Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la
Policía Nacional registraron hace dos semanas y durante trece horas la casa sevillana y
la sede de un grupo de empresas de Ángel Ojeda Avilés, donde
intervinieron diversas cajas con documentación para proceder ahora a su
análisis y estudio. Esta actuación se sumaba a la llevada a cabo aquel miércoles en el chalé que el imputado tiene en Sanlúcar de
Barrameda.
Ojeda, ex consejero andaluz de Hacienda y Planificación entre 1987 y 1990 y principal detenido en la operación Óscar, fue puesto en libertad con cargos a primera hora de la tarde del pasado miércoles tras comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena. Permanecía arrestrado desde el lunes por la mañana.
El primer registro tuvo lugar en su domicilio sevillano de Heliópolis, bajo vigilancia desde el pasado martes y donde Ángel Ojeda esperaba a la Policía Nacional. Fue el propio ex consejero andaluz quien, en torno a las 9.20 horas, le abrió la puerta a los agentes, que permanecieron en el interior de la casa hasta las 13.15 horas.
En esa vivienda próxima al estadio del Real Betis también tienen su sede social varias empresas y asociaciones que recibieron ayudas de la Junta para cursos de formación y que son ahora objeto de investigación por parte de la Udef. Según la información del Registro Mercantil, consta como domicilio de Prescal Consultoría Integral SL, Gilgan SA, Itisa Inspecciones Técnicas Internacionales SA, Inversiones Toespa SL y la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA).
Casi sin solución de continuidad, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y Ángel Ojeda se dirigieron -por separado- hasta la calle Juan Olivert del Parque Tecnológico Aerópolis, concrementamente a un edificio en el que están domiciliadas al menos seis sociedades controladas por el antiguo alto cargo de la Junta durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla como presidente.
Se trata, en concreto, de la sede social de Prescal Prevención SL, Instituto de Riesgos Laborales SL, Soluciones Renovables del Sur SL, Fundación para la Sociedad de la Información (Innova), Fundación de Apoyo a la Integración (Humanitas) y la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe).
Al cierre de esta edición, minutos antes de las 00 horas -límite autorizado por el juez-, los agentes terminaron el registro en la sede de Prescal Prevención. Éste había comenzado minutos antes de las 15 horas.
En los registros se ha intervenido copiosa documentación y diversos ordenadores, según fuentes de la investigación. También se hicieron volcados in situ de información que contenían los discos duros de otras computadoras.
La Udef desplegó la operación Óscar -una ramificación de la operación Edu- entre el lunes y el martes, saldándose con la detención de nueve personas. Sólo dos pasaron a disposición judicial, aunque pesan cargos sobre todos.
Además de a las viviendas y empresas de Ojeda Avilés, el operativo policial también ha incluido hasta el momento el registro de la compañía sevillana Servicios Docentes Profesionales SLU (Serpro), una firma que proveía de profesores a empresas del entramado investigado.
El administrador único de Serpro esJesús Moixes F.G., una de las dos personas detenidas el pasado lunes en Sevilla en el marco de la operación Óscar y antiguo apoderado en empresas controladas por el ex consejero de Hacienda.
De otro lado, todo hace indicar que la Fiscalía de Cádiz solicitará al magistrado López Marchena que se inhiba de esta investigación en favor de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. La también juez del caso de los ERE abrió en abril del pasado año una pieza separada sobre formación tras descubrir que la empresa Planificación Cooperación y Desarrollo (PCD) -para la que trabajó el conseguidor Juan Lanzas- facturó 7,9 millones de euros al sindicato UGT por la prestación de cursos.
La investigación que lleva a cabo la Udef y el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz supone un solapamiento de las pesquisas ya encomendadas por la juez Mercedes Alaya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De hecho, en el auto dictado el pasado 16 de julio por el que imputa al ex consejero Antonio Fernández por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos, la magistrada sevillana detallaba el nombre de algunas de las empresas que integran el conglomerado de Ángel Ojeda como beneficiarias de ayudas de la Junta de Andalucía para la formación de los antiguos trabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real: la Asociación de Empresas Aeronáuticas y las fundaciones Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
En concreto, cinco asociaciones controladas por el ex consejero de Hacienda recibieron más de 21,36 millones -casi la mitad del total de ayudas, 48,4 millones- por parte de la Consejería de Empleo para formar a los afectados por el cerrojazo de la multinacional estadounidense a su factoría gaditana.
