martes, 26 de agosto de 2014

Se quieren cargar los consorcios formativos de la Junta? Ahora peligra Baeza.

¿Que es la Red de Consorcios Escuela de la Junta de Andalucía?
Fue creada en 1991 con el objetivo de dar formación profesional ocupacional altamente especializada en sectores de especial importancia para la economía de Andalucía. La red cuenta en la actualidad con 11 centros especializados  en sectores claves como el del mármol en Fines (Almería); la joyería en Córdoba; la madera en Encinas Reales (Córdoba); la artesanía en Gelves (Sevilla); la artesanía y restauración del patrimonio histórico en Granada; la hostelería el turismo y el ocio en Islantilla (Huelva), Cádiz, Málaga, Benalmadena (Málaga), Mijas (Málaga) y Baeza (Jaén).
En Octubre de 2013 la consejería de Educación, recuerdan la asociación de antiguos alumnos, «ya cerró otros tres centros de formación especializada como fueron; el de soldadura y técnicas industriales en San Fernando (Cádiz), y dos Consorcios en actividades emergentes  como el de: medioambiente y desarrollo sostenible en Doñana (Huelva) y el de las tecnologías de la información y la comunicación en el Parque Tecnológico de Málaga». 
Desde su puesta en funcionamiento la red ha cualificado a más de 37.000 alumnos, solo en el curso 2013-2014, han cursado su formación en estos centros, cerca de 2000 desempleado andaluces. La inserción laboral del alumnado es muy elevada, rozando en muchos casos el 90%. Por esta misma razón no se entiende, y así lo señalan en su carta la asociación de alumnos de «La Laguna» que siendo este un instrumento formativo consolidado y valido para los desempleados y para las empresas andaluzas de sectores industriales estratégicos para  Andalucía, «estén en peligro debido a la incapacidad e inoperancia de los actuales responsables políticos de la Junta de Andalucía».

9 comentarios:

Anónimo dijo...

Como dijo Pablo Molina: "Hay sospechas de formación en los cursos de corrupción"

tabajete dijo...

Hasta siete juzgados andaluces investigan ya el caso de las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, con excepción de la provincia de Jaén, en las siete provincias andaluzas restantes ya hay un juzgado de Instrucción en concreto que ha abierto diligencias previas por este supuesto fraude y su posible afección a la provincia en concreto.

Al hilo de ello, las mismas fuentes han precisado que, en el caso de Sevilla, es el Juzgado de Instrucción número 16 --el mismo que investiga, entre otros, el caso Invercaria-- el que ha abierto diligencias por este supuesto fraude en los cursos de formación, diligencias que se encuentran bajo secreto sumarial.

Asimismo, en Málaga es el Juzgado de Instrucción número 8 el encargado de la investigación; mientras que en Almería es Instrucción 4; en Granada, el Juzgado de Instrucción número 1; en Huelva, el número 5; en Cádiz, Instrucción número 3, y, por último, el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.

tabajete dijo...

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva es el encargado de investigar en esta provincia el caso de las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, con excepción de la provincia de Jaén, en las siete provincias andaluzas restantes ya hay un juzgado de Instrucción concreto que ha abierto diligencias previas por este supuesto fraude y su posible afección a cada una de las provincia en concreto.

Al hilo de ello, las mismas fuentes precisaron que, en el caso de Sevilla, es el Juzgado de Instrucción número 16 -el mismo que investiga, entre otros, el caso Invercaria- el que ha abierto diligencias por este supuesto fraude en los cursos de formación, diligencias que se encuentran bajo secreto sumarial. Asimismo, en Málaga es el Juzgado de Instrucción número 8 el encargado de la investigación; mientras que en Almería es el de Instrucción número 4; en Granada, el Juzgado de Instrucción número 1; en Huelva, el ya mencionado número 5; en Cádiz, el de Instrucción número 3 y, por último, el Juzgado de Instrucción número 8 investiga el caso en la provincia de Córdoba. De este modo, ya hay un juez instructor investigando el supuesto fraude en cada una de las provincias andaluzas, con excepción de Jaén, todo ello "de acuerdo con la investigación de la UDEF".

tabajete dijo...

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva es el encargado de investigar en esta provincia el caso de las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, con excepción de la provincia de Jaén, en las siete provincias andaluzas restantes ya hay un juzgado de Instrucción concreto que ha abierto diligencias previas por este supuesto fraude y su posible afección a cada una de las provincia en concreto.

Al hilo de ello, las mismas fuentes precisaron que, en el caso de Sevilla, es el Juzgado de Instrucción número 16 -el mismo que investiga, entre otros, el caso Invercaria- el que ha abierto diligencias por este supuesto fraude en los cursos de formación, diligencias que se encuentran bajo secreto sumarial. Asimismo, en Málaga es el Juzgado de Instrucción número 8 el encargado de la investigación; mientras que en Almería es el de Instrucción número 4; en Granada, el Juzgado de Instrucción número 1; en Huelva, el ya mencionado número 5; en Cádiz, el de Instrucción número 3 y, por último, el Juzgado de Instrucción número 8 investiga el caso en la provincia de Córdoba. De este modo, ya hay un juez instructor investigando el supuesto fraude en cada una de las provincias andaluzas, con excepción de Jaén, todo ello "de acuerdo con la investigación de la UDEF".

