Carlos Marmol opina

Los juzgados de Sevilla han estado a punto de arder por culpa de un fuego inesperado y purificador. Probablemente provocado. Debe ser una señal cósmica de que se avecinan nuevas desgracias. Es una pena. Después de oír a Luciano (Alonso), el consejero encargado de la difícil tarea de dotar de sustento intelectual al peronismo rociero que nos dirige, todo parecía haberse serenado. Ni dudas teníamos ya: el Gobierno andaluz acababa de parir un ratón con forma de anteproyecto de ley para impedir los desmanes (puntuales, por supuesto) que se han producido con el dinero que nos quitan a todos en beneficio de la patria. La culpa, bien lo sabe Dios, no es suya. No. Es de los malandrines infiltrados (sin permiso, obviamente) en las filas del socialismo igualitario andaluz para aprovecharse de su infinita honradez. Se sabe desde hace siglos: no es lo mismo pagar tributos que robar el resultado de los impuestos. No es igual.
Parecía que podíamos estar tranquilos. El problema entraba en vías de solución. La presidenta Díaz había marcado los grandes ejes de la reforma del sistema de los cursos de formación y Luciano ejecutaba la partitura desde el puente de mando en pleno agosto, cuando Sevilla es más Sicilia que nunca. Más que la propia Sicilia, de hecho. No había nada que temer. Alaya seguirá instruyendo sus causas en septiembre. Pero ¿qué nos importa si quien cuenta ahora el Supremo? Los agentes sociales continuarán poniéndose de perfil. No hay que hacerles caso. Y los parados (esto no ha acabado todavía) seguirán pagando de su bolsillo sus propios despidos. Una lástima. En realidad nada iba a cambiar demasiado, pero teníamos una vaga esperanza. Ya no. Después de la escenita del último consejo de gobierno hemos empezado a creer que la tierra es cuadrada y Andalucía una réplica mejorada de Noruega, aunque sin su renta per cápita. Tiene explicación. Nos lo vienen diciendo desde hace treinta años: en el Sur hemos sido durante siglos marginados por el Norte. Nada de lo que nos ocurre es por culpa nuestra. Nosotros somos víctimas. Y los políticos autonómicos son nuestros grandes defensores. Eso es así.
Los indicios, sin embargo, señalan otra cosa. Nos sugieren que algunos, con nombres y apellidos, con cortijos y hoteles en Santo Domingo escondidos tras testaferros, al estilo Pujol, nos han estado afanando mientras pregonaban desde las tribunas el igualitarismo, la memoria histórica y el feminismo. Indudablemente se trata de un simulacro. No puede ser cierto. El nuevo catecismo de San Telmo dice en este punto lo mismo que Juan Belmonte: el mundo empezó ayer. Comenzó con la puesta de largo de la presidenta en las Cinco Llagas, cuando se produjeron hechos extraordinarios y vimos cosas que vosotros no creeríais: naves en llamas más allá de Orión, rayos brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser. Vimos hasta crecer a los enanos para no quedarse en orsai. 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto a Luciano Alonso./CARLOS DÍAZ

Seamos serios: no es verdad que el nuevo sistema para repartir el dinero de la formación arregle nada. El Gobierno dice que impedirá que los fondos sean adjudicados a empresas-fantasma y garantizará la concurrencia competitiva. También nos promete que a partir de ahora (esto ya es de colegio) no se exonerará a nadie de justificar su destino. Todavía hay algo mucho más chusco: piensan a abrir un registro oficial para que las empresas de formación puedan apuntarse en él. Esto último resulta gratuito. No hace falta. El registro ya existe. Está en la calle San Vicente, sede del PSOE, donde Juan Cornejo ejerce de portavoz del Gobierno en detrimento de Miguel Ángel Vázquez. Yo empezaría a preocuparme.
Lo de la concurrencia competitiva y la exoneración son vainas distintas, como dicen en Colombia. Ambas ya existen en la normativa en vigor y, pese a ello, sus reglas han sido obviadas sin problemas por la Junta, que siempre ha justificado la condonación masiva de los fondos públicos amparándose en razones de "interés social". En el caso del ex consejero Ojeda se trataba, en concreto, de una cuestión de interés societario. No es exactamente igual. La milonga de que las empresas cazasubvenciones van a ser vetadas hay que hacérselo mirar. Editorialistas incluidos. ¿Existe en Andalucía alguna empresa que no sea cazasubvenciones? Mientras corran los animales por el bosque, habrá cazadores. Es un refrán vikingo.
El principio de legalidad de un Estado de Derecho consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que dice la ley. Ni un milímetro más. En nuestra república indígena, donde los políticos patrióticos creen encarnar la única democracia posible, hacen lo que quieren y exigen que le demos el beneficio de la duda. ¿No basta con la cartera? No sé qué es peor. Si esta estafa diaria o escuchar a Luciano (Alonso) explicarnos, sin mover un músculo, que el Gobierno andaluz, en realidad, técnicamente hablando, no ha exonerado a nadie. Ni siquiera a su primo. La Junta no exonera, no. Es que no se entera. Se ha vuelto ecuménica, como la iglesia: nos ha tomado a todos por tontos. Sin capirote, por supuesto.