La investigación interna de la Junta sobre los cursos de FPE: El montante total de esas ayudas asciende a 2.326 millones de euros repartidas en 36.000 cursos de formación.

La denominada operación Óscar obligó ayer al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, a dar de nuevo explicaciones por el escándalo de los cursos de formación, aunque, como ha sucedido en ocasiones anteriores, las incógnitas que dejaron sus palabras volvieron a superar las certezas.

Los periodistas preguntaron insistentemente por la revisión que está realizando la Consejería de las ayudas a la formación, que llevan a cabo 63 personas con dedicación exclusiva sobre los expedientes de las subvenciones concedidas por la Junta entre los años 2007 y 2011. El montante total de esas ayudas asciende a 2.326 millones de euros repartidas en 36.000 cursos de formación.

¿Cuántos expedientes tiene que revisar, cuántos han revisado, en cuántos han detectado irregularidades y qué cantidades han pedido de reintegro? Estas fueron las preguntas. El consejero aseguró al respecto que «los datos los doy solo en el Parlamento», antes de destacar que se están analizando «montañas de expedientes», «uno a uno» . En ese sentido, avanzó que «esperamos que para diciembre de 2014 esté el 30% revisado uno a uno y antes de diciembre de 2015 estén revisados todos».

Repreguntado por si podría dar una estimación o al menos la cifra correspondiente al 30% o lo recuperado hasta la fecha, Alonso insistió en que «en el Parlamento daré la definitiva», por lo que puede deducirse fácilmente de sus palabras que la Junta no revelará el alcance del fraude hasta que tenga todos las ayudas revisadas en diciembre de 2015.

Alonso defendió su silencio en que la CEA le pidió que no revelara el nombre de las empresas a las que habían iniciado procedimientos de reintegro, para evitar hacerles daño, aunque no tuvo ningún inconveniente en afirmar que los ayuntamientos del PP tienen que justificar 275 millones de euros en ayudas.

Tampoco aclaró si la Junta ha reclamado alguna ayuda al exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, detenido en la operación Óscar, cuyas empresas recibieron 48 millones entre 2008 y 2012. Aseguró que «si el señor Ojeda o quien sea es culpable que lo decida la Justicia», con la que «siempre hemos colaborado». Al menos, anunció que el Consejo de Gobierno del 26 de agosto aprobará la nueva ley de formación profesional.