La patronal que representa a las academias y centros privados de formación (Cecap) reclama al Gobierno de la Junta de Andalucía
nada menos que 17 millones de euros correspondientes a las ayudas para
la formación de desempleados otorgadas entre 2009 y 2011 sólo en Málaga y Sevilla,
las dos provincias andaluzas que perciben más volumen de subvenciones
en esta materia cada año, la mayor parte de ellas procedentes de la UE.
Las ayudas impagadas coinciden en el tiempo con el periodo que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional en la llamada operación Edu. En algunos casos, los impagos han forzado a los empresarios a plantear demandas ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
En Málaga, la provincia en la que ha arrancado la investigación de la Policía sobre el fraude en las ayudas para la formación de parados en Andalucía, la cantidad adeudada por la Junta a los empresarios dedicados a la formación se aproxima a los ocho millones de euros. Así lo indicó ayer Beatriz Barbeyto, la presidenta de la entidad que aglutina a las academias privadas, Acepma, que agregó que este dinero se refiere únicamente a las convocatorias de subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011.
Mientras tanto, en la provincia de Sevilla, la Cecap calcula que la Junta aún debe pagar unos nueve millones de las ayudas concedidas en los ejercicios de 2010 y 2011.
«Muchas empresas están cerrando porque no aguantan», relató Barbeyto, que concretó que desde finales de 2012 a 2013 cerraron media decena de empresas por los impagos de la Junta. Algunos de los propietarios de las academias o centros dedicados a la formación vieron incluso cómo les embargaban sus bienes o viviendas, que habían empleado en avalar las naves o instalaciones de sus empresas.
Las reclamaciones de las ayudas otorgadas y no abonadas por la Junta deben formalizarse de manera individual, ya que fue individualmente como se solicitaron y se adjudicaron. Por ello, son varios los empresarios que han planteado de forma particular su correspondiente reclamación administrativa, que más tarde se ha transformado, en muchos casos, en una demanda ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo. En los de Málaga son ya al menos cinco los pleitos pendientes en este sentido, en los que, además, los perjudicados reclaman los intereses de demora.
En Sevilla, junto a las demandas individuales ya planteadas la patronal prepara otra colectiva a la que van a sumarse otras asociaciones empresariales. En uno de los casos, el juzgado ha fallado ya, pidiendo al empresario reformular su demanda, presentada antes de que se hiciera la liquidación de las ayudas.
El bufete de abogados Martínez Echevarría se ha hecho cargo del asesoramiento legal de los perjudicados en Málaga, a los que ha orientado para que reclamen además los daños y perjuicios ocasionados por los impagos de la Administración andaluza. Y es que a finales de 2013, y tras años esperando cobrar, algunos empresarios han llegado a hipotecar sus viviendas para pagar los gastos a los que habían hecho frente en solitario, según la presidenta de Acepma-Cecap. En Sevilla, mientras tanto, los afectados se reunirán el próximo martes para escoger el despacho jurídico que representará sus intereses.
Las políticas de formación para desempleados fueron transferidas en mayo de 2013 desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, donde dependían del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a la Consejería de Educación. Un traspaso de competencias que ha enredado aún más el devenir de las ayudas públicas concedidas desde el Ejecutivo andaluz. Las convocatorias de subvenciones, de hecho, han quedado paralizadas en 2012 y 2013, lo que ha asfixiado aún más a los empresarios dedicados a la formación de desempleados.
Muchos de los últimos cursos que sí fueron adjudicados aún no se han impartido porque la Junta no ha abonado el dinero necesario para ello, como sucede con 576 cursos de 2011 pendientes en la provincia de Sevilla, que deberían haber tenido lugar en 2012. Una gran parte de esos cursos, de 800 horas cada uno y seis meses de duración, tenían compromiso de contratación de la mayor parte de sus alumnos.
La patronal ha mantenido encuentros con los delegados de Educación de la Junta en Sevilla y Málaga para que desbloqueen cuanto antes los pagos atrasados.
Las ayudas impagadas coinciden en el tiempo con el periodo que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional en la llamada operación Edu. En algunos casos, los impagos han forzado a los empresarios a plantear demandas ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
En Málaga, la provincia en la que ha arrancado la investigación de la Policía sobre el fraude en las ayudas para la formación de parados en Andalucía, la cantidad adeudada por la Junta a los empresarios dedicados a la formación se aproxima a los ocho millones de euros. Así lo indicó ayer Beatriz Barbeyto, la presidenta de la entidad que aglutina a las academias privadas, Acepma, que agregó que este dinero se refiere únicamente a las convocatorias de subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011.
Mientras tanto, en la provincia de Sevilla, la Cecap calcula que la Junta aún debe pagar unos nueve millones de las ayudas concedidas en los ejercicios de 2010 y 2011.
«Muchas empresas están cerrando porque no aguantan», relató Barbeyto, que concretó que desde finales de 2012 a 2013 cerraron media decena de empresas por los impagos de la Junta. Algunos de los propietarios de las academias o centros dedicados a la formación vieron incluso cómo les embargaban sus bienes o viviendas, que habían empleado en avalar las naves o instalaciones de sus empresas.
Las reclamaciones de las ayudas otorgadas y no abonadas por la Junta deben formalizarse de manera individual, ya que fue individualmente como se solicitaron y se adjudicaron. Por ello, son varios los empresarios que han planteado de forma particular su correspondiente reclamación administrativa, que más tarde se ha transformado, en muchos casos, en una demanda ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo. En los de Málaga son ya al menos cinco los pleitos pendientes en este sentido, en los que, además, los perjudicados reclaman los intereses de demora.
En Sevilla, junto a las demandas individuales ya planteadas la patronal prepara otra colectiva a la que van a sumarse otras asociaciones empresariales. En uno de los casos, el juzgado ha fallado ya, pidiendo al empresario reformular su demanda, presentada antes de que se hiciera la liquidación de las ayudas.
El bufete de abogados Martínez Echevarría se ha hecho cargo del asesoramiento legal de los perjudicados en Málaga, a los que ha orientado para que reclamen además los daños y perjuicios ocasionados por los impagos de la Administración andaluza. Y es que a finales de 2013, y tras años esperando cobrar, algunos empresarios han llegado a hipotecar sus viviendas para pagar los gastos a los que habían hecho frente en solitario, según la presidenta de Acepma-Cecap. En Sevilla, mientras tanto, los afectados se reunirán el próximo martes para escoger el despacho jurídico que representará sus intereses.
Las políticas de formación para desempleados fueron transferidas en mayo de 2013 desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, donde dependían del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a la Consejería de Educación. Un traspaso de competencias que ha enredado aún más el devenir de las ayudas públicas concedidas desde el Ejecutivo andaluz. Las convocatorias de subvenciones, de hecho, han quedado paralizadas en 2012 y 2013, lo que ha asfixiado aún más a los empresarios dedicados a la formación de desempleados.
Muchos de los últimos cursos que sí fueron adjudicados aún no se han impartido porque la Junta no ha abonado el dinero necesario para ello, como sucede con 576 cursos de 2011 pendientes en la provincia de Sevilla, que deberían haber tenido lugar en 2012. Una gran parte de esos cursos, de 800 horas cada uno y seis meses de duración, tenían compromiso de contratación de la mayor parte de sus alumnos.
La patronal ha mantenido encuentros con los delegados de Educación de la Junta en Sevilla y Málaga para que desbloqueen cuanto antes los pagos atrasados.
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