Han empezado por servicios centrales del SAE en sevilla. Ya me veo haciendo lo mismo en provincias. diversos expedientes relativos a cursos de formación profesional para el empleo en dos sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía en Sevilla por requerimiento judicial.
Fuentes de la investigación han señalado a Europa Press de que el precinto de estos documentos ya ha finalizado
y se ha realizado tras recibir un requerimiento judicial por parte de
la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la
investigación que lleva a cabo por las presuntas irregularidades en
relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades.
El precinto de los expedientes se ha llevado a cabo, según las citadas fuentes, de forma «sigilosa y con discreción» en los servicios centrales del SAE en la calle Seday en otra sede de la Avenida de Hytasa, sendas en Sevilla capital. Fuentes cercanas a los hechos han indicado a Europa Press que esta actuación estaba prevista y ya se había avisado a la Junta, dentro de las actuaciones seguidas en la investigación.
Alaya ha considerado, en un auto del pasado 16 de julio en
el que imputaba en esta causa al exconsejero de Empleo de la Junta de
Andalucía Antonio Fernández y lo cita a declarar el próximo día 16 de octubre, que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011.
Esta afirmación la realiza, según esgrime en este auto, a
raíz de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación
para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos
Cañavate, que declaró que «había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar».
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El Partido Popular andaluz considera que las subvenciones supuestamente fraudulentas que fueron otorgadas al entramado de empresas del exconsejero jerezano de Hacienda durante tres años, Ángel Ojeda Avilés, van «más allá de lo dicho por las fuerzas de seguridad» y superarían el montante total de 55,7 millones de euros.
Antonio Sanz, portavoz adjunto del PP en el Parlamento andaluz, aseguró ayer que su partido lleva año y medio investigando este asunto, sobre el que la Junta «ha mirado para otro lado todo este tiempo, pese a conocer lo que ocurría».
Sanz detalló que en el periodo 2008-2009 la Junta habría otorgado de manera supuestamente fraudulenta a Ojeda más de un millón de euros; que habría hecho lo propio con otros 3,5 millones entre 2009 y 2010; y que en 2011 y 2012, las cuantías vinculadas a la formación de los extrabajadores de Delphi habrían alcanzado los 14,5 millones de euros y los 6,8 millones respectivamente.
El representante popular explicó ayer que según sus fuentes, el entramado societario de Ojeda agruparía a más de 50 empresas, en su mayoría ONG y asociaciones sin ánimo de lucro, «que luego se convertían en tapaderas».
Para los populares, la investigación podría ocupar hasta ocho delitos -fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, usurpación de estado civil, delitos contra la Seguridad Social, malversación y prevaricación- y sería necesario investigar cómo algunas de las empresas de Ojeda recibieron subvenciones «incluso antes de que estuvieran dadas de alta».
Según el dirigente del PP, se trata de un «monumental escándalo» que «supera incluso al de los ERE falsos» ya que, entre las operaciones Edu y Oscar, por las que ya se han detenido a 51 personas y existen procedimientos judiciales abiertos en siete de las ocho provincias andaluzas, «se podrían superar los 4.000 millones de euros».
Antonio Sanz también fue ayer sumamente duro con el papel de la presidenta de la Junta en todo este asunto. A Susana Díaz la acusó de «seguir callada y escondida sin dar una sola explicación del robo a los parados que se ha cometido al amparo de la Junta y del PSOE», que a juicio de la oposición «involucra toda la acción de gobierno» de la administración andaluza».
Además, lamentó que «tras un año de gobierno de Díaz, haya más corrupción que cuando llegó, ya que su gobierno ha sido incapaz de acabar con la corrupción, pese a tenerla a la puerta de su despacho».
Para Antonio Sanz, «es una vergüenza que Díaz siga de vacaciones y callada, cuando se ha robado el dinero de los parados andaluces», apuntó.
El presidente del PP de Cádiz también situó en el blanco de su diana al socio de gobierno autonómico de los socialistas, Izquierda Unida, partido al que acusó de ser «una muleta y un aliado útil de la corrupción socialista».
El dirigente popular retó a IU a pedir una comisión de investigación sobre este asunto, «que apoyaríamos sin ninguna duda». No en vano, desde esta formación política se considera que ha llegado la hora «de dar un paso al frente en favor de la transparencia», y de investigar una presunta trama organizada que ha participado «en el 'chiringuito' de las subvenciones», y que terminó convirtiéndose «en todo un 'negociete' económico, familiar y político».
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