el foco en el descontrol de la Junta sobre
los fondos dedicados a combatir el paro en la comunidad más parada.
Después de dos años sin cursos de formación, con pequeñas empresas que
vivían de esto con el agua al cuello, sin haber recibido los fondos
prometidos pese a haber entregado toda la documentación, Educación ya
redactaba la nueva base reguladora y, entre unas cosas y otras, volvería
a haber cursos de formación a finales de año. Y la frase que más se
escuchaba era "concurrencia competitiva". Quien conoce el mundo de la
Formación en la Junta sabe muy bien que de eso ha habido poco, que los
buenos cursos siempre se los llevaban los mismos. Y es aquí donde salta
el nombre de Ángel Ojeda. El nombre de Ángel Ojeda, tarde o temprano,
tendría que salir.
Ángel Ojeda era visitante asiduo de los
despachos de la Consejería de Empleo. Ex consejero de Hacienda con
Rodríguez de la Borbolla, es el ejemplo palmario de qué es un
cazasubvenciones. Ojeda hizo sus primeros contactos con la
Administración trabajando como responsable de compras en el incipiente
SAS, fue un hombre de confianza de Manuel Olivencia en la Expo 92 y pasó
a la empresa privada hasta asentarse por sí mismo en un sector que él
sabía que sería muy rentable: formar parados. Para ello, creó Prescal,
situada en un polígono de San José de la Rinconada y que se anuncia como
líder en Formación, Aeronáutica, Consultoría, Prevención y Call Center.
De Prescal nace un desplegable de empresas que van a ser las que van a
concursar para quedarse con algunas de las mejores propuestas nacidas de
la Junta en materia de formación ocupacional y, de todas ellas, el
premio gordo: Delphi.
Delphi es la multinacional automovilista
americana que cierra sus puertas en 2007 en Cádiz y deja de un plumazo a
1.600 personas en la calle. En ese mismo momento, mientras la provincia
salía a la calle en manifestaciones lideradas por el obispo y montaba
una huelga general en defensa del empleo industrial, Ojeda estaba a
punto de pasar de ser rico a ser millonario.
Antonio Fernández,
consejero de Empleo, explicaba en una charla informal lo que sucedió
aquellos días de 2007: "Yo soy un soldado. Si mi partido me dice que
antes de unas elecciones no puede haber 1.600 personas en la calle, yo
quito a esas 1.600 personas de la calle". Lo consiguió. ¿Cómo?
Metiéndolos en aulas y pagándoles un sueldo por ir a ellas. Formación.
No podía contar Fernández con que esa tarea de distracción, provisional a
la espera de llegada de empresas que nunca llegaron a sustituir a
Delphi, se iba a volver en su contra: las empresas de la Bahía de Cádiz,
con la llegada de la crisis empezaron a caer en cascada.
Este
no era el problema de Ojeda. El problema de Ojeda, con información de
toda la tajada que iba a salir a concurso a cuenta de estos cursos, era
crear el número suficiente de empresas para quedarse con la mayor parte
del pastel y hacerlo de tal modo que el margen de beneficio fuera mayor.
Aunque ahora en el PSOE todos digan que no conoce a Ojeda de nada, lo
cierto es que el PSOE ha expulsado al militante Ojeda porque pocos en la
cúpula de PSOE en Sevilla desconocían qué es lo que hacía Ojeda: cazar
subvenciones.
El pasado 4 de julio se produce otro movimiento
que denota la falta de coordinación. Mientras la Guardia Civil investiga
a Ojeda, tira del hilo siguiendo la pista del dinero ("de arriba a
abajo"), la Policía Nacional se presenta en el chalé de Ángel Ojeda en
la barriada de La Jara, en Sanlúcar, y pide al juez el registro de las
sedes de sus empresas ("de abajo a arriba"). El ex consejero es llevado
48 horas después ante el juzgado de instrucción 2 de Cádiz. El juez lo
deja en libertad sin fianza y él sale del juzgado proclamándolo. Se
defiende de forma sencilla. Ganó unos cursos y dio los cursos. Que los
cursos fueran un desastre es una mera apreciación. Los cursos se dieron.