Anónimo dijo...



Uno de los fraudes más sonados en los cursos de formación también tiene su origen en Andalucía, donde el sindicato UGT urdió una trama de facturas falsas en la que se desviaban fondos públicos destinados a los desempleados para todo tipo de asuntos. Así, por ejemplo, se pagaban cenas con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla, gastos de movilizaciones o los fastos de un congreso regional, en los que se incluían 700 maletines falsificados.
Otro gran caso es el que llevó a la detención de José Luis Aneri, un empresario que habría cometido un fraude de 4,6 millones en la Comunidad de Madrid, que se elevaría a unos 15 millones en total en toda España. En su caso, el empresario cobraba las subvenciones de la Administración por dar cursos de formación pero en realidad luego no los impartía.

tabajete dijo...



ANDALUCÍA 'Operación Edu'
El galimatías de la formación

Fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía
Buceo, peluquería y gestiones fantasma entre las agraciadas con las ayudas

ANA BRAVO CUIÑAS Madrid
Actualizado: 16/04/2014 18:01 horas
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La Fiscalía Anticorrupción y la Udef vuelven a poner en entredicho la gestión de la ingente cantidad de los fondos de formación. Un sistema complejo, cuestionado por los escándalos y, en última instancia, por su eficacia en un país, España, con 4,7 millones de parados.

¿De dónde proceden los fondos de formación?

Los fondos de la Formación Profesional para el Empleo (FPE) se nutren de tres fuentes. La más importante y cuantiosa es la cuota de Formación Profesional, que supone el 0,7% de la masa salarial y la pagan empresarios (0,6%) y trabajadores (0,1%). Su recaudación se realiza a través de la Seguridad Social. A ella se añaden las ayudas del Fondo Social Europeo y la aportación de las Administraciones Públicas, distribuida por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

¿Cuánto suponen estas aportaciones en conjunto cada año?

La cantidad total de dinero para la formación es una partida que ronda los 2.000 millones de euros anuales. La cantidad ha menguado en los últimos años por los recortes presupuestarios -al disminuir la aportación de la Administración- y por la crisis económica -al aumentar los parados y reducirse, por tanto, la masa salarial y con ella la cuota de Formación-.

¿Son los únicos fondos ahora investigados por la Policía?

No. De hecho, la operación Edu estudia 2.875 millones del Fondo Social Europeo en ayudas a parados del periodo 2007-2013, el 35,6% del total asignado a España. El Estado completó esta cantidad con otros 860 millones de euros.

¿De qué tipo es la formación?

Existen dos categorías. Por un lado, la formación de la oferta o subvencionada, es decir, cursos de formación que se ofrecen de forma gratuita por organizaciones empresariales, sindicales, de economía social, autónomos y centros de formación. Por otro está la formación de la demanda, que hacen las empresas con cargo a la cuota de formación.

¿Quiénes gestionan los fondos?

Se gestiona en el ámbito estatal por el Sepe con la colaboración de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una entidad donde participa el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT, CCOO y CIG. En el ámbito autonómico se encargan los organismos competentes de cada comunidad.

¿De dónde viene el diseño actual?

La estructura y contenido del sistema actual se asienta en el IV Acuerdo Nacional para la Formación Profesional, firmado en 2006 por el Gobierno y los agentes sociales y prorrogado en 2010. Las partes están negociando en la actualidad el V Acuerdo, en el que el Ejecutivo ha planteado ceder protagonismo a las políticas activas de empleo y limitar el papel de patronal y sindicatos en la formación.

Anónimo dijo...

La Junta de Andalucía llega tarde y mal al fraude masivo en los cursos para formación cofinanciados por la Unión Europea, que este miércoles pidió explicaciones a través de su portavoz de Empleo, Emer Traynor. El Gobierno que preside ahora Susana Díaz lleva un año haciendo oídos sordos a unas alarmas que sí activaron la reacción policial y judicial.

La alerta saltó el 20 de marzo de 2013, cuando el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en el fraude de los ERE, deslizó ante la juez Mercedes Alaya que si él «movía» 54 millones de euros al año del fondo de reptiles, «era una parte muy pequeña del presupuesto comparada con la destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, unos 290 millones de euros». La Junta se negó entonces a investigarlo.

Lejos de ponerse a revisar los expedientes de ayudas, lo primero que hizo el Gobierno andaluz fue cambiarlos de sitio. Por decreto ley, el 2 de abril de 2013 se traspasaron las competencias sobre formación profesional desde la Consejería de Empleo a la de Educación, lo que supuso el traslado del soporte documental de todas las subvenciones que investiga la Policía Nacional, mudadas en al menos siete ocasiones durante los últimos tres años.

Apenas habían transcurrido dos semanas desde la declaración del ex director de Trabajo ante Alaya, pero el bipartito de PSOE e IU negaba cualquier relación. «Ustedes de esas palabras del señor Guerrero, ¿interpretan que estaba hablando de irregularidades? Yo no. Lo que dijo es que las cantidades eran diferentes, una mayor y otra menor. ¿Qué tiene que ver eso? El señor Guerrero no ha dicho absolutamente nada. En cualquier caso, el que tenga una sombra de sospecha, que vaya a los tribunales», respondía el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.

