En los registros se ha intervenido copiosa documentación y diversos
ordenadores, según fuentes de la investigación. También se hicieron
volcados in situ de información que contenían los discos duros de otras
computadoras.
La Udef desplegó la operación Óscar -una ramificación de la operación
Edu- entre el lunes y el martes, saldándose con la detención de nueve
personas. Sólo dos pasaron a disposición judicial, aunque pesan cargos
sobre todos.
Además de a las viviendas y empresas de Ojeda Avilés, el operativo
policial también ha incluido hasta el momento el registro de la compañía
sevillana Servicios Docentes Profesionales SLU (Serpro), una firma que
proveía de profesores a empresas del entramado investigado.
El administrador único de Serpro es Jesús Moixes F.G., una de las dos
personas detenidas el pasado lunes en Sevilla en el marco de la
operación Óscar y antiguo apoderado en empresas controladas por el ex
consejero de Hacienda.
De otro lado, todo hace indicar que la Fiscalía de Cádiz solicitará
al magistrado López Marchena que se inhiba de esta investigación en
favor de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes
Alaya. La también juez del caso de los ERE abrió en abril del pasado año
una pieza separada sobre formación tras descubrir que la empresa
Planificación Cooperación y Desarrollo (PCD) -para la que trabajó el
conseguidor Juan Lanzas- facturó 7,9 millones de euros al sindicato UGT
por la prestación de cursos.
La investigación que lleva a cabo la Udef y el Juzgado de Instrucción
2 de Cádiz supone un solapamiento de las pesquisas ya encomendadas por
la juez Mercedes Alaya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil.
De hecho, en el auto dictado el pasado 16 de julio por el que imputa
al ex consejero Antonio Fernández por un delito continuado de
prevaricación y malversación de caudales públicos, la magistrada
sevillana detallaba el nombre de algunas de las empresas que integran el
conglomerado de Ángel Ojeda como beneficiarias de ayudas de la Junta de
Andalucía para la formación de los antiguos trabajadores de la planta
de Delphi en Puerto Real: la Asociación de Empresas Aeronáuticas y las
fundaciones Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
En concreto, cinco asociaciones controladas por el ex consejero de
Hacienda recibieron más de 21,36 millones -casi la mitad del total de
ayudas, 48,4 millones- por parte de la Consejería de Empleo para formar a
los afectados por el cerrojazo de la multinacional estadounidense a su
factoría gaditana.
Así, la Asociación de Apoyo al Medioambiente (Natura) recibió 4,66
millones; la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la
Sociedad de la Información (Innova) y la Asociación para la Calidad
Europea (Inteca), 4,43 millones cada una, mientras que la Asociación de
Apoyo a la Integración (Humanitas) fue beneficiaria de dos subvenciones
excepcionales por 3,39 millones en tota
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