La publicación de la lista de exoneraciones a entidades para poder seguir recibiendo subvenciones publicada esta semana por la Junta de Andalucía
—tras dos años ocultada— deja en evidencia no sólo la enorme cantidad
de ayudas a las que no se le colocó la lupa sino el reguero de millones
de dinero público que fue a parar al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. El que fuera alto cargo socialista ha sido investigado durante meses por la Policía Nacional a cuenta de las presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas obtenidas por sus empresas de cursos de formación,
que montó el tiempo récord y se especializaron en cazar subvenciones.
Hasta 48,5 millones en varios años según los investigadores. Fue
detenido el 4 de agosto junto a otras seis personas por el fraude con
los supuestos cursos financiados.
De ese mínimo de 48,5 millones que obtuvo el exconsejero socialista de las arcas regionales, 18,6 proceden de los 57 expedientes de sus empresas que fueron exoneradas en 2012 de
tener que justificar las ayudas para seguir recibiendo otras. Catorce
de su treintena de sociedades fueron liberadas por el Gobierno andaluz
en esa resolución de hace casi dos años de tener que explicar cómo se
gastaron el dinero, cantidad realmente alta cuyo fin no ha tenido que
explicar el que fuera miembro del ejecutivo autonómico. Esos millones
suponen nada menos que el 38% del total
que, según la Policía, ha recibido de la Junta en forma de subvenciones
para cursos de formación ocupacional que en muchos de los casos han
sido una estafa por no ejecutarse, por inflarse las facturas o por
desviarse hasta el 60% de las cantidades. Más de un tercio del dinero
que recibieron las sociedades de Ojeda se había incluido en la lista de
exoneraciones.
La resolución de la Junta, además, fue adoptada en diciembre de 2012,
cuando ya había denuncias a las empresas de Ojeda por parte de
profesores que habían sido estafados en las contrataciones a cargo de
esas ayudas públicas. La causa judicial contra él, de hecho, arranca oficialmente en junio de 2012 en el Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras después
de la denuncia de una docente que iba a ser contratada y se alertó de
las anomalías que le exponían. Pese a ello, la administración andaluza
incluyó en su listado de exoneraciones seis meses más tarde a esas
catorce entidades vinculadas al exconsejero, que sumaron 57 expedientes,
tal y como aparece reflejado en el documento que colgó el lunes la
Junta en su web.
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