Seis días más tarde, EL MUNDO adelantaba que, tras la declaración de Javier Guerrero, la juez Alaya había decidido abrir una pieza secreta que apuntaba a un posible nuevo fondo de reptiles en las ayudas de formación. A las 24 horas, el portavoz de Susana Díaz aseguraba de forma tajante que esos fondos «están perfectamente fiscalizados» y que «se mira por el último euro que se pone al servicio de la formación profesional».

Anónimo dijo...

«Existe un cumplimiento estricto, taxativo de la ley. Y desde luego a día de hoy no vemos ningún criterio para que se pongan bajo sospecha las ayudas de formación», insistió Miguel Ángel Vázquez, que rechazó la petición inmediata del PP de que se auditaran todas las subvenciones otorgadas desde el inicio de la crisis económica para mejorar la cualificación laboral de los desempleados andaluces. «El PP quiere hacer una causa general lanzando rápidamente la piedra en esa estrategia malsana de crispación de la vida política de poner todo bajo sospecha para tapar sus vergüenzas», dijo Vázquez. Al mes siguiente (mayo de 2013), arrancaba la operación Edu de la Policía Nacional.

En verano, este periódico documentó numerosos desvíos de las ayudas de formación cometidos por el sindicato UGT. La reacción de la Junta ante las primeras evidencias fue resaltar que lo desviado era una «pequeña cantidad», como destacó el portavoz Vázquez en rueda de prensa el 31 de julio. Hasta que EL MUNDO no publicó el 25 de agosto la factura de la fiesta nocturna de UGT en su caseta de la Feria de Abril de Sevilla de 2010 con cargo a las ayudas para la negociación colectiva, la Junta no abrió expediente alguno al sindicato que lidera Cándido Méndez. Y a día de hoy, la Consejería de Educación, que dirige el socialista Luciano Alonso, sigue negándose a cifrar el dinero que le ha reclamado a UGT por el desvío de los fondos de formación para parados.

Pero aún hay más. Porque cuando el pasado 30 de enero salió a la luz el demoledor informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los fondos de formación, la reacción de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que encabeza el también socialista José Sánchez Maldonado fue un comunicado en el que se destacaba que «el informe deja claro algunos aspectos», como que «las actividades subvencionadas se han desarrollado correctamente» o que «la práctica totalidad de las actividades de formación que se recogen han sido auditadas por empresas externas y los informes de auditoría en general no muestran ninguna incidencia». En definitiva, el Gobierno Díaz lleva un año quitando hierro a un escándalo de primer orden y muchos dígitos.

tabajete dijo...



LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Las reacciones
La izquierda del PSOE reprocha a Díaz su silencio

Pérez Tapias pide que acuda al Parlamento y asuma las 'responsabilidades políticas'

MANUEL Mª BECERRO
SILVIA MORENO Sevilla
Actualizado: 14/08/2014 10:16 horas
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José Antonio Pérez Tapias, diputado nacional del PSOE y miembro de la corriente interna Izquierda Socialista, advirtió ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que es «ineludible» que acuda al Parlamento autonómico a dar una respuesta política «contundente y clarificadora» sobre el caso del «fraude masivo» de los cursos de formación subvencionados por el Gobierno regional.

«Se debe aprender colectivamente, no caer en errores del pasado como los cometidos en torno al caso ERE, y cubrir déficits democráticos, como es el que supone quedar lejos de una cultura que se toma en serio asumir responsabilidades políticas siempre que sea necesario», advierte Pérez Tapias en un escrito cofirmado en Málaga junto a Miguel Manzanares, coordinador de Izquierda Socialista en el PSOE andaluz.

El que fuera rival de Pedro Sánchez y Eduardo Madina en las primarias del PSOE mostró su «preocupación» ante las noticias sobre el desvío de fondos que debían haber sido destinados íntegramente a la lucha contra el paro, sobre todo porque «aparecen involucrados individuos que fueron altos cargos en la misma Junta», en clara alusión al antiguo consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, imputado desde la semana pasada por haber defraudado presuntamente unos 50 millones de euros.

«Desde Izquierda Socialista, como militantes del PSOE, estimamos absolutamente necesario que ante casos de corrupción como los que ahora de nuevo vuelven a conocerse, se adopten las medidas de regeneración democrática y dignificación de la política que el partido viene proclamando y que tanto Susana Díaz, secretaria general en Andalucía y presidenta de la Junta, como Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se han comprometido a aplicar con el máximo rigor», recuerda Pérez Tapias.

«Además de la colaboración con la Justicia por parte de la Junta de Andalucía, es ineludible una respuesta política contundente y clarificadora, también en sede parlamentaria, ante el caso del fraude masivo de los cursos de formación en Andalucía», subraya el dirigente socialista, quien finaliza su comunicado con un recordatorio: «La ciudadanía no sólo la espera, sino que tiene derecho a ella».