domingo, 31 de agosto de 2014

Lo sanciona primero y despues le da millones de subvenciones

Los técnicos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía detectaron irregularidades en de las principales empresas del entramado del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido el pasado 4 de agosto por el presunto fraude en los cursos de formación de esta comunidad autónoma.Este hecho, que motivó una sanción de 43.000 euros, no fue óbice para que el Gobierno andaluz dispensara un trato de favor a dicha empresa, incluyendo la concesión de nuevas subvenciones y eximiéndole de la obligación legal de justificar dichas ayudas.
Asi se me ha quedao la cara tras conocer esta noticia:

Según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de julio de 2011, la empresa Prescal Prevención S.L., una de las más importantes del entramado societario del exconsejero Ojeda, fue multada por la propia Consejería de Empleo. Concretamente, la Dirección de Seguridad y Salud Laboral del Ejecutivo andaluz sancionó a Prescal con una multa de 43.032 euros, una sanción calificada como «muy grave» en materia de prevención de riesgos laborales.
Sin embargo, esa sanción impuesta a la empresa no fue óbice para que la citada entidad del entramado del exconsejero andaluz se beneficiara de la adjudicación de cursos de formación. De hecho las empresas de Ojeda, entre ellas Prescal, recibieron al menos 48,5 millones de euros en adjudicaciones de la Junta de Andalucía para realizar los citados cursos, según el informe realizado por la Policía tras desarrollar la «operación Óscar» en la provincia gaditana. Estas concesiones se realizaban desde la misma Consejería de Empleo, que mantenía las competencias en materia de cursos de formación hasta que fueron traspasadas a la Consejería de Educación en el año 2013.
La Junta de Andalucía no solo siguió dando dinero a esta empresa que incumplió la normativa de riesgos laborales, sino que la incluyó entre las agraciadas para ser liberada de la justificación de cuentas a la hora de recibir adjudicación de cursos. Prescal es una de las entidades que fueron exoneradas por el Ejecutivo andaluz de justificar las citadas adjudicaciones. De hecho, la Junta de Andalucía eximió de pasar por este requisito legal a la citada entidad en cinco expedientes que sumaban un total de 463.500 euros. Un dinero que la empresa de Ojeda recibió para realizar cursos de formación, pero que la administración andaluza no tiene constancia de que se hayan realizado ni, en caso de que así fuese, del coste de los mismos.
En total, la Junta exoneró del requisito de la justificación a 57 expedientes de las empresas del entramado de Ángel Ojeda en 2012, por un montante de dinero de 18,6 millones de euros, tal y como reveló ABC.

9 comentarios:

Anónimo dijo...



Para conocer el alcance global de las irregularidades en las ayudas para cursos de formación para el empleo dadas por la Junta a entidades públicas y privadas habrá que esperar hasta diciembre de 2015, al menos, desde el ámbito de la Administración. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha reconocido este martes que su departamento sólo habrá analizado el 30% de los expedientes a finales de 2014. La consejería necesitará más de dos años para completar todo el proceso de revisión de las ayudas, que arrancó en septiembre de 2013. De “una montaña de expedientes” ha hablado Alonso. El último dato ofrecido por la Junta situaba en 8.505 los expedientes de subvenciones a entidades para cursos dados desde 2007.

No exoneraremos ninguna subvención más

Luciano Alonso

Mientras prosigue la revisión, desde la justicia se siguen dando pasos, como la detención del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que recibió ayudas públicas para sus empresas de formación. Alonso ha asegurado que “no hará excepciones ni con Ojeda ni con nadie” y que se reclamará el dinero que las entidades puedan haber recibido indebidamente. Pero Alonso no ha aclarado si al conglomerado de empresas del exconsejero se le ha pedido que reintegre alguna cantidad. El titular de Educación ha vuelto a negarse a dar cifras sobre expedientes que aún no están rematados. Ha argumentado que así se lo han pedido algunas organizaciones, como la Confederación de Empresarios de Andalucía, para no dañar la imagen de las entidades que ofrecían estos cursos.