Esos cursos, vendidos a la prensa con gran bombo, fueron muy
caros. Empleo puso 33 millones de euros sobre la mesa de Ojeda. Es sólo
una parte de los más de 400 que le ha costado a las arcas públicas la
decisión de Delphi de deslocalizarse. Ojeda, que va a ser imputado por
Alaya antes incluso que los juzgados de Cádiz y Algeciras le cedan el
caso, entregó como proyecto un batiburrillo de materias sin una
organización clara en la dirección de los cursos, muchas veces sin
contar siquiera con los temarios impresos. Ex empleados de muy distinta
formación compartían pupitres para adentrarse en el mundo de la
cartografía o de las bondades turísticas de la provincia, colocaban
paneles solares en un colegio de Puerto Real tutelados por Forja XXI,
firmaban contratos aparentemente laborales con Ojeda o dejaban pasar el
tiempo a la espera de la prejubilación a cambio de 1.600 euros mensuales
mientras Empleo lograba de esta manera sacarlos del listado de
demandantes de empleo, una forma de maquillar cifras. Los ex empleados
de Delphi, de los cuales hoy quedan una muestra, los que no han podido
escapar, en el edificio de los sindicatos de Cádiz esperando con un
larguísimo encierro que se cumplan unas promesas que nunca se van a
cumplir, no entendían nada, pero escuchaban a sus dirigentes sindicales
hablarles de las bondades de esos cursos y de su utilidad. "¿No estáis
cobrando? Pues entonces, ¿de qué os quejáis?", les decían.
Hay
quien piensa que la precipitación en la detención de Ojeda ha
desbaratado toda posibilidad de entender por qué él era el que se
quedaba con la mejor tajada en Formación. La estrategia de su defensa es
dispersar entre diferentes juzgados las causas y evitar que se
centralice en el juzgado de Alaya.
La Guardia Civil está
deseando acabar las diligencias del fraude de los ERE que les consumen
gran cantidad de recursos, para zambullirse en la Formación. "Estamos
ante un mayor volumen de trabajo que con los ERE, aunque examinar esa
documentación será tarea de la Intervención del Estado. Pero ahora
jugamos con una ventaja. Conocemos cómo funcionaban las consejerías, en
qué pasillos se movían las influencias. Sabemos mucho. Los ERE nos han
enseñado el camino", afirma un mando.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Palomo se te ha olvidado hacerte eco de esto de Galvez en el Mundo.
Los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía han sido un negocio redondo para numerosas empresas vinculadas al PSOE y a ex altos cargos de la Administración andaluza.
A las sociedades ya conocidas, entre las que se encuentran la de la esposa del ex número 2 del PSOE andaluz, Rafael Velasco, que se vio forzado a dimitir por este escándalo, o la que administró un integrante de la ejecutiva del PSOE-A que lidera Susana Díaz, se unen ahora otras tres más, como denunció ayer en el pleno del Parlamento andaluz el diputado del PP Jaime Raynaud.
Se trata de Grupo Gálvez Peluqueros de Jerez de la Frontera y las empresas de Sevilla Ánfora Formación y Análisis y Formación Aplicada. Las tres se encuentran en los polémicos listados de entidades exoneradas de justificar en plazo ayudas millonarias que la Junta de Andalucía ha mantenido ocultos y decidió colgarlos en su página en internet después de que EL MUNDO los destapara.
El administrador único y socio de Grupo Gálvez Peluqueros es Antonio Jesús Sánchez Mejías, que fue director del Hospital de Jerez y secretario provincial de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Salud. El otro socio es Antonio Gálvez Barba.
Entre 2003 y 2010, el Grupo Gálvez Peluqueros ha recibido de la Junta de Andalucía 4,4 millones de euros en subvenciones para cursos de formación, talleres de oficios e incentivos para la contratación, según el PP. Entre los años 1999 y 2000, también se embolsó 31 millones de pesetas más en dos subvenciones para formación.
Precisamente esta sociedad fue denunciada en el año 2001 por recibir ayudas millonarias para impartir cursos de formación que nunca se llevaron a cabo. Las subvenciones fluyeron por un presunto tráfico de influencias de Antonio Jesús Sánchez Mejías, en aquellas fechas alto cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, quien habría aprovechado sus contactos en la Administración para recibir los fondos, según la denuncia presentada hace más de una década por Mercedes Romero.
Grupo Gálvez Peluqueros figura en las pesquisas de la juez de Sevilla Mercedes Alaya en el caso ERE sobre 17 empresas de Jerez que recibieron ayudas de la Junta cuando el jerezano Antonio Fernández fue alto cargo en la Consejería de Empleo, entre 1995 y 2010; primero, como viceconsejero y después como consejero, a partir de 2004 y hasta 2010.
En la etapa en Empleo de Antonio Fernández, imputado por los ERE y el fraude de la formación, las 17 sociedades recibieron 63,3 millones de euros y el Grupo Gálvez, 1,1 millones, como ya informó EL MUNDO.
Publicar un comentario