lunes, 18 de agosto de 2014

editorial de El Mundo hoy: posible nepotismo en el caso Ojeda.

A MEDIDA que se conocen los detalles de la denominada operación Óscar, pieza desgajada de la investigación del fraude de las ayudas a la formación protagonizada por el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, más compromete este caso a la Junta. Hasta ahora Susana Díaz ha alegado que es un asunto viejo y que el ex dirigente socialista acusado de defraudar 50 millones en subvenciones no tiene ningún peso. Sin embargo, los pormenores del caso refutan estos argumentos.
Tan sólo cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno de José Antonio Griñán adjudicó 18 subvenciones por 5,3 millones de euros a siete asociaciones y fundaciones del entramado creado por Ojeda para captar ayudas públicas. Resulta muy inquietante que la decisión política de conceder estas subvenciones se produjera en un escenario electoral que, según pronosticaban todos los sondeos, hacía presagiar la victoria del PP y un cambio de tornas en Andalucía, después de tres décadas de hegemonía socialista. Además, se desconocía que una de las últimas actuaciones de la Junta antes de los comicios iba a ser la concesión de estas ayudas. Las tres últimas resoluciones no se publicaron en el boletín oficial autonómico hasta el 14 de mayo, pasadas ya las elecciones y pocos días después de que se formalizara el nuevo Gobierno de Griñán.
La sospecha de que el procedimiento estuvo sujeto a una urgencia y opacidad excepcionales se agrava si reparamos en que, increíblemente, el Gobierno andaluz exoneró luego a Ojeda de justificar el uso dado a estos fondos, del mismo modo que le eximió de explicar el destino de otros 11 millones en subvenciones. Y, para colmo, los 18 expedientes fueron firmados el mismo día por la cuñada del beneficiario, Teresa Florido, a la sazón directora general de Formación Profesional para el Empleo. El relato de hechos sugiere tantas irregularidades que no es de extrañar que el PP haya acusado a Florido de favorecer a su cuñado. La ex alto cargo ha presentado una querella, pero no parece descabellado pensar que nos encontramos ante un posible nepotismo que debe ser investigado.
Los expedientes sobre estas ayudas pueden ser técnicamente ajustados a la legalidad, pero no hace falta recordar que Ojeda está imputado -y que ocultó buena parte del dinero captado mediante la compra de una sociedad en Luxemburgo- para que la Junta ofrezca sin dilación una explicación política sobre los elementos más controvertidos de este asunto.
Un proceso electoral no tiene por qué paralizar la acción de un ejecutivo, pero los días inmediatamente anteriores a unos comicios no son las mejores fechas para ponerse a dar dinero público a un ex miembro del Gobierno. Por otro lado, las adjudicaciones concedidas a altos cargos y/o sus familiares deberían estar sujetas a mayores garantías de transparencia y publicidad. Despejar la sombra de la duda es necesario además por cuanto este caso afecta de lleno a la imagen de España en el exterior, ya que el 80% de los fondos obtenidos por el ex consejero provenían de la UE.
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, no puede mirar hacia otro lado ni escudarse en los tiempos de la investigación judicial. Tampoco ya Pedro Sánchez. Ojeda obtuvo de una tacada, y hace tan sólo dos años, el 10% del dinero total presuntamente desviado desde que puso en marcha su trama corrupta.

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