Su departamento está revisando las ayudas del periodo comprendido entre 2007 y 2011. Del análisis se encargan 62 interinos contratados para ello. Según dijo esta primavera Susana Díaz, presidenta de la Junta, la revisión comenzó en septiembre de 2013. Por lo tanto, el Gobierno andaluz tardará más de dos años en completar este proceso. El Ejecutivo autónomo ha otorgado subvenciones para cursos de formación por valor de 2.326 millones desde 2007. Pero es complicado calcular el montante global del dinero público mal empleado o del fraude. La Consejería de Educación no dará cifras de los fondos que se reclaman a las entidades hasta que estén cerrados los expedientes de reintegro, ha reiterado Alonso.

Sin embargo, hace unos días, la magistrada Mercedes Alaya sostuvo en un auto que la Junta otorgó 950 millones en subvenciones para formación entre 2008 y 2011, que el año pasado estaban “sin justificar” gracias a las exoneraciones que aprobabas por la Administración. Esta figura de la exoneración permitía que las entidades pudieran beneficiarse de nuevas convocatorias de ayudas aunque no hubieran justificado el uso dado a los fondos públicos de ediciones anteriores. La Cámara de Cuentas de Andalucía también ha alertado de la utilización sistemática de la exoneración, un procedimiento excepcional según la legislación. Alonso ha asegurado que este instrumento ya no se utiliza: “No exoneraremos ninguna subvención más”. Una política similar sigue ahora la Consejería de Economía, otra de los departamentos que está revisando expedientes de subvenciones.

Anónimo dijo...
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Anónimo dijo...

El PSOE de Nueva Carteya (Córdoba) subcontrató a UGT parte de su sede para que el sindicato organizase cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. El partido ha llegado a recibir “500 euros mensuales” de UGT, según reconoció ayer a El Confidencial el exalcalde Antonio Ramírez. “Todo es legal y transparente, aquí no hay financiación irregular”, aseguró Ramírez a este diario.

En una carta al director publicada en Diario de Córdoba, Juan Manuel Marín Hinojosa aclara que el espacio no pertenecía al sindicato ugetista, sino al Partido Socialista. “Yo, como militante del PSOE de Nueva Carteya, quiero rectificar la noticia que se publicó el 3 de julio de 2010. La UGT tiene dependencias alquiladas. Que, por cierto, en muchos años que llevamos juntos en la misma sede es la primera vez que se pagan”, explica Marín.

Anónimo dijo...

La UGT de Andalucía capitaneada por Manuel Pastrana creó un software específico diseñado para defraudar. Se trataba del programa contable SPYRO, puesto en funcionamiento desde 2010, que consistía en un “control de las diferencias entre las facturas emitidas por una serie de proveedores y lo verdaderamente servido”, según consta en el sumario del caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla al que ha tenido acceso El Confidencial.
El sindicato justificaba determinados gastos imputables a subvenciones gracias a la emisión de facturas a UGT por parte de proveedores en concepto de servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente. Para poder establecer la diferencia real entre lo facturado y lo servido el departamento de compras estableció el llamado “bote”. “Con este procedimiento se facturaron servicios y bienes recibidos por la organización sindical que no hubieran tenido cabida en las justificaciones de los distintos programas en los que UGT era la beneficiada”, indica un informe de la Guardia Civil.

Este “bote” era gestionado por Federico Fresneda, exsecretario de Administración con Pastrana, y que fue detenido, y María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica, que designaban también los proveedores, “todos ellos de confianza, para justificar las ayudas”. La emisión de las facturas generaba un saldo a favor del sindicato que debía ser “gestionado adecuadamente”. Para ello, se llevaban las hojas de cálculo y a partir de 2010 desarrollaron este software que sustituyó el saldo de proveedores por el de “gestión de botes”.
Federico Fresneda, el que fuera secretario de Administración del sindicato. (Efe)Federico Fresneda, el que fuera secretario de Administración del sindicato. (Efe)

El 100% de los gastos de estructura del sindicato y casi el 100% de los gastos de personal quedaban cargados a distintos programas por los que la organización recibía subvenciones. Era el secretario de Administración quien fijaba los porcentajes. A saber: el 40% de los gastos de mantenimiento de la estructura (agua y luz) y el 40% de los gastos de personal, se cargaban a programas de Formación Ocupacional.

