Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detectado que desde la Junta se facturaba presuntamente cursos
por encima de su valor real, de forma que se abonaba con dinero público
una cantidad superior a la que recibía la empresa que los impartía.
Asimismo, algunas de las empresas investigadas cargaban como gastos
imputados a la subvención el pago de facturas de teléfono o luz a través
de un sistema de facturación simulada. Comportamientos en los que
también se enmarcan las declaraciones de los alumnos de un curso cuyo
organizador realizó una barbacoa que «pagaba con dinero de la Junta» y
que fanfarroneaba diciendo que «estos perros me van a pagar lo que
deben» porque «se lo han llevado calentito».
El informe de la citada unidad de la Policía Nacional
analiza cada una de las 17 empresas que se beneficiaron de la Resolución
de diciembre de 2010 de la Dirección de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) que investiga la 'operación Edu' -la cual indaga en
empresas que recibieron subvenciones para formar a trabajadores y
después contratarlos pero no cumplieron con uno o ninguno de los
requisitos y que tienen vinculación con la red de fundaciones tejida por
el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda- refleja que facturas de
teléfono, consumo eléctrico y gas de distintas empresas que al ser
investigadas se comprueba que tienen que tienen la misma dirección y
administrador que una de las academias, el Centro de Formación
Profesional Feijo S.L. «Nos encontramos ante una facturación simulada
para justificar los fondos obtenidos como subvención para formación»,
concluyen los responsables del caso.
Por otra parte, uno de los asistentes al curso «Soldador
de estructuras metálicas ligeras» de esta academia relató que uno de los
responsables presumía de las ayudas que recibía de la Administración
autonómica y que con asiduidad organizaba barbacoas en su domicilio
fanfarroneando afirmaba que «pagaba la Junta». Este alumno, uno de los
más de 250 que ha interrogado la UDEF, recordó que esta persona les
decía que «un amigo suyo estaba relacionado» con el Gobierno andaluz y
que por el curso que él percibía 240.000 euros, la Administración
regional ingresaba 600.000. Hay que recordar que el 80 por ciento de los
fondos para la formación provienen de la Unión Europea. El testigo dijo
que el directivo les contó que «estos perros -en relación a la Junta-
me paguen lo que me deben», porque «ellos se lo han llevado calentito».
Un docente que impartió un curso en la academia A.F.
Salamar S.L., por su parte, testificó a los investigadores que antes de
percibir la última nómina se le ofreció cobrar un sobresueldo de 1.000
euros para justificar algunos gastos, «algo a lo que me negué». Estas
acciones irregulares se tornan en supuestamente delictivas cuando los
agentes comprueban que se han falsificado firmas de profesores y
alumnos, así como listados de asistencia. Este es el caso del Centro de
Formación Gasset S.L. de cuyos administradores los investigadores
señalan que «no aportan en el expediente del SAE la relación de alumnos
que han llevado a cabo el curso». Un hecho que, unido a los resultados
de otras indagaciones, les hace pensar que «no se habría realizado».
Las pesquisas policiales revelan la supuesta comisión de un
delito de falsedad documental y usurpación de estado civil al conocer
el caso de una profesora que rezaba en la documentación como que había
impartido clases en este centro cuando realmente estaba trabajando en
otro. La docente testificó que en «los datos personales, como los de
filiación, titulación y experiencia laboral», pero matizó que ella no
había participado en ese curso. Cuando los agentes le mostraron la
documentación aportada por la sociedad a la Junta, la formadora declara
que «nunca he firmado dicho documento», por lo que la rúbrica «no es
mía», a pesar de que se pareciera. La testigo afirmó que la única
explicación que encontraba era que hubiesen manipulado los papeles
auténticos. Este mismo modus operandi se utilizó con otra docente del
Centro de Formación Profesional Feijo S.L. que envió la documentación
durante el proceso selectivo de tutores. Transcurrido un plazo, no
vuelve a tener noticias de la empresa. Además, cuando supuestamente
estaba impartiendo clases, realmente se encontraba de baja por
maternidad.
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