Así, la Asociación de Apoyo al Medioambiente (Natura) recibió 4,66 millones; la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), 4,43 millones cada una, mientras que la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas) fue beneficiaria de dos subvenciones excepcionales por 3,39 millones en total.
De los citados 21,36 millones, 14,07 millones los otorgó el 24 de septiembre de 2009 el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández. Los 7,30 millones restantes los otorgó su sucesor en el cargo, Manuel Recio.
Ojeda, ex consejero andaluz de Hacienda y Planificación entre 1987 y 1990 y principal detenido en la operación Óscar, fue puesto en libertad con cargos a primera hora de la tarde del pasado miércoles tras comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena. Permanecía arrestrado desde el lunes por la mañana.
El primer registro tuvo lugar en su domicilio sevillano de Heliópolis, bajo vigilancia desde el pasado martes y donde Ángel Ojeda esperaba a la Policía Nacional. Fue el propio ex consejero andaluz quien, en torno a las 9.20 horas, le abrió la puerta a los agentes, que permanecieron en el interior de la casa hasta las 13.15 horas.
En esa vivienda próxima al estadio del Real Betis también tienen su sede social varias empresas y asociaciones que recibieron ayudas de la Junta para cursos de formación y que son ahora objeto de investigación por parte de la Udef. Según la información del Registro Mercantil, consta como domicilio de Prescal Consultoría Integral SL, Gilgan SA, Itisa Inspecciones Técnicas Internacionales SA, Inversiones Toespa SL y la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA).
Casi sin solución de continuidad, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y Ángel Ojeda se dirigieron -por separado- hasta la calle Juan Olivert del Parque Tecnológico Aerópolis, concrementamente a un edificio en el que están domiciliadas al menos seis sociedades controladas por el antiguo alto cargo de la Junta durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla como presidente.
Se trata, en concreto, de la sede social de Prescal Prevención SL, Instituto de Riesgos Laborales SL, Soluciones Renovables del Sur SL, Fundación para la Sociedad de la Información (Innova), Fundación de Apoyo a la Integración (Humanitas) y la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe).
Al cierre de esta edición, minutos antes de las 00 horas -límite autorizado por el juez-, los agentes terminaron el registro en la sede de Prescal Prevención. Éste había comenzado minutos antes de las 15 horas.
En los registros se ha intervenido copiosa documentación y diversos ordenadores, según fuentes de la investigación. También se hicieron volcados in situ de información que contenían los discos duros de otras computadoras.
La Udef desplegó la operación Óscar -una ramificación de la operación Edu- entre el lunes y el martes, saldándose con la detención de nueve personas. Sólo dos pasaron a disposición judicial, aunque pesan cargos sobre todos.
Además de a las viviendas y empresas de Ojeda Avilés, el operativo policial también ha incluido hasta el momento el registro de la compañía sevillana Servicios Docentes Profesionales SLU (Serpro), una firma que proveía de profesores a empresas del entramado investigado.
El administrador único de Serpro esJesús Moixes F.G., una de las dos personas detenidas el pasado lunes en Sevilla en el marco de la operación Óscar y antiguo apoderado en empresas controladas por el ex consejero de Hacienda.
De otro lado, todo hace indicar que la Fiscalía de Cádiz solicitará al magistrado López Marchena que se inhiba de esta investigación en favor de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. La también juez del caso de los ERE abrió en abril del pasado año una pieza separada sobre formación tras descubrir que la empresa Planificación Cooperación y Desarrollo (PCD) -para la que trabajó el conseguidor Juan Lanzas- facturó 7,9 millones de euros al sindicato UGT por la prestación de cursos.
La investigación que lleva a cabo la Udef y el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz supone un solapamiento de las pesquisas ya encomendadas por la juez Mercedes Alaya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De hecho, en el auto dictado el pasado 16 de julio por el que imputa al ex consejero Antonio Fernández por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos, la magistrada sevillana detallaba el nombre de algunas de las empresas que integran el conglomerado de Ángel Ojeda como beneficiarias de ayudas de la Junta de Andalucía para la formación de los antiguos trabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real: la Asociación de Empresas Aeronáuticas y las fundaciones Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
En concreto, cinco asociaciones controladas por el ex consejero de Hacienda recibieron más de 21,36 millones -casi la mitad del total de ayudas, 48,4 millones- por parte de la Consejería de Empleo para formar a los afectados por el cerrojazo de la multinacional estadounidense a su factoría gaditana.