El departamento de Compras era el responsable de recibir las facturas de los proveedores. José Miguel Galdeano, un trabajador del departamento de Administración, declaró ante la Guardia Civil que cuando recibía una factura cuyo concepto no era válido para justificar el gasto la devolvía al departamento de Compras. Esta situación provocó un desajuste entre el departamento de compras y justificación, con el de contabilidad, que condujo a la creación del programa contable SPYRO.

Comisiones de constructores y promotores

Fue Charpín la que trasladó a la empresa que creó el software las indicaciones dadas por los empleados para dar continuidad a los sistemas de financiación descritos en el nuevo programa “por lo que era valedora y conocedora, como responsable del área Económica de la utilización de estos sistemas”, según el informe de la Guardia Civil, que también explica que todos los proveedores que querían trabajar para UGT Andalucía debían entregar a ésta un porcentaje que oscila entre el 3% y el 20% de todo lo servido. Los principales proveedores de confianza fueron las empresas Canon, Viajes Macarena, Asesores de Viajes, Lireco, Publicar, Imprenta Pineda, Lienzo Gráfico, Chavsa, Siosa y Karonte.

La exsecretaria ejecutiva de UGT-A, María Charpín. (Efe)La exsecretaria ejecutiva de UGT-A, María Charpín. (Efe)

Existían otros ingresos muy importantes de comisión, que eran los pagados por constructores o promotores inmobiliarios que trabajan para el sindicato. Estas comisiones no eran controladas desde el departamento de Compras, ya que eran gestionadas directamente por el departamento de Contabilidad que dirigía Francisco Mateos. A principios de 2012, Mateos avisó por correo electrónico a Compras de que un carpintero que trabajaba para UGT llamado José Labrador iba a hacer un ingreso en efectivo.

En sobres de 500 euros

Anónimo dijo...

“Al día siguiente se presentaron Labrador y otra persona llamada Francisco Fuentes Cachinero. Ese día hicieron un ingreso de 16.000 euros en billetes de 500 euros que se correspondía con una factura emitida por el propio Cachinero bajo el concepto de mantenimiento de aulas”, explica el Instituto Armado en el sumario del caso. Las mismas personas se presentaron para realizar otro ingreso metálico de 50.000 euros correspondiente a otra factura emitida por la empresa Construcciones Reina. Estos fondos fueron utilizados, los primeros 16.000, "para pagar las cantidades asignadas a los miembros de la Ejecutiva Regional que alcanzaban los 900 euros".

Se trataban de asignaciones que eran justificadas por todos los miembros de la Ejecutiva, siempre por los mismos kilómetros y las mismas cantidades en comidas y otros gastos. Además, eran posteriormente cargadas a una subvención que, en concepto, de Subvención a Organización Sindical, concedida por la Junta de Andalucía. ¿Qué pasó con los restantes 50.000 euros? Se ingresaron en varios sobres de 2.800 euros cada uno en cuentas bancarias tituladas por UGT-A. De este modo se lograba “evitar que se comunicase al Banco de España el ingreso por el total”.

Leer más: UGT-A creó un programa informático diseñado para pagar ‘mordidas’ - Noticias de Andalucía http://bit.ly/1nbRcR6

Anónimo dijo...

Germán Domínguez, exsecretario de Formación de UGT Andalucía, declaró ante la Guardia Civil que Manuel Pastrana, líder durante 15 años de este sindicato, “lo sabía todo” sobre el procedimiento de las facturas falsas, como ya adelantó El Confidencial. Domínguez, que rompió su silencio el pasado mes de febrero, perteneció al núcleo duro de Pastrana y se arrepiente de no haber denunciado antes cómo se actuaba en la organización social.

