La investigación sobre el presunto fraude de los cursos de
formación para desempleados dependientes de la junta de Andalucía ha
elevado el grado de responsabilidad de la Administración autonómica. Un
nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al
que ha tenido acceso este periódico, habla sin tapujos de
adjudicaciones a dedo y una violación sistemática de la ley de contratos
públicos. Revelaciones que se suman a las denuncias de falta de control
y laxitud por parte del Ejecutivo andaluz que han recalcado los
responsables policiales y que enmarcan dentro de un entramado con
connotaciones políticas e intenciones electoralistas.
Las nuevas conclusiones de los investigadores se sitúan
dentro del llamado «caso Edu» que indaga en las irregularidades
producidas en Málaga -en cada provincia andaluza se ha abierto una
investigación independiente- y profundiza en una trama que deja en mal
lugar la labor fiscalizadora de la Junta de Andalucía.
Al margen de los presuntos ilícitos cometidos por los
empresarios del sector de la formación investigados, el documento
policial -de 140 páginas- dedica un apartado a analizar el papel de la
Administración autonómica y donde se hace hincapié en supuestos
comportamientos sospechosos.
Los agentes señalan que para el acceso a las ayudas
investigadas -correspondientes a la Resolución de diciembre de 2010 de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -
se utilizó la fórmula de «concurrencia competitiva», o lo que es lo
mismo: adjudicaciones «a dedo». Un mecanismo con el que se obviaban los
requisitos legales exigidos previamente para la concesión de dichas
subvenciones.
Esta práctica, aseguran en su informe, no era «excepcional o
puntual» y, a modo de ejemplo, destacan que un «pequeño sondeo» en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) revela cuatro
resoluciones diferentes por las que se conceden seis millones de euros
sólo en la provincia malagueña durante 2010.
Los responsables del caso ponen de relieve, entre las
numerosas situaciones surrealistas que documentan, que algunas
sociedades beneficiarias de las ayudas se constituyen unos meses antes
de publicarse la resolución, cuando tener un bagaje contrastado era uno
de los requisitos fundamentales para obtener la subvención. Algo
detectado con las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, detenido en la
'operación Óscar', una pieza separada del caso que se sigue en la vecina
Málaga.
«Algunas no se dan de alta en la Seguridad Social hasta
pasadas unas semanas de la concesión del dinero, por lo que la solvencia
y experiencia en la formación difícilmente puede ser acreditada si no
se produce una alteración en los documentos o declaraciones», precisan
los policías, que recuerdan que, «incluso en una ocasión, a fecha de las
presentación de las solicitud y de la concesión de la misma, la empresa
figuraba en las bases de la Tesorería General como deudora», afirma el
informe policial.
Falsedad en la adjudicación
Las pesquisas de los expertos de la UDEF van mucho más allá
y no dudan a la hora de hablar de «falsedad en la adjudicación de
contratos», para seguidamente recordar que en aquellos concursos en los
que el trabajo supera los 12.000 euros de dinero público deben concurrir
al menos tres presupuestos.
Durante la investigación se ha comprobado que esta premisa
no solo no se cumplía, si no que en los casos en los que se presentaban
tres sociedades, «las otras dos ofertas o presupuestos eran realizados
por personas o empresas del entorno -o muy próximas- a la que se le
concede la subvención».
Los agentes resaltan que se han llegado a simular contratos
de alquiler entre los propios representantes de la compañía que
finalmente recibe la ayuda para poder facturar dicho gasto.
«De igual modo, se han detectado en esta investigación
graves irregularidades en contratos de prestación de servicio,
subcontrataciones y vinculaciones reguladas expresamente por la
legislación», por lo que los agentes consideran «inexplicable» que
ninguno de los técnicos o superiores haya «detectado, paralizado o
exigido responsabilidades».
Trato de favor
Es en este punto cuando afirman sin tapujos de la posible
existencia de «algún tipo de tráfico de influencias con algún cargo de
la Junta de Andalucía por parte de alguno de los empresarios
beneficiarios» y recuerda las informaciones recabadas en diligencias
anteriores sobre el responsable de Asociación Axárquica de Formación y
Empleo, P.A.V. Este empresario, arrestado en la primera fase de la
investigación, «manifestaba que tenía una gran amistad con el
responsable de adjudicar los cursos de formación» en la Administración
regional. Las sociedades de esta persona, y las de su entorno familiar,
recibieron en el periodo 2009-2012 más de 500.000 euros en ayudas de
este tipo.
Todo este cúmulo de presuntas irregularidades hay que
contextualizarlo con las conclusiones anteriores de los responsables del
caso en las que dibujan una «red clientelar» con presuntas intenciones
políticas.
Dentro del «caso Edu», cuya primera fase se ha saldado con
42 detenidos, en su totalidad vinculados a las empresas de formación, se
investigan los delitos de fraude en la obtención de las subvenciones,
estafa, apropiación indebida, falsedad documental, contra la Seguridad
Social, la Hacienda Pública y «posiblemente» cohecho y malversación de
caudales públicos.
1 comentario:
La figura de las exoneraciones se utilizó durante años en la Administración andaluza. La ley permite que se den ayudas a entidades que no han justificado las subvenciones recibidas con anterioridad. El problema reside en que algo que la norma contempla como extraordinario —cuando concurran “circunstancias de especial interés social”— se acabó utilizando sistemáticamente.
Fuentes de la actual Administración andaluza insisten en que desde que Díaz tomó posesión de su cargo, en septiembre de 2013, las distintas consejerías no han recurrido a esta figura. "Somos la única Administración de España que lo hace. Todos los Gobiernos utilizan las exoneraciones", añaden estas fuentes.
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