Así, la Asociación de Apoyo al Medioambiente (Natura) recibió 4,66 millones; la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), 4,43 millones cada una, mientras que la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas) fue beneficiaria de dos subvenciones excepcionales por 3,39 millones en total.
De los citados 21,36 millones, 14,07 millones los otorgó el 24 de septiembre de 2009 el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández. Los 7,30 millones restantes los otorgó su sucesor en el cargo, Manuel Recio.
2 comentarios:
la Policía atribuye al antiguo alto cargo de la Junta, en libertad con cargos tras comparecer el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena.
El juez le atribuye a Ojeda Avilés la comisión de los delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones, apropiación indebida y delitos contra la Administración Pública todavía pendientes de concretar.
La Policía llama la atención sobre el hecho de que, sólo una de las «ONG» creadas «ex profeso» por el antiguo consejero de Hacienda y Planificación para pescar subvenciones públicas, llegó a ser perceptora de «cerca de 7,5 millones de euros».
Según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía, se trata de la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas). Ésta fue una de las entidades del entramado de Ángel Ojeda que recibió ayudas de la Junta para el desarrollo de acciones formativas destinadas a los antiguos trabajadores de la planta gaditana de Delphi tras el cerrojazo de la multinacional estadounidense a su factoría de Puerto Real en julio de 2007.
El 24 de septiembre de 2009, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, dictó una resolución por la que concedía 19.126.032 euros para financiar los programas de formación a la antigua plantilla de Delphi. De esa suma, 14,07 millones fueron para asociaciones controladas por Ojeda y, específicamente, la Asociación Humanitas logró 2.452.572 euros.
Un año y tres meses después, el 16 de diciembre de 2010, el sucesor de Fernández en la Consejería de Empleo -Manuel Recio- firmó otra resolución por la que concedía otros 7.290.861 euros en subvenciones de carácter excepcional para completar la formación de los ex operarios de Delphi. Los fondos se otorgaron íntegramente a asociaciones de Ángel Ojeda, entre ellas Humanitas. En esta ocasión, fue la beneficiaria de 938.751,28 euros.
El resto del reparto fue el siguiente: 1.941.336,16 euros la Asociación de Apoyo al Medioambiente (Natura) y 1.470.257,88 euros -cada una- la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca).
Éstas fueron sólo algunas de las ayudas recibidas por Humanitas, una de las asociaciones citadas también en el auto por el que la juez Mercedes Alaya imputó el pasado 16 de julio al ex consejero Antonio Fernández dentro de la pieza que ella investiga por el fraude en los cursos de formación financiados con fondos públicos.
Se da la circunstancia de que la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas) es la beneficiaria de seis de las subvenciones a la que la Junta -en virtud de una resolución firmada el 11 de diciembre de 2012 por el entonces consejero de Empleo, Antonio Ávila- exoneró de justificar en plazo. El montante de esas ayudas supera los 2,22 millones de euros.
Además de Ángel Ojeda, la Policía Nacional detalló que el resto de detenidos en la operación Óscar son «miembros de los patronatos y juntas directivas de la trama de fundaciones y asociaciones» controladas por el empresario jerezano, así como «un administrador, una técnica de formación y un autorizado Red».
El operativo policial ha incluido cuatro registros -las casas del imputado en Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, la sede de sus empresas en el parque tecnológico Aerópolis y el domicilio de Servicios Docentes Profesionales SLU (Serpro)-, donde los agentes se incautaron de diferentes efectos informáticos relacionados con «la presunta comisión de delitos continuados de fraude en la obtención de subvenciones, así como de falsedad documental».
Esta es la transparencia de la que tanto presume doña Susana y en casos como este es cuando se aprecia la dependencia `politica de IU del PSOE.Se les llena la boca con palabras como democracia,transparencia,libertad,informar al ciudadano……para llegado el momento ,callarse,negarse a comparecer,echar la culpa a otros y hacer que los ciudadanos no sepan de sus fechorias,…. ¿y la prensa?,.
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