El exdirigente sindical –como figura en el sumario del caso que instruye el juez Juan Jesús García Vélez, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla– volvió a repetir lo que ya dijo a este diario el pasado 25 de junio: que Federico Fresneda, tesorero de UGT Andalucía con Manuel Pastrana durante una década, no movía “ni un solo euro de la caja sin la autorización del secretario general”. “Fresneda –indicó Domínguez– es un desgraciado que sólo cumplía órdenes”. El extesorero fue detenido por agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil en el transcurso de la investigación por el fraude en la formación con presuntas facturas falsas para obtener subvenciones.

Según figura en el sumario, al que ha tenido acceso este diario, a través de las declaraciones de trabajadores del sindicato ante la Guardia Civil “se puso en evidencia” cómo entre UGT-A y determinados proveedores se instauró un mecanismo consistente en la generación de un “bote”, cuyo funcionamiento consistía en que, para poder justificar determinados gastos imputables a subvenciones, “estos proveedores de confianza emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente”.
Germán Domínguez, exsecretario de Formación de UGT-A. (A. Rivera)Germán Domínguez, exsecretario de Formación de UGT-A. (A. Rivera)

El sindicato también estableció una serie de descuentos por rappel, de forma que era el propio secretario de Administración, Federico Fresneda, quien se encargaba de fijar los porcentajes a los proveedores, atendiendo a criterios tales como quiénes eran los proveedores o el volumen de facturación. Con este sistema de rappel por ventas, UGT-A recibía de los proveedores, bien fuese por talón o transferencia, la parte correspondiente al descuento por rappel, sin que esta minoración en la facturación se declarase finalmente entre la Administración que adjudicó la subvención, “de forma que se estaba justificando un gasto superior al realmente soportado”.

Así se financiaba

Con estos sistemas, el sindicato se dotó de una vía alternativa de financiación. Quien llevaba el “control total”, como indica la Guardia Civil, no era otro que Fresneda. Las instrucciones que los trabajadores recibían del secretario de Administración era “intentar imputar a los programas la mayor cantidad de gastos”. En un plazo inmediatamente inferior se situaría María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica, también perteneciente a la Ejecutiva Regional de Pastrana.

“Los jueces tarde o temprano actúan, pero tiene que quedar claro que el principal culpable es Pastrana, el responsable, el cerebro de toda esta trama. Yo no sé por qué se han ensañado con trabajadores del sindicato”, resaltó Domínguez tras revelar que, si el juez García Vélez le llamaba a declarar, denunciaría “todo” lo que sabe sobre Pastrana, “un intocable sobre el sigue habiendo un mutismo absoluto. ¿Por qué nadie hablaba mal de Manolo? Como hablaba muy bien y daba lástima por su enfermedad, se miraba para otro lado”.

El exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda aseguró en su declaración como imputado que los exsecretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, que dejó su puesto a Carmen Castilla el pasado mes de enero, "estaban al tanto" del procedimiento del rappel.

tabajete dijo...

l Supremo. La juez Mercedes Alaya ha elevado al Alto Tribunal la causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE falsos, con 201 imputados, y que lleva ya más de tres años de instrucción. Alaya preimputó a Chaves y Griñán el 10 de septiembre de 2013 en un polémico auto judicial. La Audiencia Provincial de Sevilla desestimó este escrito. Y la juez contraatacó en diciembre insistiendo en la preimputación de Chaves y Griñán.

Para confirmar la preimputación, la juez se remitió a las declaraciones del exconsejero de Empleo Antonio Fernández quien destacó que el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tenía que tener “conocimiento del sistema de concesión de ayudas, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno”. Alaya recuerda que Fernández dijo que un consejero nunca actuaba “en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”.

Tal y como publicó El Confidencial el pasado 9 de abril, Alaya burlaba la Constitución y dos leyes (Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal) con la decisión de preimputar a Chaves y Griñán y los exconsejeros aforados. “La preimputación es una figura jurídica desconocida y una actuación sin precedentes ni en España ni en otro país de la Unión Europea”, según declararon a este diario fuentes de un Alto Tribunal tras dejar agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano y con armas la preimputación en el Congreso de los Diputados.

