Empresas que pertenecen a la Asociación de Entidades de
Formación y Empleo de Andalucía (Cecap) están utilizando la vía del
contencioso administrativo contra la Junta para obligar al Gobierno que
preside Susana Díaz, y en concreto a la Consejería de Educación, a que
resuelva los expedientes relativos a los cursos de formación, con un
doble objetivo, demostrar que están justificadas las ayudas y conseguir
el pago de las mismas.
La difusión por parte del Gobierno andaluz de la lista de
entidades a las que se eximió de justificar las subvenciones para cursos
de formación ha provocado la sorpresa de muchas empresas que habían
presentado su documentación en regla y que ni siquiera sabían que se les
había aplicado este trato de favor. En este sentido, algunos
empresarios han asegurado a LA VOZ y ABC que se sentían «utilizados»
por la Junta para justificar una «amnistía» que beneficiaba a otras
entidades.
El presidente de Cecap en la provincia de Sevilla, Fernando
Parejo, definió ayer su opinión tras la polémica suscitada al conocerse
que la Junta había eximido a más de mil entidades de justificar el uso
de las subvenciones para cursos de formación en los últimos años, entre
2009 y 2012, lo que técnicamente se conoce como exoneración. Según
Parejo, la exoneración tenía sentido hasta el año 2012, porque hasta ese
año la Administración «estaba pagando». Entonces, para pagar una
subvención de 2012 tenía que haberse procedido a la liquidación de los
ejercicios anteriores, previa verificación de los datos aportados por
las empresas. Dado que la Junta no llevaba a cabo tales revisiones,
procedía de oficio «a exonerar para poderte pagar el anticipo de la
siguiente subvención». Cecap emitió ayer un comunicado en el que subraya
que las exoneraciones se han utilizado «para tapar la falta de gestión y
diligencia, en formación, de la Junta de Andalucía», al tiempo que
considera que el Gobierno andaluz «falta a la verdad cuando afirma que
los expedientes no están justificados».
En este punto cobra sentido la iniciativa impulsada por
empresas asociadas a Cecap de llevar a la Junta a los Tribunales para
que sea la autoridad judicial la que obligue a la Consejería a constatar
que las empresas de formación han cumplido con todos los requisitos.
Víctimas de una batalla
Cecap lamenta que las empresas de formación «somos el
epicentro de una batalla política interesada y permanente cuya espiral
mediática está afectando dolorosamente a las entidades y a los
desempleados que no pueden formarse para lograr un puesto de trabajo».
En relación con el listado publicado por la Junta de
Andalucía el pasado lunes sobre las exoneraciones, Cecap explica que no
se exonera de la obligación de justificar los gastos a las empresas que
aparecen en la relación.
Por contra, lo que permite es que «ante posteriores
gestiones sobre dichas entidades beneficiarias la falta de resolución
por parte de la Administración no impida que se puedan resolver incluso
expedientes anteriores a ese o bien nuevas resoluciones».
Según Cecap, cualquier miembro del Gobierno andaluz
«mienten intencionadamente si afirman que el problema es de la entidades
de formación y de los beneficiarios, pues ellos mejor que nadie saben
que a la situación actual se ha llegado como consecuencia de la
parálisis administrativa que impide que miles y miles de expedientes
justificados en tiempo y forma aún no estén revisados, resueltos y
liquidados». Algunos de ellos desde el año 2007.
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La patronal de centros de formación de Andalucía CECAP ha cifrado en más de 5.000 los expedientes que tiene actualmente la Junta «sin resolver y liquidar por falta de gestión y liquidez», y ha acusado a la administración de usar las exoneraciones para «tapar la parálisis administrativa».
En un comunicado remitido a los medios de comunicación a raíz de la publicación del listado de las exoneraciones en la justificación de ayudas de los cursos de formación para el empleo concedidas por la Junta en los últimos años, CECAP ha acusado al Ejecutivo andaluz de «faltar a la verdad cuando afirma que los expedientes de los cursos no están justificados».
Según esta patronal, en un «altísimo porcentaje» las más de 1.100 entidades que aparecen en ese listado y, en concreto, los expedientes (unos 3.000), «ya estaban justificados y entregados en tiempo y forma», pero la administración tardaba recurrentemente años y años en revisar y liquidar, por lo que recurrió a la exoneración.
En este sentido, CECAP ha precisado que la Junta no exonera de la obligación de justificar los gastos acometidos por las entidades beneficiarias de fondos de formación incluidas en el citado listado, sino que permite que la falta de resolución administrativa no impida que se puedan resolver nuevas resoluciones o expedientes anteriores.
Por tanto, ha insistido en que la Junta «miente» porque «sabe mejor que nadie que la situación actual ha llegado como consecuencia de la parálisis administrativa, que impide que miles de expedientes justificados en tiempo y forma aún no estén revisados, resueltos y liquidados».
Precisamente, ha denunciado que esta situación ha provocado el cierre de centenares de empresas de formación en los últimos años, el despido de miles de trabajadores y concursos de acreedores y embargos.
CECAP ha censurado que Andalucía sea la única región de España que no ha convocado formación para desempleados en los dos últimos años, y se ha preguntado por el destino de las transferencias millonarias que ha recibido la Junta del Estado para la formación.
También ha criticado al consejero de Educación, Luciano Alonso, por «menospreciar» a las empresas del sector «alimentando un sector público sobredimensionado con empresas públicas y administración paralela».
Por eso, ha expresado su rechazo a cualquier normativa que impida a la empresas privadas participar en la formación para el empleo, y ha reprochado a la Junta que no haya desarrollado la normativa que permite a la iniciativa privada desde hace más de dos años llevar a cabo formación sin financiación pública «como opción ante la falta de oferta formativa gratuita».
Asimismo, CECAP, que representa a más de 300 centros de formación andaluces, ha lamentado el perjuicio que le causa a las empresas de formación convertirse en el «epicentro de una batalla política interesada» y, aunque ha defendido la labor de estas empresas, ha admitido que en numerosos casos se ha podido realizar una mala gestión, llegando a actuaciones delictivas, que condena y solicita que se haga justicia.
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