La juez ya había anunciado en autos recientes el "inminente fin" de la instrucción, aunque en ningún momento había dado pistas de una posible fecha. Eso sí, por el momento apenas se ha investigado el 5% de las 401 ayudas bajo sospecha y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

La Fiscalía Anticorrupción ya le había pedido a la magistrada que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas contra Chaves y Griñán, además de cinco exconsejeros aforados y ahora también imputados como José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados. Alaya se niega a trocear la macrocausa judicial que mantiene vinculaciones con la trama de las facturas falsas de UGT e incluso con la estafa de los cursos de formación.

La magistrada llevaba preparando el escrito desde hace varios meses y lo ha terminado ahora justo antes de irse de vacaciones este mes de agosto. Hace apenas unos días el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había solicitado cajas a la Junta de Andalucía para introducir el cuantioso sumario que incluye 180 tomos y más de 300.000 folios.

Anónimo dijo...

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha ampliado la investigación del caso a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2011 y 2012, según un auto notificado este miércoles a las partes y al que ha tenido acceso Europa Press. Hay que destacar que, hasta el momento, la juez investigaba las ayudas concedidas entre los años 1999 y 2010.

De este modo, y "siendo necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012" con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo, la magistrada requiere a la Junta de Andalucía para que, en el plazo de dos días, "remita relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso".

En el mismo auto, la juez imputa en el caso al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón, quien ocupó este último cargo desde abril de 2009, siendo "titular de la Consejería Carmen Martínez Aguayo".

Como secretario general de Hacienda, "estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán", por entonces consejero de Economía y Hacienda, y "le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía".

Según indica la juez, "en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible".

Asimismo, el nuevo imputado "formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste".
José Antonio Griñán (i) y José de Haro (d) en una imagen de archivo (Efe)José Antonio Griñán (i) y José de Haro (d) en una imagen de archivo (Efe)

Concesión de ayudas "al margen del procedimiento legal"
La juez Alaya relata que, en abril de 2009, el imputado fue nombrado viceconsejero de Economía y Hacienda, consejería "cuya titular era Carmen Martínez Aguayo", y en el tiempo que ocupó el cargo "tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010, en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la memoria del citado Presupuesto se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de jubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001".

Según la instructora, lo anterior "determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable".

Anónimo dijo...

La juez cita a declarar al nuevo exalto cargo imputado el próximo día 23 de julio, mismo día que cita a declarar al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas concedidas a Altadis, todo ello después de que su citación prevista para este martes fuera suspendida porque no había recibido la notificación para declarar.

La juez afirma que no consigue localizar a seis imputados

Asimismo, cita a declarar el próximo día 23 de julio a otras dos personas que ya estaban imputadas en la causa, como son Cristina Ruiz Castillo, gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil, a quien cita después de que el informe médico forense realizado haya considerado "que se encuentra capacitado físicamente para declarar ante este Juzgado".
La juez Alaya (Efe)La juez Alaya (Efe)

Por último, la juez da cuenta de que "ha sido imposible localizar los domicilios" de hasta seis imputados que estaban citados a declarar a lo largo de esta semana, "pues se carece de datos de identidad para poder consultar en las bases de datos del padrón de habitantes, bien porque no consta el DNI relativo a los mismos, bien por estar incompleta su identidad".

En consecuencia, libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que "practique diligencias encaminadas a identificar e informar al Juzgado de los domicilios" de la sindicalista de UGT Blanca Uruñuela; del sindicalista de CCOO Antonio Perianes; y de cuatro imputados relacionados con A Novo Comlink, como son el presidente del consejo de administración, Gilbert Weill; el consejero delegado, Carlos Castiñeiras; José F. Pardo Fernández, alto directivo de A-Novo, consejero y representante e "interlocutor" de la empresa con la Consejería de Empleo, y Manuel Jiménez de Miguel, directivo de la empresa.